La rebelión de los #jornaleros de #SanQuintín: recuento de #abusos, #explotación y #violación a sus #derechos

Por: Eridani Palestino / 1 abril, 2015

(1 de abril de 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California, es uno de los poblados agrícolas más importantes de México, ahí se producen tomates, calabazas, zanahorias, cebollas, ajo, lechuga, brócoli, fresa y otra gran variedad de productos. Todos mantienen una calidad de exportación, donde las empresas estadounidenses mantienen el mando.

Y debido a la situación de abuso laboral que se vive en dicha zona, Fidel Sánchez Gabriel, líder del movimiento más grande de trabajadores agrícolas, a la par de otros líderes convocaron al paro de labores y bloqueo de la carretera transpeninsular el 16 de marzo, esto debido a la importancia de la zona, ya que es la vía que conecta las ciudades más importantes de la península de Baja California como Tijuana, Ensenada, La Paz y Los Cabos.

Esto provocó que las autoridades -policías estatales, federales y miembros del Ejército mexicano-  intervinieran para desalojarlos. Los manifestantes quemaron llantas en vías públicas, rompieron cristales de negocios, bloquearon la carretera con piedras y arrojaron objetos a policías y militares, según las autoridades.

El subsecretario del Gobierno de Baja California, Pablo Alejo López, dijo a la AP que habían arrestado a “poco más de 200 personas”, muchas de las cuales fueron luego liberadas, según la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Jornaleros en el olvido

Los abusos se sucedían. Sueldos de hambre, condiciones de vida miserable, horas extras que no eran abonadas. La explotación laboral era moneda corriente.

“Los jornaleros somos hombres y mujeres de carne y hueso, no sólo manos para trabajar el campo. Tenemos rostro, nombre y familia; somos decenas de miles, porque junto a nosotros están nuestros hijos también jornaleros, como lo han sido nuestros padres, por eso quisimos mostrarnos y mostrar nuestra fuerza”, sentenció Sánchez Gabriel el día que estalló el paro.

Sus demandas son las siguientes: 

• Revocación del contrato colectivo que firmó anteriormente la C.T.M y C.R.O.M con la Asociación de Agricultores, ya que en la actualidad estos últimos afirman “padecemos graves violaciones a nuestros derechos laborales y humanos”
• Que se respete el derecho de antigüedad
• Que todos los trabajadores estén afiliados al IMSS desde el primer día de su ingreso a una empresa y así gozar de un servicio médico
• Que se paguen todas las prestaciones de ley a los trabajadores, el séptimo día y festivos
• Pago de las horas extras doble y triple
• Que a las madres trabajadoras se les respeten sus derechos, de seis semanas libres antes y seis semanas después del parto, puntualizando que no debe existir más tolerancia al acoso sexual por parte de los mayordomos de cuadrilla, o mayordomos generales y o ingenieros encargados de los ranchos.
• Solicitaron que al participar en el movimiento y el paro, no existan represalias en contra de los trabajadores que participen directa o indirectamente, enfatizando que el salario mínimo estatal sea de 300 pesos por día
• Y que cada caja de fresas se pague a 30 pesos, ya que desde el 2001 se está pagando a 10 y 12 pesos.
• A pesar de esto, el 24 de marzo se restableció el diálogo con las autoridades estatales donde una comitiva de trabajadores mantiene un plantón a las afueras del Centro de Gobierno. Además de los que se concentran en zonas como Camalú, Díaz Ordaz, Colonet y Vicente Guerrero.
• Pero al siguiente día las negociaciones entre los jornaleros de San Quintín y las empresas para las que laboran no iban por buen camino ya que los trabajadores rechazaron un incremento del 6% salarial que no los dejó contentos ya que ellos solicitan un salario mínimo de 300 pesos.

¿Y las autoridades?

Hasta el 31 de marzo la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fue acusada por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) de ignorar la búsqueda de propuestas para mejoras las condiciones de los jornaleros.

José Narro, dirigente de la CNPA, aseveró que ha tenido desde 2014, reuniones con funcionarios de esa dependencia y empresarios agrícolas para ofrecer cofinanciamiento en la construcción de escuelas y albergues para los trabajadores.

“Tenemos (reuniones) prácticamente desde el año pasado, desde la propia Secretaría de Desarrollo Social, hasta Pedro de León, que es Coordinador Nacional de Delegaciones. Han venido los empresarios con nosotros a presentar los proyectos, y hasta ahora no hemos tenido respuesta”, señaló Narro.

No sólo en California

Los jornaleros del campo en México son de los más pobres entre los pobres y explotados entre los explotados. “Ninguna convención o tratado internacional que ha firmado el país, ha sido indicador de un cambio en las condiciones de vida de los campesinos, quienes siguen manteniendo las mismas condiciones de la Revolución”, dio a  conocer la Organización Nacional Campesina (ONAC).

En 17 estados del país, principalmente Sinaloa, Sonora, Chihuahua, y Baja California Sur, indican, se registra explotación de jornaleros migrantes y locales. Sobre el tema Yil Felipe, coordinadora de programas de Save The Children, considera particularmente preocupante la situación de los migrantes indígenas que se trasladan de la Sierra Tarahumara, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Oaxaca a los campos de caña de azúcar, papa, tabaco y jitomate, entre otros cultivos, del Estado de Sinaloa.

Quienes afirma, “son sacados de sus comunidades, por un intermediario entre el productor y los jornaleros conocido como ‘camionero’, ‘cabo’ o ‘enganchador’, quien les ofrece trabajo y traslado gratuito a los campos agrícolas y así es como se desarrolla la explotación”.

Según organizaciones no gubernamentales, una de las entidades donde se presume un alto índice de ‘esclavitud’ de trabajadores es Baja California, en donde la industria agrícola se encuentra en manos de 12 empresas que llevan explotando algunos de los campos de cultivo más extensos de México desde hace más de 4 décadas.

Según informes de Amnistía Internacional, existe una invisibilización deliberada de los jornaleros que descansa en la omisión en estadísticas oficiales; exclusión en las políticas públicas educativas, laborales y de desarrollo social; al mismo tiempo se da el ocultamiento de las agroempresas de la utilización de trabajo infantil; limitada producción de conocimiento en las instituciones de investigación; escasez de organizaciones no gubernamentales trabajando efectivamente en el tema, e indiferencia de la sociedad.

“Es urgente que el Estado mexicano establezca un control efectivo sobre el uso de plaguicidas sintéticos en la agricultura de modo que se proteja la salud de los jornaleros y de sus familias, pero también se preocupe por sus condiciones de vida y sus salarios, además de las prestaciones de ley”, afirma Samuel Salinas, investigador social.

¡Comenta, debate y comparte este post!, recuerda ¡Romper el cerco informativo está en tus manos!

¡No te pierdas y comparte los programas de #TVDELBOTE!

Por cierto, ¿Ya hiciste tu contribución económica?, ¡Espero tu apoyo para www.tiraderodelbote.com http://ow.ly/qbLIv