miércoles, 4 de mayo de 2016

Por "Austeridad" sigue Gobierno de #EPN candelando plazas. #Noticiasconelbote 2-Mayo-16


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martes, 3 de mayo de 2016

Tecnológicos en Veracruz: las otras deudas de Duarte ya comienzan a afectar a los estudiantes

Por:  / 3 mayo, 2016
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(03 de mayo, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Desde inicios de 2016, la Federación de Sindicatos de Educación Tecnológica de Veracruz reportó que el gobierno local mantiene adeudos por 900 millones de pesos con los tecnológicos de la entidad desde hace casi cinco años.
Deuda tras deuda, año tras año. Fue así como comenzó el hoyo sin fondo de la Universidad Veracruzana (UV), la cual presenta una deuda mayor a 3 mil millones de pesos, y que a cada segundo que pasa crece, por los intereses sobre los intereses.
A pesar que el sistema tecnológico obtiene recursos federales, estatales, de los patronatos (Iniciativa Privada) y de las inscripciones, alumnos entrevistados por Revolución TRESPUNTOCERO informaron que existen edificios sin terminar, materiales para laboratorios de bajo costo e incluso instalaciones en mal estado.
A esto se suma que los alumnos requieren que se invierta más en mejores maestros, en certificaciones y conferencias.
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El equipo industrial no funciona
N., estudiante del Instituto Tecnológico de Orizaba, comentó a Revolución TRESPUNTOCERO que en mayoría hay buenos maestros, los salones tienen equipo, pero el problema son los baños, en donde faltan puertas y agua.
La alumna contó que al semestre paga mil 130 pesos, costo que consideró justo; sin embargo, explicó que existe una deuda, pues está pendiente la construcción de un edificio en el municipio de Ixtaczoquitlán.
Sobre la pregunta, a dónde le gustaría que se destinara mayor dinero, N. contestó: ”Me gustaría que llegaran a los laboratorios pesados (laboratorios de ingeniería de cada especialidad), en mi caso sería en el laboratorio de ingeniería química, porque se cuenta con muchos equipos de tipo industrial pero a escala menor, y lamentablemente no funcionan, y esto perjudica la enseñanza”.
Por su parte F., quien es estudiante de la misma escuela, criticó que el sistema y los programas por competencias no están bien implementados, pues “el ambiente escolar se vuelve repetitivo y tedioso provocando la fuga de cerebros”.
El joven, quien paga mil 132 pesos por semestre, refiere que las instalaciones exteriores son buenas, pero ”dentro de los salones el amueblado y las bancas son una calidad regular, y algunos cañones no funcionan”.
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F. mencionó a Revolución TRESPUNTOCERO que se tiene que destinar más recursos a las certificaciones y a conferencias porque el rechazo de los alumnos hacia los profesores es grande, entonces el aprendizaje es limitado.
El economista veracruzano, Hilario Barcelata Chávez, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO que el gobierno no sólo tiene un retraso en los pagos en el Sistema de Educación Tecnológica (SET), lo peor es que no es demasiado dinero el que se debería estar otorgando, pues no se cubre las necesidades que demanda este tipo de educación.
“Sobre los recursos federales, estos sí han estado llegando, el problema es con los recursos estatales, debido que el gobierno, con los múltiples problemas financieros que tiene no ha podido entregar. Ha ido pasando lo que sucedió con la Universidad Veracruzana: un año le queda a deber una cantidad, al siguiente año otra cantidad y año con año ha ido acumulando un adeudo bastante grande”, comentó Barcelata.
El especialista consideró que el problema no sólo radica en que el recurso no llegue, sino que el presupuesto para los tecnológicos es muy limitado.
“En los tecnológicos están trabajando en condiciones con limitaciones, en algunos casos precarias. Cuando no se entrega el dinero a tiempo, pues se aplaza obras de infraestructura, atrasa la construcción de los institutos que no tienen sede propia, porque al menos son cinco tecnológicos en esta situación, trabaja en edificios rentados o prestados y que no cumplen los requisitos establecidos para la prestación de servicios de educación”, agregó Barcelata.
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Estudiantes toman clase en el piso
Francisco Rangel Cáseres, director de Educación Tecnológica de Veracruz ha informado, sin dar datos precisos, que la entidad atraviesa un buen momento, pues existen 21 institutos tecnológicos estatales, tres universidades tecnológicas estatales, una universidad politécnica estatal y seis tecnológicos federales.
El funcionario agregó que el sistema tecnológico no se ha visto afectado por la situación financiera del estado.
