lunes, 3 de agosto de 2015

¡Gran ejemplo nos dan los trabajadores de la Salud! #Noticiasconelbote


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A mi hija la hicieron pasar por delincuente para cubrir a los militares asesinos; Cienfuegos debe renunciar

Por:  / 3 agosto, 2015
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(03 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Yo me sumaría a las voces que piden la renuncia inmediata del General Salvador Cienfuegos, porque ha quedado demostrado que no tiene control sobre su ejército, este hombre ha sido rebasado por sus propios elementos”, afirma el licenciado Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).
La anterior es la conclusión a la que llega Ramos Vázquez, derivado de la nula investigación y por lo tanto la ausencia resultados por parte de las autoridades, en el caso de Diana Calderón Bravo, joven a quien militares dispararon y dieron muerte, hecho dado a conocer en Revolución TRESPUNTOCERO.
“En el ejército los malos elementos son los que atentan contra la población, los que le causa sufrimiento y violan las leyes; lamentablemente a ellos se les reconoce, condecora y se les otorga impunidad desde la Presidencia de la República, esa es nuestra conclusión después de analizar el hecho que pueden matar, violar y desaparecer, sin ser castigados conforme a derecho, en un país de leyes”, puntualiza el licenciado.
Sobre la problemática, María Guadalupe Bravo, madre de Diana, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, “en el caso de mi hija no ha pasado nada, yo sigo esperando respuestas de las autoridades y un acercamiento por su parte, sin embargo ha sido  todo lo contrario, me enteré que se llevaría a cabo una reconstrucción de los hechos, pero no me notificaron nada, sino que yo tuve que hacer mi propia investigación para obtener ese dato, fue tres semanas después del asesinato de Diana, pero las autoridades no llegaron en la hora y día indicados, nos dejaron plantados, repitiéndose esta situación tres veces más, finalmente no se llevó a cabo dicha acción, y tampoco me dieron ninguna explicación”.
Guadalupe Bravo asegura que “eran los militares que le dispararon a mi hija Diana, eran quienes debían estar de forma puntual en aquella reconstrucción, pero como era de esperarse ninguno de ellos se presentó. Los días y las semanas se convirtieron en meses y siguen sin decirme nada nuevo, tampoco he recibido ningún documento por parte de las autoridades competentes en el caso, esto puede ser porque mi denuncia es directamente en contra del ejército, para que se les investigue, principalmente porque ellos no se han presentado, ni pronunciado en cuanto al caso”.
Bravo agrega que ni SEDENA, ni PGR han otorgado alguna certeza que la investigación del caso se está llevando a cabo, y lo constata al verificar que al lugar de los hechos, ninguna autoridad se ha presentando nuevamente, tampoco se han hecho pesquisas de lo sucedido, “y mucho menos se han llamado a declarar a testigos, en estos meses no hubo una reconstrucción de los hechos; ellos mienten cuando afirman que fue enfrentamiento, de ser así tendrían las pruebas suficientes para demostrarlo y lo hubieran hecho desde un primer momento, tal vez desde la primer semana”.
“Toda está quietud y calma indican que ellos, el ejército, fueron los asesinos, ellos actuaron como asesinos, ya debieron de haber enviado un oficio en el que me demostraban su verdad sobre el caso, ese silencio aunado a la no presentación de pruebas me demuestran a mí la existencia de impunidad dentro de las fuerzas armadas, pues son los propios mandos los encubren”, sentencia Guadalupe Bravo.
Ella asegura que una de las pruebas que confirma lo anterior, es el hecho que las cámaras de seguridad que se encontraban en el lugar donde se dieron los hechos fueron ‘cortadas’, cuando debieron ser una de las principales pruebas, “finalmente si ellos decían la verdad, los aparatos darían cuenta que Diana había disparad, como ellos lo menciona”.
“Las cámaras encuentran dentro de un espacio de terreno del ferrocarril, grabaron todo lo que pasó, pero no han dado a conocer los contenidos del vídeo, saben que ellos incurrieron en un delito y mienten al decir que Diana tuvo algo que ver con los disparos o que se encontraba de lado de algún grupo armado. Si ellos tuvieran de su parte la verdad este caso ya hubiera sido esclarecido, sin embargo, ellos incurrieron en muchos delitos, por eso están retrasando el caso”, comenta Bravo.
