El #negocio del nuevo #penal de #Chiapas: 'cualquier #capo podrá #pagar para tener menos #vigilancia'

Por: Redacción Revolución / 15 abril, 2015

(15 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Poco después de terminadas las obras del Cefereso de Villa Comaltitlán, las manifestaciones se intensificaron a las puertas de la prisión y pareció que habían detenido el traslado de reos, sin embargo el recurso económico es recibido por el gobierno Velasco Coello, quien se encarga de entregarlo a la empresa Makobil desde el 5 de diciembre pasado, los cuales están siendo erogados del erario, según información de directivos del penal.

María José, chiapaneca que tiene una propiedad cercana al Cefereso comenta “nos han llegado informes y copias de documentos signados por el comisionado de Prevención y Readaptación Social Federal del gobierno, José Luis Muzzi, donde se informa que el contrato entre las autoridades y Makobil, la empresa que se encargara del penal, se firmó desde el 1 de diciembre del 2013 y concluye a finales del 2033”.

“Lo que quiere decir que mientras Velasco Coello nos veía la cara de estúpidos a todos los que pedíamos detener el penal, diciendo que él estaba de nuestra parte y no quería que se abriera la cárcel, el acuerdo estaba cerrado y sus palabras eran tan falsas como su gobierno y las fotografías de su propaganda”, comenta María José.

“La contratación de personal se inició a mediados de 2014 y en octubre de ese año las actividades habían dado inicio, poco tiempo después hubieron quejas de los profesionistas contratados (aproximadamente 400 personas), quienes denunciaron a la titular de los Ceferesos en el país, Celina Oseguera Parra. Ella se presentó en el penal una mañana de febrero, custodiada por escoltas y vehículos blindados, se reunió con los empleados y les informó que se irían a trabajar a otros Ceferesos, y un nuevo personal llegaría a trabajar ahí”, explica el abogado y analista político Gonzalo Egremy.

Agrega que, según testimonios de los empleados, intentaron explicar que debido a que su contrato era por 6 meses, mudarse sería complicado, como resultado los que se opusieron fueron cambiados de áreas. Un joven que trabajaba en el área de informática fue removido a custodio, a la par de ello, obligaron a que el personal denunciara con falsedades a otros compañeros para poder despedirlos fácilmente, desestabilizando así los equipos de trabajo.

“Hubo un grupo de trabajadores que al no tolerar todas las vejaciones recurrieron a los medios de comunicación y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tapachula y presentaron una queja. También se llevaron a cabo manifestaciones e incluso un paro laboral, que incluyó un bloqueo a una de las principales carreteras. Algunas jóvenes hablaron de acoso sexual, hostigamiento laboral y violaciones a derechos humanos por parte de los nuevos funcionarios que ingresaron por ordenes de Celina Oseguera”, comenta Egremy.

Los mismos trabajadores inconformes denunciaron que Celina Borraz, mientras estuvo a cargo de los penales en el sexenio pasado, su gestión fue de corrupción, venta de drogas, ingreso de fichas de teléfono, fichas de depósito y cambios de cuentas bancarias.

Un abogado que labora en el penal y prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias, declara en exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO que, “el verdadero negocio del penal son los traslados, gente de la licenciada Celina hizo convenios para trasladar a esta cárcel, que está catalogada como mediana seguridad, a reos de alta peligrosidad de otros Ceferesos. Las familias de los presos pagarán lo que sea para venir a un sitio de mediana seguridad, porque en los de alta peligrosidad es difícil absolutamente todo, las reglas internas de operación de esos penales no permiten un sin fin de cosas y tienen áreas de aislamiento y castigo, entonces esto es más relajado. Aquí puede venir cualquiera, incluso Zetas o cualquier capo que prefiera pagar y tener menos vigilancia”.