“El sistema de educación tecnológica ha ido creciendo y su presupuesto de la misma manera, quizá no con la importancia que quisiéramos pero nunca va haber presupuesto que alcance cuando hay crecimiento sostenido, cuando la tecnología evoluciona cada tres meses, cuando hay desarrollos tecnológicos con frecuencia, cuando hay simuladores que frecuentemente salen al mercado no hay presupuesto que alcance. Bueno a través de asesorías, consultorías, capacitación, proyectos de desarrollo con empresas u organismos privados para generar ingresos propios y suplir esas necesidades”, detalló Rangel a El Diario Jarocho.
Sin embargo, Alejandro Saldaña, integrante del Colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana declaró a Revolución TRESPUNTOCERO que el gobernador Javier Duarte de Ochoa no sólo tiene una deuda con la máxima casa de estudios en la entidad, sino que “le debe a todos: a las normales, a los tecnológicos”.
El Observatorio de las Finanzas Públicas detalló que, “en primer lugar SET (Sistema de Educación Tecnológica) no se sostiene únicamente con recursos estatales ni estos representan la parte más importante de lo que obtiene. Sus ingresos provienen también y principalmente del gobierno federal, municipal, y de ingresos de origen privado por Patronato, derechos de utilidades, intereses, honorarios, dividendos y rendimientos, estos últimos derivados de los pagos que hacen los alumnos. Porque hay que aclarar que los alumnos pagan para poder estudiar”.
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Hilario Barcelata Chávez explicó que existe una gran demanda en el SET, pero la oferta implica que no haya espacio suficiente para todos los aspirantes.
“Ante la demanda, hay alumnos que tienen que tomar clases parados o sentaos en el suelo, porque no existe la capacidad suficiente. Hay alumnos que quizá tengan la percepción que las cosas van más o menos, pero sin recursos suficientes simplemente hay atrasos en infraestructura, no se pueden realizar las prácticas necesarias de estudios tecnológicos, falta habilitar espacios como laboratorios, aulas, y la renovación de nuevos equipos”, comentó el economista.
Y agregó: “Quizá ahora no se ve, pero el retraso en la entrega, o la no entrega de recurso, interfiere en los planes de expansión de los institutos, los cuales van de la mano con las necesidades de la demanda que cada día tienen estas opciones de educación superior”.
Desprecio por la educación pública
En un informe, el observatorio detalla que “la educación tecnológica en Veracruz no es gratuita. En 2014 los ingresos del SET fueron de 2,142 millones de pesos (mdp) y representan 92 por ciento de los recursos que la UV recibe del gobierno del estado que fue un monto de 2,331 mdp y 48 por ciento de su presupuesto total que fue de 4,386 mdp”.
Lo que significa que la mayor parte de sus recursos no viene del gobierno de Duarte. Incluso la organización criticó, “es importante reiterar que el gobierno del estado contribuye muy poco al financiamiento de este sistema ya que apenas aporta 396.7 mdp es decir 19 por ciento del total. Lo cual es muestra de su mezquindad y desprecio hacia el sistema estatal de educación superior pública”.
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El secretario general de los Sindicatos de Educación Tecnológica, Fernando González Rivas, dijo a principios de año que la retención de recursos provocó una falta de crecimiento en infraestructura dentro de las instituciones educativas.
El sindicalista recordó que Veracruz era uno de los estados con mayores observaciones de la Audiotoría Superior de la Federación (ASF). De hecho, en la cuenta pública de 2013 el organismo hizo una observación al estado que gobierna Javier Duarte de Ochoa para que aclarara el destino o el ejercicio de 66 millones de pesos.
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Sobrevivir al Estado: “la Federal quiso matarme”

Por:  / 3 mayo, 2016
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Emmanuel Gallardo Cabiedes/@ManuGallardo77
PRIMERA PARTE

El 6 de enero del 2015, la Policía Federal ejecutó a civiles desarmados en la Avenida Constitución de 1814 en Apatzingán, Michoacán. Uno de ellos ha sobrevivido al estado; sus ataques y su mecanismo de protección para los beneficiarios de medidas cautelares. Esta es su historia.