La madre de Diana, hace meses, cuando la muerte de la joven tenían a penas días de perpetrada, aseguró a este medio que a Enrique Peña Nieto le pediría que “el caso de mi hija fuera esclarecido y se castigara a los verdaderos culpables”, sin embargo esto no sucedió y a meses del suceso, ella sigue esperando justicia y reitera, “a Peña Nieto no le pido otra cosa que no sea la realidad de los hechos, que acepten y den a conocer que el ejército asesinó a personas inocentes…
Éste tipo de violencia se perpetra en todo México y más que ayudar el ejército mexicano está empeorando la situación, porque éste no fue creado para actuar como lo hace en estos momentos, su preparación es para otro tipo de enfrentamientos, nunca para atacar a la misma ciudadanía, como ellos lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo”.
Guadalupe Bravo puntualiza, “a Peña Nieto le diría también que yo no veo el caso de mi hija como un caso aislado, esto se está viviendo en todo el territorio mexicano, él está creando una situación difícil y peligrosa para nosotros los ciudadanos. Porque el ejército está usando su poder para matar a civiles inocentes, a quienes se supone deben de cuidar…
Recientemente han entrevistado al General Cienfuegos y él ha dicho que no va a tolerar este tipo de situaciones y entonces yo me pregunto cómo es posible que se atreva a decir eso, cuando yo llevo meses con el caso de mi hija, a quien hicieron pasa por delincuente, solamente para cubrir a unos asesinos, porque esos son los militares, son unos asesinos”.
Por su parte el Presidente del CDHNL, reitera que “a los elementos se les brinda una carta de impunidad, lejos de presentarlos con las autoridades civiles y procesarlos, como a cualquier otro mexicano, como ejemplo tenemos el caso de Diana y Ricardo (joven a quien el ejército también disparó, caso presentado por Revolución TRESPUNTOCERO), además de otros 13 sucesos perpetrados por las fuerzas armadas, sucede aquí en Nuevo Laredo, en Tamaulipas y en todo el país, no estoy hablando solamente para inculpar y mucho menos sin pruebas, estoy hablando en nombre de las víctimas y de sus familiares que no encuentran justicia en este país”.
Ramos Vázquez afirma que a los malos elementos del ejército no solamente no se les castiga, “incluso se les  encubre, en el caso Diana no estamos hablando de responsabilidad solamente para los militares que acataron la orden de matar y luego investigar, sino los que la dieron, es decir los mandos superiores, estamos hablando de oficiales y Generales, todos ellos tienen responsabilidad de una u otra manera; por lo anterior las fuerzas armadas no deben sentirse ‘ofendidas’ cuántos representantes de derechos humanos o instancias  internacionales cuestionan la impunidad que existe dentro de éstas”.
El licenciado asegura que tanto la PGR, como el Ministerio Público, son instituciones que están hechas para proteger los intereses de las Fuerzas Armadas, para encubrir a los militares que comete este tipo de crímenes de lesa humanidad, es así por lo cual no hay ni un solo militar consignado en Tamaulipas por ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura y tampoco por violación sexual, tomando en cuenta que los últimos tres años existen alrededor de 240 averiguaciones en todo el estado por estos tres últimos delitos.
“Esta es la situación real de este país y si a eso le agregamos el silencio cómplice del gobierno de la República, la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, nos damos cuenta que estamos en un momento de gran crisis en materia de derechos humanos”, sentencia Ramos Vázquez.
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Las ZODES de Mancera promueven la privatización de extensos terrenos del DF; buscan beneficiar a privados

Por:  / 3 agosto, 2015
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(03 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Paulo César Martínez López, asambleísta electo por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el distrito VII de la delegación Gustavo A. Madero, alertó que el programa Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES), que impulsa el Gobierno del Distrito Federal (GDF), encabezado por Miguel Ángel Mancera, tiene por objetivo privatizar externos terrenos de la capital para beneficio de empresas privadas.
La propuesta, a cardo de Simón Levy, titular del organismo Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo de la Ciudad de México, tiene prevista la implementación del programa en cinco proyectos: la Ciudad de la Salud, que pretende ubicarse en la zona de hospitales de Tlalpan; la Ciudad del Futuro, prevista para Coyoacán; el Corredor Cultural Creativo de la zona de Chapultepec; Ciudad Administrativa y Judicial, en la colonia Doctores, y la Agrociudad.
El llamado Plan Maestro, “habla de privatizar algunos Centros de Transferencia Modal (Cetram); en la Ley de Movilidad que impulsó Laura Ballesteros, se señalaba la participación de Uber y Cabifi, además de hacer de la movilidad un derecho y este sería el paso previo para comenzar un proceso para limitar las manifestaciones y las marchas”, declaró Martínez, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO y apuntó que de registrarse dicha privatización, afectaría a concesionarios y a la población en general, resultando benéfica únicamente para los empresarios y políticos que la impulsan.