Información ofrecida por profesionistas que laboran dentro del penal en exclusiva paraRevolución TRESPUNTOCERO, da a conocer que funcionarios del sistema carcelario del país utilizaron indebidamente un helicóptero de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para su traslado del aeropuerto al Cefereso. De acuerdo con los testimonios, se asegura que también hicieron uso de un Jet privado Modelo Litle 45 matrícula XATBE, que los trasladó de Toluca, Estado de México, al aeropuerto de la ciudad de Tapachula, el miércoles pasado.

Las fuentes precisan que esos hechos son irregulares y conllevan a un abuso de poder y utilización ilícita de aeronaves. Los funcionarios eran: el comisionado, Juan Ignacio Hernández Mora; el director de administración del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, Paulo Uribe Arriaga; también de esa misma dependencia, Miguel Hernández Vital y Patricia Morales Luna, de la Coordinación de Centros Federales.

A su llegada a Tapachula estos funcionarios fueron trasladados por gente del Cefereso en camionetas con vidrios polarizados, y al parecer, blindadas, pero en vez de subir a las unidades automotoras, abordaron de inmediato el helicóptero con matricula XAUQV de PEMEX. Testigos del hecho afirman que la aeronave de la paraestatal salió de Villa Hermosa, Tabasco y llegó al aeropuerto de Tapachula, sólo para trasladar al Cefereso a los funcionarios. A su llegada los funcionarios federales se reunieron con directivos locales de la prisión, quienes se trasladaban en un convoy de camionetas con vidrios polarizados.

Dos horas más tarde dichos funcionarios abandonaron las instalaciones de la prisión, el piloto los regresó a la terminal aérea de Tapachula y abordaron el Jet privado que los había llevado a tierras chiapanecas. Abogados que laboran dentro del penal afirmaron que los funcionarios violentaron leyes, normas y reglamentos, por lo que la Secretaría de la Función Pública debe llamarlos a cuenta.

“Es un abuso de poder; además trasgredieron normas y reglamentos al haber usado indebidamente un helicóptero de PEMEX, esperamos que el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Gobernación, y puntualmente su titular  Miguel Ángel Osorio Chong, investigue  los hechos”, afirmaron.

María José afirma “desde que el penal comenzó a tener movimiento en su interior, no es casualidad que a Tapachula, la población más cercana a la cárcel y que tiene aeropuerto, han llegado jets privados, avionetas de donde baja gente a quien no le hacen ningún tipo de revisión y no entran por las puertas que son para todos los pasajeros comunes, todo bajo mucha seguridad y hermetismo, lo que nos pone nerviosos porque no sabemos qué clase de personas vendrán de ser un penal que tendrá reos de máxima peligrosidad, o si están viniendo altos mandos porque el peligro es inminente. La situación nos mantiene con pánico a la población, esto no es vida, Peña Nieto y Velasco nos la están acabando con el estrés y el temor”.

Sobre el tema el senador Zoe Robledo declara “fue un error la construcción de este Cefereso pero será un doble error ponerlo en operación. Este Cefereso eventualmente se va a inundar con todos los presos adentro. Yo pedí a las autoridades de Protección Civil el dictamen donde se determina que ya no es un terreno de alta peligrosidad del inmueble ante las inundaciones, quienes informaron que ellos no han emitido documento de este tipo”.

“Otro de los riesgos y que ha sido aceptado por SEGOB, es que este penal se encuentra en una zona vulnerable frente a sismos y una posible erupción del volcán Tacaná”, puntualiza Robledo.

Y agrega “pese a que el tema ambiental es importante, no debemos perder de vista que el rechazo a esa construcción y operación de este centro, es porque tanto la sociedad civil como empresarios quieren vivir del comercio, del turismo, de las producciones frutales; no de ser la sede de un centro de reinserción social de alta peligrosidad”.

“Chiapas es un estado que según la clasificación de la Grand Corporation, su zona fronteriza presenta 5 de los 7 indicadores que predicen ingobernabilidad, no entiendo en qué manera la construcción de un Centro Federal de Reinserción Social, que no es para chiapanecos sino para criminales de otras partes de nuestro país, va a ayudar a la frontera. Esto pareciera un embate más a ésta de por sí vapuleada frontera”, puntualiza Zoe Robledo.

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