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Por: Edgar Rosas / 23 abril, 2015

(23 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La problemática de feminicidios y violencia de género que azota nuestro país es una cuestión que ha causado alarma, no sólo al interior de territorio nacional, en las organizaciones que atienden estos fenómenos, sino además ha generado preocupación a nivel internacional, a tal grado que el diario británicoThe Guardian denunció, en un reportaje presentado hace unas semanas,  la situación que padecen las mujeres en México.

Este periódico señaló a nuestro país como el lugar más peligroso para ser mujer, y subrayó que el Estado de México, hoy gobernado por el priísta Eruviel Ávila, es una de las entidades donde la situación es más grave.

A pesar de este difícil contexto que ha sido denunciado por diversos sectores del país, y ahora por un medio extranjero, el gobierno mexicano no asume una postura clara para atender la situación ni ha otorgado la relevancia debida para resolver el problema.

Para Nayomi Aoyama, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y especialista de temas de género, el gobierno de Enrique Peña Nieto está sumido en una actitud indiferente ante los feminicidios, en donde además de no atender la problemática, trata de evadirla.

La jurista denunció que existe una falta de voluntad por parte de las autoridades para atender los feminicidios y la violencia de género, mismos que en estos primero meses de 2015 han registrado cifras altas. “Al gobierno de México le falta voluntad; todo parte de este aspecto, de una voluntad de que quieran resolver el problema y no negarlo, o invisibilizarlo. Esto es lo primero y de ahí se debería de partir”, sentenció.

Entrevistada por Revolución TRESPUNTOCERO, la especialista agregó que si bien se han implementado protocolos, estos no han sido eficaces “por lo que la situación no cambia; esto sólo es una medida con la que tratan de calmar las exigencia de las familias de las víctimas diciendo que se están implementando cosas”.

En este sentido manifestó  que los intentos presentados “más que asumir la responsabilidad de la problemática, simplemente tratan de dar una buena cara política, y decir ‘ya lo hicimos’ sin cumplir con la preocupación de muertes de mujeres por razón de género”.

Aunado a lo anterior dijo que la lucha de varias organizaciones de la sociedad civil (osc) por tipificar el feminicidio como delito ha tenido resultados, sin embargo detalló que a pesar que en 30 estados de la república ya se encuentra establecido en la ley, en 17  la tipificación es mala “ya que son tipos penales imposibles de acreditar”, por lo que el seguimiento y el castigo por el delito se complica.

“Lo que resulta de esto es que no haya sentencias condenatorias, porque los operadores tanto de las procuradurías de justicia de los estados, como la PGR, no tienen la capacidad para consignar a alguien por este delito, al ser tan subjetivo el tipo penal”, puntualizó.

Nayomi Aoyama explicó que en México aún no se ha declarado ninguna Alerta por Violencia de Género (AVG), esto a pesar que ha sido solicitada por organizaciones en diversos estados de la república.

Detalló que para poder activarse este mecanismo se deben pasar varias etapas, las cuales son: 1.- la admisión de la solicitud para activar la alerta; 2.- el desarrollo de una investigación sobre la situación que aqueja a la entidad; 3.- la realización de un informe completo de esta investigación, que se entrega a un comité determinador, encargado de decidir si procede la alerta.

Añadió que este proceso fue modificado y ahora se le dio la facultad al comité determinador de emitir recomendaciones a los estados de la república en caso de encontrar fallas en la materia de feminicidios y violencia de género; en caso de no cumplir las recomendaciones en un tiempo determinado, entonces sí se avala la AVG.

“Ahora hasta se le da una temporalidad a los estados para que puedan subsanar las irregularidades que hay. En entidades como Edomex y Nuevo León, la AVG está en proceso de investigación, de hecho la del Edomex lleva 12 meses en investigación, y aún no se ha dado ni un informe; la de Nuevo León fue admitida a inicios de año y también sigue en investigación. Y el caso que está más avanzado es Guanajuato, actualmente se encuentra en cumplimiento de las recomendaciones, aún no es declaratoria de alerta, sino que el comité le dio recomendaciones al estado, porque sí encontró una problemática, pero le dio una temporalidad para que cumpliera las recomendaciones y si no se cumplan se activa la alerta”, expuso.

La abogada enfatizó que es necesario que los funcionarios públicos tengan más sensibilidad para atender esta problemática alarmante, pues se vuelve fundamental tratar dignamente a las víctimas de esta clase de ilícitos.

“Falta mucho en la sensibilidad de los funcionarios públicos de todos los rangos, desde el operador más bajo hasta el secretario de gobierno, todos deben estar sensibilizados y entender que hay un problema real, que este problema debe ser atendido de manera adecuada”, subrayó.

Asimismo explicó que es importante que sobre el tema de la violencia de género y los feminicidios se inicie un proceso de despolitización, ya que dijo el que no se aborde de manera frontal este tema se debe a que los gobernantes no quieren aceptar la situación porque hacerlo representaría un golpe para la imagen de su administración.

“Esta actitud de ‘si se está trabajando ya no hay problema, todo esta arreglado’, se está viendo con una carga política, que a veces los gobiernos estatales o federal Sienten que la existencia de violencia feminicida en sus estados, para ellos es una señal de alarma social, entonces tratan de minimizar el problema para que se dé una imagen de su gobierno un poco más limpia, de un gobierno donde se está trabajando y no existe este tipo de violencia”, comentó.

Aunado a lo anterior detalló que esta politización del problema es uno de los factores que inhibe la implementación de programas eficaces para atender el fenómeno.

“Se debe entender que es un problema complejo y que debe ser entendido como tal. Esa politización de la violencia de género ha hecho que las cosas sean menos transparentes y que muchos mecanismos no puedan ser implementados, como el mecanismo de la Alerta de Género, que quizá en la ley sea tan virtuoso, pero al final en su aplicación no ha resultado, tanto que ha habido un bloqueo total de las autoridades a admitir la emisión de esta alerta”, dijo.

La jurista indicó que parte de las circunstancias que impulsan la violencia contra las mujeres ha sido la impunidad con la que se ha manejado este tipo de casos. Argumentó que el hecho de que existan tantos casos sin resolver da un mensaje social que muestra que cualquiera puede cometer delitos y no recibirá castigo.

“Hemos llegado a niveles alarmantes, niveles que no se deberían permitir, que deberían ser atendidos con urgencia y que deberían provocar que las autoridades voltearan la vista en la situación que están viviendo las mujeres en la república mexicana, que es alarmante y ha sido calificado como un problema de salud, más que social, que puede ser una de las principales causas de muerte de mujeres en México”, finalizó.

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