La idea de Ballesteros –exasambleista que se afilió al Partido Acción Nacional (PAN) y luego fue destituida como vicecoordinadora de la bancada auriazul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por Federico Döring, renunció a dicho partido para ser la abanderada de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo- era consagrar el derecho a la movilidad, para que quedara al mismo nivel que el derecho a la manifestación. Recientemente, la expanista fue llamada para quedar al frente del Nuevo Modelo de Movilidad, instancia creada especialmente, por el GDF, para ella.
“El motivo por el que se rechazó la iniciativa y por el que se ingresó un recurso de inconstitucionalidad, es porque se afectan otros derechos; para no politizar el tema, los legisladores que impulsaron la propuesta, hablaron de que iban a especificar que la movilidad fuera considerada un derecho y una vez así, atacar el asunto de las movilizaciones”, detalló el asambleísta electo de Morena.
Agregó que la bancada de Regeneración Nacional que en pocas semanas rendirá protesta para sumir sus nuevos encargos en la Asamblea Legislativa, está en contra de la implementación de las ZODES, porque consideran que su realización no traerá beneficios urbanísticos a la ciudadanía; sino que va encaminado a privatizar espacios y “esto llevaría a que las inmobiliarias tuvieran el control total de grandes extensiones de terrenos”.
“El asunto de la movilidad va ligado con el transporte, coincidimos con Mancera en que no debe haber aumento a los impuestos ni en las tarifas de transporte, lo que está pasando en la ciudad con Uber y Cabifi es un reflejo de lo que queremos evitar, que a grandes transnacionales se les permita operar, aunque afecten a los concesionarios del transporte”, añadió el asambleísta.
Recordó que los transportistas concesionarios están obligados, por ley, a cumplir con muchos requisitos para poder operar; sin embargo, a las nuevas compañías no se les exigió ningún tipo de requisito hasta que comenzaron las movilizaciones en su contra, fue entonces cuando las autoridades capitalinas señalaron algunos requisitos mínimos para su operación.
Martínez López señaló que el tema prioritario que impulsará Morena a través de su gestión en la ALDF, será privilegiar la inversión en la Red de Transporte Público (RTP) de la ciudad para mejorar el servicio que se ofrece, además de “revisar dónde se están fugando los recursos y redireccionar el gasto al servicio de RTP y al sistema de transporte eléctrico”.

Serrano sigue operando, de facto
Sobre la permanencia de Héctor Serrano, exsecretario de Gobierno, en el equipo de Miguel Ángel Mancera, el legislador electo subrayó que “seguimos firmes en la demanda de que Serrano quede fuera del gabinete del GDF, por su flagrante intervención en el proceso del siete de junio…Serrano tiene que estar fuera para dar muestras a la ciudadanía de que realmente se están dando pasos hacia la democracia y la pluralidad”.
Paulo César Martínez declaró a Revolución TRESPUNTOCERO, que “el hecho de haberlo movido, no excluye a la estructura que él asignó; la nueva Secretaria de Gobierno sigue teniendo a todos los operadores de Serrano que participaron en los fraudes que se suscitaron. De facto, sigue operando. Patricia Mercado no nos ha dado un informe de los cambios reales para darnos cuenta que el diálogo se mantiene”.
Sin embargo, Martínez advirtió: “vamos a estar muy vigilantes de las acciones de Serrano en la Secretaría de Movilidad, porque conociendo lo que hizo el siete de junio, con las manos en la cintura puede comenzar un proceso de privatización de paraderos y otros grandes negocios a través de la dependencia”.
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Elementos de la Marina secuestran y torturan a sus propios compañeros; los obligan a autoinculparse

Por:  / 3 agosto, 2015
ejercito
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(3 de agosto, 2015).- En los últimos años elementos del ejército mexicano han sido señalados por ser responsables de violaciones graves a los derechos humanos de civiles. No obstante, ahora elementos de la Secretaria de Marina (Semar) también son señalado y responsabilizados por torturar, no a civiles, sino a elementos de sus misma institución.
Así lo revela la Revista Proceso en su más reciente edición, en donde asegura que tras las declaraciones de un ex marino -estas obtenidas bajo tortura- presuntamente vinculado con el narcotráfico, 16 elementos de la marina fueron detenidos, incomunicados y torturados con el objetivo de que se auto inculparan de trabajar para la organización criminal Los Caballeros Templarios.
