Modelo de desarrollo promueve #despojo, #violencia y #racismo contra #pueblos; aumenta #paramilitarismo

Por: Edgar Rosas / 14 marzo, 2015

(14 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En el país la lucha de las comunidades indígenas por defender sus territorios o recursos ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de los años. Esta situación se ha presentado en circunstancias en las que el gobierno impulsa megaproyectos de la industria extractiva o pretende poner en marcha proyectos hidráulicos que despojen del agua a los pueblos originarios. Tal es el caso de la tribu Yaqui.

En palabras de Rachel Siedar, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el modelo económico establecido en el país privilegia la extracción de los recursos naturales. No obstante, manifiesta, la realización de los megaproyectos para poder obtener estos recursos deja un legado de violaciones graves a los derechos humanos, en donde es posible ubicar fenómenos como el desplazamiento forzado, violencia física, sexual y psicológica contra los pueblos, además de un auge importante del paramilitarismo.

En tal sentido, la maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Londres comenta que la criminalización de la protesta en México es un fenómeno en constante avance y en particular, la criminalización contra comunidades indígenas que protestan contra los megaproyectos se presenta de manera más intensa.

“Esta criminalización no es accidental, es una contraparte necesaria, parte de la apuesta de las élites nacionales para la apertura económica mundial a manos de las transnacionales extractivas, es decir el Estado ha permitido a las empresas actuar impunemente y ha puesto el aparato del sistema al servicio de ellos”, asegura.

Aunado a lo anterior, sostiene que la estrategia de militarizar las calles para garantizar la seguridad pública, acción justificada por la lucha contra el narcotráfico, se está utilizando cada vez más para combatir movilizaciones y resistencias comunitarias.

Manifiesta que ante esta serie de amenazas y ataques emprendidos contra las comunidades, se ha logrado tener un efecto de reactivación en la organización comunitaria de los pueblos con el fin de defenderse.

“Las amenazas han tenido el efecto de reactivar la organización comunitaria como forma de defensa. Estos mecanismos de autodefensa a favor de una mayor seguridad se han generalizado con distintos matices en el último periodo en el país. Lo cierto es que estas iniciativas de autodefensa siempre tienen un sustento más duradero cuando se trata de pueblos indígenas con trayectorias largas de auto organización. Pensamos en el caso Cheran”, argumenta.

De igual manera la investigadora detalla que ante esta ola de ataques en contra de las comunidades y sus recursos, las mujeres han comenzado a sumarse a las luchas con el fin de proteger sus derechos; esta situación, comenta, es relativamente nueva.

“Ante esta destrucción masiva por la minería u otros megaproyectos, y estas tácticas de hostigamiento contra sus comunidades, las mujeres indígenas a la par de los hombres han salido a desafiar las amenazas contra la capacidad de reproducción social; y sus acciones han sido fundamentales para mantener resistencia. Esto es relativamente nuevo, y están saliendo porque se está extinguiendo la capacidad de reproducción de sus familias”, apunta.

En lo referente a las luchas emprendidas por los pueblos, recordó el caso de la tribu Yaqui, en el cual se ganó una sentencia favorable por parte de la corte, sin embargo esta no se ha cumplido.  En tal sentido cuestiona “cuál es el sentido de resolver un conflicto mediante el derecho, dictar una sentencia y que no se cumpla”.

Por otro lado Rachel Siedar asegura que el Estado se encuentra en una crisis profunda y el caso Ayotzinapa lo dejó en evidencia. Comenta que la figura del Estado ha dejado de ser el lugar en donde hay política esperanzadora y afirma que para muchos se ha convertido en un mercado, un lugar en donde se negocia y se distribuyen los recursos del país.

En lo que respecta a la idea del derecho como herramienta de transformación expresa que duda de su existencia como tal, ya que, dice, hay ejemplos en donde la vía judicial se suma a las formas de represión y desmovilización en contra de quienes cuestionan al poder.

“El modelo de desarrollo que se promueve actualmente se vincula con el despojo, con el racismo y la violencia. Es realmente alarmante como está creciendo la criminalización de la protesta social y el autoritarismo en el contexto actual de la militarización, de violencia, de la delincuencia organizada y la violencia del Estado en nombre de la seguridad. Esto apunta hacía nuevo retos para la lucha de las comunidades indígenas, no sólo por sus derechos, sino por su mera sobrevivencia”, declaró.

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