(03 de mayo, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- “Alejandro” conoció la ira y la más profunda tristeza en una madrugada del 2002, cuando vio a su padre inmóvil, tirado boca arriba sobre la tierra de la parcela familiar. A simple vista, el entonces niño de nueve años pudo ver que los brazos y piernas de su papá estaban “quebrados”. La cabeza había sido reventada “como si le hubieran echado algo pesado”, y uno de los ojos salía ligeramente de su cuenca. La bestialidad de la guerra michoacana cayó poco después de la medianoche sobre aquel rancho enclavado en el montañoso municipio de Tancítaro, a 42 kilómetros de la ciudad de Apatzingán, Michoacán. Alejandro (no es su verdadero nombre) pasó más de nueve horas al lado del cuerpo torturado de su papá, en espera de las autoridades locales para hacer el levantamiento del cadáver. El crimen, como muchos de los crímenes en México, se hundió en la impunidad y jamás fue resuelto.
Los primeros recuerdos de la infancia del hoy veterano ex autodefensa michoacano y ex policía de la Fuerza Rural son de cuando tenía cinco años. Alejandro y sus amigos, todos ellos parte de una generación de niños mexicanos nacidos en medio de un conflicto armado, veían pasar las largas caravanas de camionetas negras repletas de hombres encapuchados, con “cuernos de chivo” y AR-15 con lanzagranadas terciados a la espalda; todos vestidos de negro.
Las filas de comandos Zetas creados por Arturo Guzmán Decena, el Z-1; los sádicos ex militares que dominaron a sangre y plomo la Tierra Caliente a mediados de la década del 2000, eran frecuentes. “Ellos sólo actuaban de noche”, dice Alejandro. “Nada más se oía cómo reventaban las casas, cómo sacaban y arrastraban a la gente. Al otro día aparecía un cuerpo por aquí, y una cabeza por allá”.
Esas imágenes pasaron rápidas en su mente cuando sintió el calor de los primeros balazos disparados por policías federales, la mañana del martes 6 de enero del 2015 sobre la Avenida Constitución en Apatzingán, Michoacán. Alejandro y sus compañeros autodefensas del recién desmantelado grupo de la Fuerza Rural, G-250, quedaron tirados sobre charcos de sangre que escurría debajo de una camioneta Ram blanca.
A pocos metros de ellos, Miguel Ángel Madrigal Marmolejo yacía con el cráneo destrozado. Su corpulencia no pudo cubrir a Berenice, su esposa, en cuyas piernas quedaron los pedazos de carne desprendida del estómago de Miguel. Hilda Amparo Madrigal, su hermana, quedó abrazada de otro joven con el antebrazo derecho perforado. Sus cuerpos quedaron encima de unos palos a un costado de una GMC Acadia color negro.
Alejandro recibió el primer balazo en la pierna derecha y lo tumbó. Guardó calma. A sus 18 años había estado en al menos 14 combates contra Caballeros Templarios y sabía reaccionar bajo fuego, por eso se arrastró debajo de la camioneta para cubrirse en medio de las llantas traseras, pero las balas pasaban por todos lados. ¡No disparen! ¡No traemos armas! Los gritos se ahogaron en gemidos suaves que poco a poco se fueron silenciando.
“No traíamos más que piedras y palos en la caja de la Ram. ¿Usted cree que de haber traído con qué, nos hubiéramos dejado matar como perros? ¡Hubiéramos peleado!”
Su voz es firme. No niega que de haber podido se hubiera defendido, “Aunque sea con una pinche “corta” (pistola)”, dice. “Me matan, pero al menos a uno sí me lo llevo de cabecera”.
Otro disparo. Esta vez perforó su hombro izquierdo y bajó a través del tórax hasta alojarse en el vientre fragmentado en tres pedazos. “No pude hacer nada. Nos aventaron un “papazo” (granada). Cuando explotó uno de los fragmentos me dañó el ojo. Aquí tengo todavía la esquirla… el doctor no me la pudo retirar. Traigo una placa en el hombro y con este ojo (el izquierdo) no veo”.
Esa mañana Alejandro recibió seis impactos de bala disparados por al menos cinco policías federales: uno en hombro izquierdo; dos en muslo derecho; uno en la pantorrilla derecha; uno en el pie izquierdo y uno más en el pie derecho. Pretendió estar muerto cuando vio que un policía federal se acercó a su primo de 22 años y lo ejecutó con un disparo en la cabeza. “Ahí fue cuando nos aventaron las armas que nos sembraron, y los cargadores que ni siquiera eran del rifle que pusieron. Un federal se dio cuenta que yo estaba vivo, se me acercó y me pisó la herida del hombro con su bota. Después me puso el cañón del rifle en la cabeza, pero otro federal le dijo que no hiciera nada porque los vecinos ya estaban saliendo de sus casas”.