Según se relata, en mayo de 2014, 15 marinos y dos capitanes de la Décima Zona Naval (DZN), fueron secuestrados por sus compañeros de armas. Los mantuvieron más de un mes en alta mar y los torturaron para lograr el fin antes citado. A los familiares de los elementos secuestrados, ante los cuestionamientos de su paradero,  los engañaron diciendo que estaban “de comisión”.
Las esposas de los marinos torturados en alta mar, relatan que en sus hogares personas a bordo de vehículos con logotipos de la Semar realizaban rondines “acechando y tomando fotografías”. Las parejas de los elementos de la armada que estaban secuestrados supieron de ellos hasta finales del mes de junio en que se oficializó su detención y traslado al Campo Militar Número Uno. Los marinos fueron acusados de delitos contra la salud y traición a las Fuerzas Armadas.
De acuerdo a lo expuesto, el 19 de abril de 2014, un par de marinos detuvo, en Lázaro Cárdenas, a José Luis Murguía Márquez, integrante del Cuerpo General de Infantería de Marina. Al momento de la detención se le decomisaron 10 paquetes de mariguana y un fusil de asalto Ak-47.
Al ser presentado ante el Ministerio Público, los marinos Jesús Sandoval García y Wilbert Alvarado Chávez, los aprehensores de Murguía, aseguraron en sus declaraciones que mientras era detenido, Murguía confesó de manera “espontanea” ser desertor de la Semary además trabajar para Los Caballeros Templarios. En este supuesta declaración “espontanea”, Murguía habría involucrado a 14 marinos y 2 capitanes de navío, todos mencionado con nombre y cargo, y señalados por trabajar para el crimen organizado.
Esta versión de la declaración “espontanea” sería desacredita luego de la evolución médica. Según lo establecido en la causa penal 197/2014, los dicho de Murguía que involucraban a los 16 elementos de la Semar era falso, pues de acuerdo por el certificado médico realizado por el doctor Norberto Barrientos, el detenido presentaba evidencia de violencia física y tortura.
Este hecho del secuestro y posterior detención de los elementos de la marina fue dado a conocer 11 meses después de lo sucedido, es decir el pasado mes de abril de 2015.
De acuerdo a la publicación, las acusaciones en contra de los 16 elementos de la Marina se han desmoronado. Al día de hoy, se detalla, jueces del orden federal han entregado amparos a seis de los elementos que fueron inculpados de delincuencia organizada. Hasta el momento sólo dos han recobrado su libertad.
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EPN permitió desarrollos urbanos a menos de 2Km del Altiplano; violaron normativa para penales de máxima seguridad

Por:  / 3 agosto, 2015
Enrique Peña Nieto- mal y de malas
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(3 de agosto, 2015).- De acuerdo a las normas de seguridad establecidas para el funcionamiento de los penales de máxima seguridad, no pueden existir desarrollos urbanos por lo menos en dos kilómetros a la redonda de esta clase de centros, esto como medida para “garantizar” el aislamiento.
No obstante, como quedó evidenciado el pasado 11 de julio con la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, esta norma no fue respetada en las inmediaciones del penal de máxima seguridad del Altiplano, pues a menos de dos kilómetros de este centro penitenciarios se localizan centros de población y fraccionamientos.
Cómo se recordará, una propiedad a 1.5Km del penal y una construcción en obra negra fue lo que permitió al líder de Cártel de Sinaloa desarrollar uno de los accesos al túnel que a la postre le daría la libertad. Esta construcción no desentonó entre el paisaje de la zona, puesto que en los últimos años se había presentado un desarrollo habitacional en la zona.
Al respecto, una investigación del Semanario Proceso, publicada en la edición 2022 de la revista y firmada por el periodista Rodrigo Vera, el Grupo Atlacomulco-del cual es integrante Enrique Peña Nieto y otros militantes priísta como Arturo Montiel-  es uno de los que impulsó el desarrollo urbano en esta zona, incumpliendo la normativa de seguridad establecida para los penales.
En el texto se señala que este grupo de políticos “desde hace años se ha dedicado al despojo de tierras ejidales, a la especulación inmobiliaria y a la desaforada construcción de estos grandes fraccionamientos (en las inmediaciones del Altiplano) con el propósito de hacer negocios”.
Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, comentó al semanario que uno de los requisitos básicos para penales de alta seguridad es que deben estar alejado de los centros de población en por lo menos 15 kilómetros. “Además, deben tener una zona de amortiguamiento de por lo menos  dos kilómetros; esto es, en torno a ellos no debe existir ninguna construcción en un radio de dos kilómetros”.
En lo referente, añade que esta área de amortiguamiento debe tener un suelo de suelo bajo los términos de “Zona protegida”, puesto que es responsabilidad del Estado mexicano  resguardarla debido a la peligrosidad.
A este comentario, se le agrega el del criminólogo Enrique Zúñiga Vázquez, quien reafirma lo dicho por Arturo Chavarría: “Para tener la categoría de ‘máxima seguridad’, uno de los requisitos es que el penal debe estar totalmente aislado en por lo menos un radio de dos kilómetros. Así lo marcan los lineamientos para que la población externa no vulnere la seguridad del penal”.
En el texto se explica que el gobierno municipal de Almoloya trató de justificar el por qué no actuó  en contra de esta obra si violaba la normatividad. El edil priísta Vicente Estrada, afirmó que la construcción que le sirvió como puerta de salida al “Chapo”, “ni siquiera tenía permiso de construcción”.
Además de lo anterior, se explica en el reportaje, el ayuntamiento aseguró que no clausuró la obra porque no se dio cuenta de ella, ni que sacaban tierra, derivadas de la construcción del túnel.
En este sentido, Arturo Chavarría revira la versión contada por el edil de Almoloya, y afirma que tanto él como el general brigadier David Enrique Velarde, comandante del octavo regimiento mecanizado que se localiza muy cerca de la zona, tenían la obligación de conocer cada detalle de la construcción por su cercanía con el Altiplano.
A lo anterior, agrega: “Nosotros en el Colegio de Arquitectos y Urbanistas llevamos años pidiendo que paren tanta construcción alrededor del penal. Pero las distintas administraciones estatales y municipales nunca nos han hecho caso. Poco a poco han ido despojando de sus tierras a los ejidatarios de la zona para especular con el suelo, construir grandes conjuntos habitacionales y hacer negocio”.
De acuerdo a lo datos, el “boom inmobiliario” de Almoloya se presentó desde hace varias administraciones estatales. Sin embargo, se detalla, el verdadero crecimiento se vivió durante el gobierno de Arturo Montiel y el subsecuente de Enrique Peña Nieto, pues “ellos sí que impulsaron a gran escala la corrupción y los negocios inmobiliarios”.
En este sentido, Enrique Peña Nieto, impulsó lo denominado “ciudades bicentenario”, que fueron 6 desarrollos de conjuntos habitacionales en los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca, Tecámac y Zumpango. Al respecto, de acuerdo con un estudio realizado por Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México sobre las ciudades bicentenario se explica: “La vivienda está mal construida, con superficies extremadamente reducidas y vendidas con sobreprecio; en sitios sin servicios o servicios públicos deficientes, con infraestructura incompleta, lejanos de los centros de trabajo, estudio y comercio, con escaso y mal servicio de transporte e insuficientes vialidades”.
En lo que respecta a la ciudad bicentenario impulsada en Almoloya, Arturo Chavarría denuncia que Enrique Peña Nieto permitió que se desarrollará dentro de lo que debió ser la zona de amortiguamiento del Altiplano, es decir dentro de los dos kilómetros que debieron estar libres y bajo el estatus de zona protegida.
“Se levantó en 2009 y tiene 7 mil 18 viviendas, las cuales están calculadas para albergar a 31 mil 581 habitantes. Le dio la obra a la empresa GEO Edificaciones. Colinas del Sol es otro enorme fraccionamiento cercano a la cárcel. Se edificó en 2003, durante la administración de Arturo Montiel. Tiene 8 mil 535 viviendas para alojar a 38 mil 408 habitantes. Una segunda etapa del fraccionamiento se construyó en el gobierno de Peña Nieto, en 2007; fueron 2 mil viviendas más, para 9 mil personas”. Sobre este la construcción de este último fraccionamiento se precisa que estuvo a cargo de Profusa, empresa cuyos dueños- la familia Fontanet-son cercanos al Grupo Atlacomulco.
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domingo, 2 de agosto de 2015

Protestan en repudio por asesinato de Rubén Espinosa; “No podemos tolerar más, exigimos justicia”

Por:  / 2 agosto, 2015
violencia
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(2 de agosto, 2015).- Este domingo, decenas de periodistas y ciudadanos se congregaron en el Ángel de la Independencia para exigir justicia por al asesinato del fotoperiodistas Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera, y de su amiga Yesenia Quiroz, así como de otras 2 mujeres que aún se desconoce su identidad.
