#Duarte creó un sistema #inquisitorio que limita y #viola los #DerechosHumanos: #abogados

Por:  / 14 marzo, 2015
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(14 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- María es madre de un joven que se encuentra recluido en uno de los Centros de Readaptación Social (CERESOS) de Chihuahua. El año pasado recibió al menos dos llamadas telefónicas al mes, todas ellas provenientes del reclusorio, pidiendo dinero a cambio de la vida de su hijo. “Cada mes entregué poco más de 2 mil pesos, hasta que fue posible solucionar la situación de mi hijo”, comenta María.
Celeste, hermana de Lucio, además de llevar una despensa cada mes, para que su hermano se la entregue a quien lo amenazan en la cárcel, también aporta una cuota para la seguridad de su hermano, si falla un mes, le hacen una llamada para recordarle que no puede hacerlo e incluso lastiman al joven.
Situaciones como las anteriores se repitieron en varias familias que recibieron llamadas telefónicas, pidiendo sumas que iban desde los 2 mil, hasta los 10 mil pesos, por la vida o seguridad de su reo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua detectó y dio a conocer este tipo de extorsión a familiares de los presos, en 3 de las cárceles más grandes del estado. Esto después de que empresarios del estado dieron a conocer a la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX), que fueron víctimas de extorsiones y cobros de uso de suelo, por integrantes del crimen organizado, con llamadas que provenían del reclusorio.
A inicios de 2014, César Duarte afirmó “que se hagan las denuncias, porque en mi gobierno extorsión que se denuncia, extorsión que se resuelve a los responsables, por qué se han acabado las extorciones y secuestros en todo el estado, por que los delincuentes están en la cárcel”.
“Duarte, orgulloso, presume ante el país la seguridad de sus cárceles, sin embargo, en cualquiera de estos centros se puede encontrar AK-47, pistolas, escopetas, incluso máscaras antigás, cartuchos y  cuchillos, éstos sirven para despojar a los otros reos de sus pertenencias o lastimarlos para condicionar a su familia al pago de cuota de seguridad, una forma más de extorsión”, afirma el abogado René Zaldívar.
En febrero de este año, César Duarte Jáquez recibió la presea Águila Dorada, por los logros de su administración en la operación y administración de los reclusorios de la entidad, galardón que fue entregado dentro de la Conferencia de Invierno de la American Correctional Association (ACA), que se celebra en Long Beach en California, Estados Unidos.
Zaldívar señala que “las paupérrimas” condiciones en las que viven los internos en las cárceles van de mal en peor. Afirmando que aunque la extorción impera, también existen otros problemas dentro de los penales, como la violación a los derechos humanos, en cuanto a la garantía de estancia digna, simplemente la situación es mediocre, sin contar que Duarte ha asegurado que ningún interno a su salida, tenga la oportunidad de reinserción a la sociedad, ya que desde su perspectiva, un ‘delincuente’ que no cambiará, por eso las cárceles para él son castigo, no readaptación, “lo que significa una inminente falta de escrúpulos y humanidad. Un reo con el que no se trabaja en su personalidad, actitud y aptitud, efectivamente podría volver a caer en las redes delincuenciales, siendo la actitud nefasta del presidente la culpable de los siguientes daños”, advierte Zaldívar.
“Es inaceptable el creciente régimen de autogobiernos en centros penitenciarios, aunque éstos se presenten como los más seguros, no lo son porque no se lleva un análisis exhaustivo de cada penal, sino de los más importantes, donde en efecto se ha trabajado en cuanto a seguridad y protección, lo que demuestra debilidad institucional y de gobierno, que provoca un fomento y tolerancia a la corrupción dentro de este tipo de espacios”, afirma Zaldívar.
“El sistema penitenciario de Chihuahua representa un gran costo social, que no readapta, no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona, pero el problema más grave, es que no tiene una estrategia, ni siquiera a futuro, para reparar los daños a los familiares de las víctimas o éstas directamente, mucho menos a la sociedad que indirectamente salió o saldrá afectada”.
“Duarte planteó y ahora practica como ‘solución’ a la inseguridad y delincuencia encerrar a todo aquel que las autoridades consideren ‘delincuentes’; esto no será una solución, no sólo por la sobrepoblación que provocará, también por la correlación evidente entre crisis económica e índice de delincuencia. Ésta no se detiene y sí acrecienta presos. Se necesitan políticas de prevención de los delitos, programas sociales que realmente ayuden a quien lo necesite, no a quien le caiga bien a quien los proporciona, tampoco como moneda de cambio en épocas electorales. Urgen programas de atención a la pobreza; creación de empleos; mejoras laborales; soluciones que eviten la descomposición del tejido social, que en Chihuahua podría ser difícil de cambiar, dado que es el mismo gobernador quien rompió la posibilidad de una estabilidad”, afirma el académico Moisés Solórzano.
“Académicos, investigadores, activistas, sociedad civil, han salido a las calles a pedir y exigir a Duarte que ponga un alto a la impunidad; que en la persecución de los delitos y el castigo a la delincuencia se preserven los derechos humanos, ya que puede presumir de encerrar a muchos, pero también la ‘inseguridad’ ha servido de pretexto para reprimir a quienes alzan la voz en su contra, quienes dentro de un penal son brutalmente violentados por estar en contra del gobierno”, comenta Solórzano.
“Bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada, en Chihuahua, como en todo el país, se han cometido toda clase de arbitrariedades y violaciones a derechos humanos de cientos de inocentes. Las facultades ampliadas al ministerio público son un peligro inminente para todo aquel que busque denunciar los ultrajes del gobierno o de personal a quien éste proteja. Ya que ahora puede emitir órdenes de aprehensión, se aumentaron los plazos de detención. Se convalidan declaraciones ante el ministerio público e inclusive de policías, la cuales son obtenidas vía tortura de cualquier tipo y se llevan a cabo detenciones sin orden judicial”, argumenta Solórzano.
Lo anterior define a un “sistema inquisitorio que limita y viola los derechos humanos. Para Duarte un reo es una lacra social, porque en su sistema penitenciario, el método imperante es ‘eres culpable hasta que se demuestre lo contario’ y en un gobierno tan deleznable, con autoridades escasas de moral, la inocencia nunca existe”, argumenta Zaldívar.
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