Después de desangrarse por más de 40 minutos su cuerpo comenzó a sentir dolores insoportables. Los policías federales ya le habían dicho al menos a una ambulancia que no había sobrevivientes, pero una unidad de Protección Civil que también arribó a la escena le dio confianza a Alejandro y logró alzar la mano para pedir ayuda. Los paramédicos de Protección Civil le salvaron la vida.
En un video editado por la Policía Federal y que pretendió mostrar a sus elementos ayudar a los sobrevivientes, se muestra a dos policías federales subir a Alejandro a una camilla jalándolo del cinturón. “Me estaban lastimando. Como pude le quité la mano al policía, usted puede verlo en el video”. Alejandro fue llevado casi sin sangre al hospital Ramón Ponce, entonces ubicado a solo seis cuadras del ataque. Desde ese momento él y sus familiares no han dejado de ser perseguidos ni de recibir amenazas de parte de los Caballeros Templarios.
Después de la agresión del 6 de enero, se han suscitado al menos 17 situaciones que han atentado contra la seguridad de Alejandro y su familia , quienes actualmente están bajo protección de la Secretaría de Gobernación por medio de su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), unidad que se vio forzada a responder a la solicitud de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado mexicano (medida cautelar 251-15) por considerar que los hechos reunían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad de su reglamento.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), organización civil dirigida por el Doctor José Antonio Guevara Bermúdez y que representó legalmente a Alejandro desde junio 2015 hasta febrero pasado, argumentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que algunos policías federales y el cártel de los Caballeros Templarios han hostigado a Alejandro desde que lo ingresaron moribundo al Hospital Ramón Ponce en Apatzingán, y que han querido matarlo después de sobrevivir al ataque.
En la solicitud de medidas cautelares, la organización que preside el doctor Guevara afirmó que las amenazas se incrementaron cuando Alejandro dio su testimonio a periodistas que informaron sobre el caso en abril, mayo y junio del 2015. Según esa solicitud el acoso comenzó de inmediato. Entre el 7 y el 20 de enero del 2015 Alejandro fue criminalizado y a punto de ser rematado. Agentes federales dijeron a su familia que él estaba internado en calidad de detenido. Sin argumento alguno, sus celulares con todos los contactos de compañeros y líderes autodefensas fueron confiscados y jamás devueltos.
El 20 de enero, un médico del hospital informó a la familia de Alejandro que un policía federal había intentado sobornarlo para que le inyectara alguna sustancia y le provocara la muerte. Alejandro asegura que lo quisieron rematar debió al resultado negativo de las pruebas de Rodizonato de Sodio que le realizó una perito de la Procuraduría General de la República (PGR) y que no consiguieron imputar ningún cargo por haber disparado armas de fuego de uso exclusivo del ejército contra los agentes federales.
Gracias a la alerta del doctor del Hospital Ramón Ponce, sus familiares lo transfirieron a la Clínica México, un hospital privado en Apatzingán donde fue atendido hasta que el dinero prestado les alcanzó. Aún le quedan 10 esquirlas del granadazo, (una de ellas estaba saliendo de su nuca durante una de las entrevistas), y un adeudo de más de 250 mil pesos por concepto de al menos dos operaciones, estadía hospitalaria y medicamentos que en algún momento la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tendrá que pagarle, según dicta el artículo 64 fracción VII de la ley general de víctimas.
A más de un año del ataque y hasta principios de abril de este año, Alejandro asegura no haber recibido un solo peso de ayuda, de los 1400 millones con los que cuenta el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas administra, y al cual tiene pleno derecho.
Al no contar con más recursos para continuar su tratamiento y ante el miedo de ser asesinado, Alejandro viajó a Guadalajara para poder sacarse las esquirlas restantes en el Centro Médico de Occidente, Hospital de Tercer Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero fue rechazado por no contar con el certificado de sanidad que la PGR nunca entregó, y que incluían los resultados negativos de la prueba de Rodizonato de Sodio . Debido a la tardanza médica, el nervio óptico cicatrizó y redujo la visión del ojo izquierdo a un 10%. Regresó a Michoacán, a la ciudad de Uruapan donde pudo ser parcialmente intervenido la primera semana de febrero.
Fueron días de descanso, de acostumbrarse a mirar con un solo ojo, de aprender a caminar con equilibrio y soportar los dolores que llegaban repentinos. El 19 de abril del 2015 la revista Proceso publicó el reporte especial sobre las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán, donde Alejandro dio su testimonio de forma anónima. Pese a esa precaución, seis días después de la publicación, comenzaron los patrullajes constantes e inusuales de policías federales afuera de su casa en Tancítaro.