Los manifestantes exigieron a las autoridades capitalinas se investigue a fondo el crimen, para que no quede impune. Además entre consignas pedían la renuncia de Duarte, gobernador de Veracruz identificado por el propio Rubén como el responsable del hostigamiento y amenazas del que fue víctima.
Los periodistas reunidos en el Ángel pedían al unísono justicia, y exigían que las autoridades tomaran como centro de la línea de investigación el trabajo periodístico de Rubén Espinosa, así como las amenazas que recibió en Veracruz.
Como se recordará, Espinosa era uno de los periodistas que exigían un alto a los asesinatos y violencia en Veracruz. Además, junto a un grupo de periodistas había sido de los constantes en las manifestaciones que exigían justicia en el caso de Regina Martínez. Espinosa participó en la manifestación que renombró la Plaza Lerdo de Xalapa- ubicada frente al Palacio de gobierno estatal- poniendo el nombre de Plaza Regina Martínez.
Al acto en el ángel de la independencia acudió Alejando Saldaña, investigador de la Universidad de Veracruz quien afirmó que Nadia Vera, también había recibido amenazas, por lo que también salió de la entidad. A esto, el académico agregó que en Veracruz no se respeta la libertad de expresión.
De igual forma, a este acto asistió la hermana de Rubén Espinosa, quien dirigió unas palabras a los que ahí se manifestaban. Dijo que la luz de su hermano opacó a muchos que decidieron matarlo.
La movilización se trasladó a la representación del gobierno veracruzano en el DF, para protestar de nuevo.
Este domingo por lo menos en cinco ciudades del país la sociedad salió a las calles para expresar su repudió ante esta nueva agresión contra periodistas y exigir justicia.
En Xalapa, decenas de periodistas se manifestaron para exigir justicia en el caso. En este acto participó el escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II. Cabe señalar que las protestas por la muerte del fotoperiodistas comenzaron desde del sábado por la noche en Xalapa, una vez que se confirmó por los familiares que una de las victimas del multihomicidio en la colonia Narvarte era Rubén Espinosa.
En Guadalajara, Monterrey y Oaxaca los actos de protesta se replicaron, en donde comunicadores salieron a repudiar la ola de violencia en contra de periodistas. También en Morelos se registró jornada de protesta.
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Asigna Pemex contrato millonario a consorcio empresarial que estaba inhabilitado; juez ordena repetir licitación

Por:  / 2 agosto, 2015
pemex
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(2 de agosto, 2015).- La subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción (PEP) entregó, el pasado mes de agosto de 2013, el contrato que se ubica como el sexto más cuantioso en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, este contrato fue asignado a un grupo empresarial que desde 2011 estaba inhabilitado por la Secretaría de la Función Público (SFP) por caer en algunas malas prácticas.
La empresa Sistemas Integrales de Compresión (SICO) fue la ganadora de este contrato. Luego de participar en la licitación, esta compañía se adjudicó el proyecto en cuestión que lanzó en concurso PEP, con un valor de 500. 2 millones de dólares, cantidad equivalente a 6 mil 671 millones de pesos respecto al tipo de cambio en aquellas fechas.
No obstante, SICO forma parte del consorcio empresarial Nuvoil, propiedad de Mariano Hernández Palmeros. Bajo esta firma también se encuentra la compañía Part Technical Services (PTS), misma que en 2011 fue inhabilitada para recibir contratos públicos durante dos años y medio, es decir hasta octubre de 2013.
Por este hecho, el juez federal David Cortés ordenó a Pemex tener que volver a lanzar el concurso de licitación, mismo que ya había ganado SICO.  De acuerdo con la resolución del juez si la empresa PTS, y su dueño Mariano Hernández, había sido inhabilitada, esta sanción también alcanza a SICO por pertenecer al mismo grupo.
“Si la empresa PTS y su dirigente (Hernández Palmeros) se encuentran inhabilitados para participar en cualquier procedimiento de licitación o contratación, y este último a su vez resulta ser el dirigente del corporativo integrado por SICO, resulta evidente que SICO también lleva consigo la inhabilitación”, sentenció el juez.
Esta resolución es la primera en que un juez considera que la sanción de una empresa filial de un grupo debe extenderse a las demás empresas que conforman dicho grupo, aunque estas no hayan caído en la irregularidad. Según se explica, los criterios para la sentencia se basaron en antecedentes de la Comunidad Europea así como tratados internacionales contra la corrupción, que tienen como objetivo que los consorcios empresariales evadan sanciones o hagan prácticas monopólicas mediante el uso de diferentes filiales.
La resolución del juez está en revisión desde el mes de abril en un tribunal colegiado. Cabe señalar que el motivo de la sanción a PTS se debe a que nunca hizo público dos contratos por 165 millones de pesos para mantenimiento a equipo de acondicionamiento de gas natural de PEP, los cuales ganó en 2009.
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Desigualdad en México aumenta en 2014; el 1% de la población acumula el 43% de la riqueza

Por:  / 2 agosto, 2015
DESIGUALDAD
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(2 de agosto, 2015).- La desigualdad sigue creciendo y de acuerdo al más reciente informe de Oxfam, este problema se incrementó de 2012 a 2014.
De acuerdo con los datos arrojado por este informe- que se basa en la medición presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)- la nación pasó de 0.498 puntos en 2012 a 0.503 puntos en 2014.
La cifra anterior toma como base uno de los medidores presentados por Coneval, el cual es el coeficiente Gini que permite cuantificar la desigualdad de los ingresos de un país, en donde cero es igualdad y uno es desigualdad. En este tenor  México está por arriba de la media, lo que da cuenta que México tiene un problema en la materia.
De acuerdo a Martín Longoria, gerente de Alianzas Institucionales de Oxfam México, el 1% de la población acumula el 43% de la riqueza nacional y gana el 9% del Producto Interno Bruto (PIB). En este sentido recuerda que cuatro multimillonarios en el país obtienen ingresos equivalentes a los generados en el sector turístico mexicano.
En este sentido, Longoria manifestó que el modelo de desarrollo de México acotó la producción en el sector agropecuario, lo que favoreció a los mercados internacionales. Además criticó que algunas políticas públicas dictadas desde el poder alentaron la acumulación de capital en unas cuantas personas.
El representante de la organización insistió en la necesidad de replantear la política salarial en el país, además de incentivar la creación de mecanismo de transparencia y rendición de cuentas para generar confianza sobre las políticas públicas y los recursos destinados a ellas. Además exhortó a las autoridades a emprender una revisión de la política fiscal  en aras de formularla para que sea productiva, justa y equitativa. Además, añadió, se deben establecer modelos de recaudación en donde los más ricos paguen más impuestos, con lo que se pueda financiar la inversión.
En lo referente puntualizó que no es lo mismo aplicar políticas de redistribución de recursos que se entregan de manera a implementar acciones que apoye el ingreso, la producción alimentaria y la capacidad de la sociedad para que haga frente a su pobreza.
Martín Longoria indicó que este aumento en la desigualdad confirma lo que Oxfam ha advertido en torno al crecimiento de este problema y de la pobreza. Recordó que al hablar de aumento en la pobreza de ingresos también se habla de que la riqueza de la nación se está quedando de forma desigualdad en algunos sectores. Además subraya que la desigualdad tiene consecuencias graves que están por encima de los “intentos” del gobierno federal para atacar la pobreza, pues las políticas sociales “se verán ahogadas en el mar de la pobreza que genera la desigualdad”.
Con información de Reforma
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Caso Rubén Espinosa: fueron torturados y les dieron el tiro de gracia; PGJDF dice que fue robo

Por:  / 2 agosto, 2015
Periodistas
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(2 de agosto, 2015).- Rodolfo Ríos Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), confirmó la tarde de este domingo que uno de los cuerpos hallados la noche del viernes 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte corresponde al del fotoperiodista autoexiliado Rubén Espinosa Becerril.
En conferencia de prensa, informó que los 5 cadáveres encontrados presentaban huellas de tortura y el tiro de gracia.
El procurador afirmó que la dependencia a su cargo abrió varias líneas de investigación, no obstante indicó que una de las hipótesis del multihomicidio es robo pues el departamento donde ocurrió el crimen fue saqueado.
En este sentido agregó que se han activado todos los protocolos por feminicidio, homicidio y delitos contra periodistas. Sobre los actos de acoso y hostigamiento que Rubén Espinosa denunció-estos del gobierno de Duarte en Veracruz- el procurador sólo indicó: “tenemos abiertas todas las líneas”.
El procurador detalló que hasta el momento tienen 15 declaraciones de posibles testigos además de peritajes químicos, fotográficos y genéticos como parte de la investigación. Asimismo informó que  ya fueron identificadas las 4 mujeres también asesinadas en el departamento. Dijo que las víctimas tenían 18, 29, 32 y 40 años de edad.