El jueves 7 de mayo un hermano de Alejandro y a quien la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) identifica únicamente como “S”, fue secuestrado por Caballeros Templarios. El joven, tan sólo un año mayor que Alejandro, fue golpeado y liberado 48 horas después con un mensaje dirigido a su hermano: “Ya cállate. Cuídate, porque ya te traemos cortito”. Los Templarios, según se lee en la solicitud de medidas cautelares, fueron con “órdenes de policías federales para desaparecerlo”.
“Sabemos que los federales les piden favores a los Templarios. Ellos traen uniforme y no es tan fácil que revienten una casa, y menos después de lo que pasó”. En el submundo de la corrupción e impunidad en México, con su oscura tasa de inefectividad judicial del 98%, la hipótesis del muchacho no suena descabellada.
El lunes 11 de mayo Alejandro regresó a su casa después de una recaída por complicaciones con los fragmentos de bala en el estómago. En cuanto llegó a su rancho, alertó a su comunidad y a las líderes autodefensas de Tancítaro para que le reportaran cualquier presencia sospechosa. “Sabía que irían por mí, pero no tan pronto. Ya habían secuestrado a mi hermano pensando que era yo. Lo tuvieron amarrado dos días. Sólo era cuestión de tiempo”.
Alejandro detiene por momentos sus recuerdos. Guarda silencio mientras fija la mirada en el tablero del coche. Tenemos que reunirnos dentro del vehículo porque el departamento que la Secretaría de Gobernación le ha dado por medio de RCU Sistemas, empresa que desde febrero del 2014 es la responsable de atender a los beneficiarios del mecanismo de protección, no permite que entren desconocidos.
El joven autodefensa mete la mano al bolsillo del pantalón y me enseña su botón de pánico; es verde y con tres botones. Sirve para solicitar ayuda policial en caso de peligro. Es el mismo dispositivo que el del los periodistas beneficiarios del mecanismo de protección. Ya Alejandro lo usó en una ocasión después de haber sido seguido varias cuadras por un “Charger blanco sin placas”. “Ahí sí funcionó el botón”, dice, porque antes, “el aparato no jalaba por no haber señal de celular en el cuarto de hotel donde me resguardaron al principio del mecanismo”.
Dice estar harto, fastidiado del trato que ha recibido de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes lo han dejado plantado en al menos dos ocasiones para llevarlo a sus citas con el ortopedista en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y quienes no le han programado más estudios médicos. Afirma con orgullo “ser de rancho” y haber vivido toda su vida en el campo. Confiesa su aversión por la ciudad a donde fue desplazado y que nada tiene que ver con el entorno social, económico y cultural de donde es originario.
La brecha entre el campo y el gris urbano es inmensa para el adolescente desplazado. Cuenta que antes de ser autodefensa y fuerza rural, se dedicaba al cultivo de aguacate y al corte de limón, labores que realizó hasta mediados del 2013 cuando escuchó a los comunitarios alzados llegar a su pueblo, tocando el claxon de sus camionetas e invitando a la gente al movimiento para eliminar a los Caballeros Templarios y sus líderes. Alejandro no lo pensó dos veces. Sus manos campesinas soltaron la guadaña con la que quitaba el “zacate” de las huertas, y se unió a las filas autodefensas con el recuerdo de su padre y otros dos familiares asesinados como sus motores de impulso.
Cuenta el muchacho que no tardó mucho en distinguirse por su valor en los enfrentamientos y en las incursiones que lo pusieron hasta dos meses dentro de la sierra de Tumbiscatío donde llegó a comer gusanos y plantas. Cuando le asignaron gente a su mando también le asignaron una camioneta y lo hicieron escolta de uno de los comandantes del G-250.
“Confiaban en mí”, dice con una leve sonrisa torcida. “Si me pedían que fuera a reventar la casa de un Templario, lo hacía. Seguía órdenes y las sabía cumplir. Una vez que reventamos una casa, el malandro traía con qué defenderse, verdad, entonces me pegó un chingadazo en el mero chaleco que me tiró. Pero ya los demás compañeros lo detuvieron, y otros más me ayudaron a levantar”.
Alejandro es moreno, alto, con la mirada dura y de sonrisa difícil. Sus ojos negros permanecen con brillo. Sólo una pátina opaca indica que algo anda mal del lado izquierdo pero eso no evita que sea una cascada de espinosas memorias. Dice que le hace bien platicar y fumarse sus Marlboro rojos de 14. Es el único lujo que asegura darse después de que salió desplazado de su rancho en mayo del 2015, cuando recibió la llamada de un compañero autodefensa:
“… (El compañero) me dijo que unas camionetas con gente armada habían entrado poco después de dos patrullas de (policías) federales que se pararon en un crucero que está como a 600 metros de mi casa”.