Cabe hacer especial mención que Rubén Espinosa salió de Veracruz por el hostigamiento que se inició en su contra. Colegas de Rubén Espinosa han manifestado, que el fotoperiodista, había responsabilizado a Duarte como el actor que lo perseguía.
Luego de la conferencia de prensa ofrecida esta tarde sobre el asesinato de 5 personas en la colonia Narvarte, entre ellos el fotoperiodista Rubén Espinosa, el Semanario Proceso exigió a las autoridades del DF realizar una investigación exhaustiva y que se tome como línea central de las pesquisas la actividad periodística de Espinosa.
“Ante los hechos violentos ocurridos la tarde del viernes 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte de esta ciudad, que también dejó a cuatro mujeres sin vida, este semanario exige a las autoridades del Distrito Federal, una investigación exhaustiva que tome como línea central la actividad periodística de nuestro compañero realizada en el estado de Veracruz, misma que lo llevó a autoexiliarse en esta ciudad, que hasta antes de los hechos que llevaron a su muerte, se consideraba un refugio seguro para la actividad periodística”, enfatiza Proceso.
El semanario hace especial mención que Rubén Espinosa abandonó Veracruz el 9 de junio al ver su integridad física en peligro, esto luego de amenazas recibidas en la entidad gobernada por Javier Duarte. Además recuerde que el fotoperiodista presentó una denuncia en 2013 contra la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana por amenazas, intimidación y acoso.
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Jornaleros de San Quintín con daños en salud por uso de plaguicidas; empresas no brindan protección

Por:  / 2 agosto, 2015
jornaleros
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(2 de agosto, 2015).- Los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, además de resistir las condiciones precarias para desempeñar su labor, deben enfrentar los efectos negativos en su salud que produce el uso de plaguicidas en el campo.
Los jornaleros de esta región de Baja California denunciaron que presentan afectaciones en su estado médico debido a la exposición constante a los químicos de estos productos. Los trabajadores del campo han señalado que padecen fuertes dolores de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos, enrojecimientos de piel, y en algunos casos erupciones en algunas partes del cuerpo.
Amelia, una ex trabajadora agrícola, presenta este tipo de afectaciones en su salud. Señala que hoy en día tiene ronchas en manos y cuello, mismas que segregan un líquido transparente. Aunado a esto presenta manchas blancas en las manos.
Amelia trabajaba en los campos de tomate del Rancho Los Pinos, pero dejó de laborar hace tres años, por las afectaciones a su salud. Detalla que se vio obligada a abandonar las labores del campo porque las manos le daban mucha comezón y le sangraban. Hoy en día ya no puede trabajar.
La ex trabajadora agrícola, llegó a los 13 años de edad a  estos campos, y menciona que cuando se encontraba en sus labores pasaban hombres fumigando. Debido a esto, comenta Amelia, el campo se llenaba de líquido y no había más que cubrirse la nariz para no oler, no obstante, “mis ojos ardían mucho y me daba dolor de cabeza, gripa”.
Amelia se enfrentó a la situación sin tener seguro social, por lo cual tuvo que acudir a médicos privados para tratar estas afectaciones en su salud. Sin embargo, la atención le salió cara: 800 pesos por consulta, además que le recetaban pomadas que no ayudaba a mejorar su estado.
La ex jornalera hoy en día tiene 43 años, y está en busca de trabajo, sin embargo, expresa su preocupación ante la posibilidad que nadie le de empleo “por como estoy”.
Gracias a un video difundido por los jornaleros del Rancho Los Pinos, se muestra como es el manejo de los químicos en los campos de cultivo, en especial bromuro de metilo, uno de los considerados muy tóxicos.  De acuerdo a lo explicado en el periódico Reforma, el video muestra cinco cilindros amarillos que poseen un letrero en donde se lee bromuro de metilo.
En la grabación, se enfatiza que a pesar de su alto nivel tóxico, los contenedores con el químico se encuentran sin ninguna medida de seguridad sobre la tierra. Uno de los trabajadores del Rancho explica que cuando se aplica el bromuro de metilo la empresa no otorga a los trabajadores ninguna protección, por lo que los trabajadores como pueden de cubren del producto. El jornalero añade que pasan semanas sin dotarlos de protección, además que cuando se aplica “empiezan a arder muy feo los ojos, a llorar”.
El bromuro de metilo es identificado por causar afectaciones a la salud y además provocar daño a la capa de ozono.
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