En cuanto colgó el celular Alejandro tomó los últimos tres mil pesos que le habían prestado y se salió por la parte trasera del rancho. Se metió al cerro y se escondió en una loma. Desde ahí pudo ver a los civiles armados cuando se metieron a su casa; la destrozaron y saquearon. Entre lo robado se fueron copias certificadas de actas de nacimiento, recetas de doctores, comprobantes médicos y recibos de hospital. Poco más de 15 minutos duró el ultraje.
Cuando se fueron las camionetas y después de esperar un rato por si volvían, Alejandro bajó de su escondite. Los vecinos le confirmaron que las amenazas iban en serio. “Te están buscando. Andan preguntando por ti”. El joven regresó sobre sus pasos y se internó en el cerro. Sólo volteaba hacia atrás para asegurarse que nadie lo siguiera. “En el cerro te desaparecen”, dice con el más sombrío de los tonos. “La sierra michoacana está llena de muertos”.
Según el informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) titulado “Los Desaparecidos en México”, en Michoacán existe registro de al menos 149 casos donde hay evidencia que comprueba la participación de las fuerzas federales en casos de desaparición forzada. Y es que en el Michoacán de Alejandro, uno muy distinto al del gobernador Silvano Aureoles y el presidente Peña, el “reventar” una casa y desaparecer a familias completas es algo tan impunemente común, que nadie está a salvo dentro de su propiedad. Nadie, absolutamente nadie está exento de padecer la violencia, la muerte y el desplazo forzado. No existe autoridad estatal o federal de ningún tipo que garantice la seguridad de los habitantes de estas regiones.
Tras nueve horas de huida en medio del monte y de haber cuidado como pudo sus heridas, Alejandro vio las luces de la ciudad de Apatzingán. Ahí se refugió con un primo suyo que le dio un lugar donde pasar la noche. A la mañana siguiente salió escondido en un taxi que lo llevó a la terminal de autobuses. Huyó a otra ciudad donde familiares ya lo esperaban.
Desde ese momento, el adolescente ex autodefensa del G-250 pasó a formar parte de los 281 mil 400 desplazados que, según el informe del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), México alberga en todo su territorio. El 13 de mayo del 2015, Alejandro tuvo que huir de su comunidad por el peligro de ser asesinado. Llegó a una ciudad en donde nunca había estado, con al menos nueve esquirlas alojadas en el cuerpo, ciego del ojo izquierdo y con tres fragmentos de bala que desde entonces no han dejado de desgarrarle el vientre.
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Informa SRE reunión con CIDH para seguimiento a informe del GIEI

Por:  / 3 mayo, 2016
Saul Lopez
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(03 de mayo, 2016).- Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), su titular, Claudia Ruiz Massieu, se reunirá en los próximos días con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para darle seguimiento al informe emitido por el GIEI en relación al caso Ayotzinapa.
Durante una conferencia de prensa, la canciller puntualizó que el objetivo de la reunión es establecer el mecanismo para darle seguimiento al informe y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Puntualizó, “vamos a tener una reunión en los próximos días con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde justamente establecernos con ellos cuál será el mecanismo para darle seguimiento al informe al informe y las recomendaciones que emitió el GIEI”.Y agregó que con esto, “el gobierno mexicano reitera su compromiso en la colaboración con la CIDH y las instancias internacionales para esclarecer los hechos y que los responsables sean llevados ante la justicia”.

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Israel estuvo en instalaciones militares de Cd. Juárez, fue torturado por 30 horas para autoinculparse de una masacre

Por:  / 3 mayo, 2016
ESTADO, TORTURA, IMPUNIDAD
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(03 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Era la noche de un 30 de enero en Ciudad Juárez, hace seis años y tres meses, cuando estudiantes que habían organizado una fiesta en un domicilio particular fueron interceptados por un comando armado que disparó en varias ocasiones a todo el grupo que ahí se encontraba.
El saldo fue de 15 jóvenes asesinados y 10 más gravemente heridos. En ese momento la llamada ‘guerra’ contra el narcotráfico se había intensificado y en el norte del país se comenzaban a presentar casos donde a grupos civiles en situación de pobreza los inculpaban de delitos que no cometieron o los obligaban a declararse culpables bajo amenazas hacia ellos y sus familias, sin faltar los daños físicos que derivaban en tortura, a decir por familiares, defensores jurídicos y derechohumanistas.
En aquellos asesinatos Felipe Calderón calificó de “pandilleros” a las víctimas, un acto característico de aquel sexenio, en donde se denostó abiertamente a las víctimas y comenzó a ser cada vez más frecuente el llamarlas “delincuentes”, principalmente cuando se trataba de jóvenes, dentro de lo característico de aquella ‘guerra’, se implementó la descalificación de víctimas.
En su momento la presión de los familiares de las víctimas y de parte de la sociedad civil, provocaron cierta presión para detener falsos culpables, no así para investigar, obtener justicia y a los verdaderos perpetradores, porque como en ese sexenio y como ahora, el uso de falsos positivos eran una constante, así detenían a personas que luego eran torturadas y obligadas a autoinculparse, casos que han tomando desde organizaciones no gubernamentales en México, como en internacionales tales como ONU y Amnistía Internacional.
Seis días después de los hechos, el 6 de febrero de 2010, las autoridades presentaron a los medios de comunicación a Israel Arzate Meléndez como uno de los principales responsables de la masacre en Villas de Salvárcar. Quien en el momento de su detención, fue víctima de tortura física y psicológica para obligarlo a confesarse como uno de los sicarios que participó en los hechos.
Para el Centro Prodh, organismo que le dio acompañamiento al caso, “Israel Arzate es ejemplo de la criminalización y estigmatización ejecutada por actores al interior del aparato estatal en contra de los sectores sociales marginados, quienes tendencialmente se encuentran en riesgo de ser detenidos, procesados y sentenciados por delitos que no cometieron”, por lo que en caso de Israel, también fueron usadas dichas circunstancias como “forma de legitimación del aparato de investigación y persecución del delito”.
El caso de Israel, según la perspectiva del Centro, evidencia las fallas del sistema mexicano de procuración y administración de justicia, en el que se permite la fabricación de delitos, la utilización de pruebas ilícitas y la tortura como práctica sistemática de sustitución de las investigaciones.
Sobre el tema, la abogada Nancy López, Directora del Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), explica a Revolución TRESPUNTOCERO, que son pocos casos en donde se ha dejado en libertad a una víctima de tortura y ha sido por presiones de organismos pro derechos humanos nacionales e internacionales, “en un panorama como éste que la autoridad por sí misma rectifique es complicado, partiendo que no se ha asumido una postura seria del Estado frente a los actos de tortura, es decir todas las autoridades están siendo enteradas que se cometen estos actos y tendrían que estar previniendo y evitar que esto ocurra nuevamente.
Lo ideal debería ser que en cuanto el ministerio público se entera de la comisión del delito, lo siguiente sería abrir una averiguación previa e investigar, para que los jueces excluyan la evidencia obtenida por estos métodos”.
Sin embargo, dice la especialista, esto difícilmente pasará, porque no se ha tomado desde el estado una posición seria de rechazo a estos actos, tampoco ha existido interés por parte de las autoridades encargadas de investigarlos, ni de las procuradurías federales y locales por igual. Es así como “el Estado ha sido quien ha permitido que siga ocurriendo”.
La noche de la masacre en Salvarcar, Israel se encontraba acompañado de su esposa y cuñado en un sitio totalmente distinto a donde se perpetraron los asesinatos, ellos conocieron la noticia por los medios de comunicación y externaron su rechazo y preocupación por el nivel de violencia que estaba padeciendo en ese momento Ciudad Juárez.
Sin embargo, el 3 de febrero de 2010, por la tarde-noche, cuando Israel se dirigía a un centro comercial a realizar unas compras, fue interceptado por dos personas que iban en una camioneta, le preguntaron si era Carlos Madrigal, él se identificó con su nombre, pero esto no importó, dos soldados se sumaron a los primeros y violentamente lo subieron al vehículo, para después cubrirle los ojos”.
Israel estuvo en instalaciones militares de Ciudad Juárez, donde fue torturado por aproximadamente 30 horas, en las cuales padeció choques eléctricos en el pecho y el abdomen, colocaron una bolsa de plástico en su cabeza para producirle asfixia, lo cual llegó a confirmar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y el Comité Contra la Tortura, ambos pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“En cuestión de violación a derechos humanos, sin duda alguna han habido mensajes encontrados por parte del Estado, no basta con que haya un pronunciamiento asegurando que México los respeta, cuando este discurso no se ve evidenciado a través de las prácticas por parte de las dependencias, porque no basta con la creación de leyes o programas de derechos humanos, se debe reflejar a través de la investigación y sanción de los responsables de haber cometido las violaciones”, comenta la abogada.
Solamente así, señala, se demostraría la seriedad con la que el Estado mexicano entiende y aborda este problema. Sin embargo, comenta que parece ser que existe una especie de ‘sobreprotección’ hacia las fuerzas de seguridad pública, basado en evidencias que demuestran que esto podría estar pasando.
El 4 de febrero, a las 23:50 horas Israel fue presentado por primera vez ante el ministerio público por militares que dijeron lo detuvieron en flagrancia, cuatro horas antes. Después de esto regresó a una locación militar y fue ahí, donde dicen las autoridades, quiso declarar de manera “voluntaria”, su participación en la masacre de Villas de Salvárcar.
Sin embargo, los organismos que dieron seguimiento al caso, dieron a conocer que al día siguiente “bajo tortura física y psicológica lo amenazaron con violar a su esposa, fue obligado a autoinculparse. Por lo que Israel memorizó lo que los militares le indicaron y rindió su declaración frente a una defensora de oficio y, con la presencia de una videograbadora”.
López menciona que “el Estado tolera la tortura, hecho que indican los altos grados de impunidad que mantienen los casos de violaciones a derechos humanos. Sin duda hay un discurso público muy fuerte por parte de todas las instituciones de minimizar el problema de la tortura, de hacerlos ver como casos aislados, de señalar que quienes cometen estas prácticas son personas que desobedecieron órdenes, cuando lo que vemos y al menos en casos muy concretos, como es el norte del país, se tiene información que claramente los actos de tortura han formado parte de la estrategia de seguridad pública de las instituciones federales en particular las policías federales, el Ejército y la Marina”.
Por lo que para la especialista, es “sumamente preocupante que por un lado exista una minimización de la problemática y por otro lado pareciera una justificación dicho delito, el Estado envía mensajes que pareciera, nos intenta decir que van a afrontar el problema cuando existe impunidad e encubrimiento”.
Israel fue uno de los miles de jóvenes que como en aquel año y como ahora, padecen la pobreza y han tenido que salir adelante, padeciendo no solamente problemas económicos, sino viviendo con el acoso de las autoridades quienes en aquel sexenio como en éste, ser joven y pobre, se ha convertido en sinónimo de ser culpable, según la mayoría de los casos ocurridos a nivel nacional e internacional.
“La pobreza sin duda alguna es uno de los factores que favorece que se pueda ser víctima de tortura, el nivel socioeconómico, en donde se viva, o en el lugar donde te encuentres, son determinantes porque particularmente operativos de seguridad pública se realizan en barrios de nivel socioeconómico bajo, en los cuales las personas que se enfrentan a procesos de detención son de bajos recursos económicos y por lo tanto no pueden tener acceso a una defensa privada.
En estos casos no solamente están siendo detenidos, sino que al no contar con recursos propios para tener una buena defensa legal se enfrentan a una defensa legal del servicio público, el cual hemos visto también que muchas veces no atiende el tema de si son o no víctimas de tortura, más bien parece que están haciendo el trabajo al ministerio público que acusa”, puntualiza López.
En 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Israel Arzate Meléndez “fundamentada en la nulidad de su declaración autoinculpatoria obtenida bajo tortura en instalaciones militares”, “pero fue un largo camino, de lucha y de enfrentarse a todo tipo de autoridades que de no ser por defensa de externos al gobierno, tal vez esto no hubiera finalizado en la liberación”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO una persona cercana a la víctima, quien ha preferido mantenerse en el anonimato.
A su vez, menciona que luego de enfrentarse a una serie de riesgos y peligros, “la vida ya no es igual, y mientras más lejano se esté de cualquier persona que represente al gobierno es mejor, el miedo dura para siempre, las secuelas se llevan hasta la muerte, enfrentarse a un Estado represor no se le desea a nadie”.
Sin embargo, aun cuando los casos de tortura cada día son más difíciles de ocultar, la sociedad mexicana sigue estando polarizada en el tema, “una parte tiene claro que efectivamente el cometer tortura no es algo justificable, pero también sabemos que hay grupos y sectores de la población que señalan que es un mecanismo que se utiliza y que podría servir en algún proceso para obtener información, lo que nosotros hemos manifestado que es riesgoso.
No se debe avalar un discurso como éste, cuando tiene consecuencias para las propias víctimas. Además este tipo de situaciones respaldan que cualquiera se pueda enfrentar a riesgos de exclusión de información, y se someta a un proceso penal a una persona que no cometió un delito y que las autoridades lo estén señalando como la verdad legal”, enfatiza López.
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