'Al inocente lo hacen culpable y al culpable general': militar 'desterrado' por denunciar abusos del ejército

Por: Cecilia Balderas / 22 mayo, 2015

Parte 1 de 2

(22 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Teniente Zapador del Ejército mexicano, Marcos Gerardo Mendoza Pérez, teme por su vida, pero teme aún más no volver a ver a su pequeño hijo de 10 años de edad, con quien no pasa un día completo desde hace tres años, cuando lo acusaron de insubordinación y lo recluyeron en la prisión militar.

El agresor, ahora pareja sentimental de la madre de su pequeño, vive con el niño y todo parece indicar que lo ha aleccionado para que se distancie cada vez más de su padre.

Desde el Campo Militar 39-A, ubicado en Ocosingo, Chiapas, y aprovechando que por un momento logró tener señal en su teléfono celular, el teniente denunció las irregularidades de las que ha sido objeto desde el 19 de septiembre de 2012, en que fue baleado con dos tiros en la espalda.

Mendoza narra, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que le informaron que sería puesto a disposición, por lo que tuvo que trasladarse a Chiapas para desempeñarse como policía militar, pero con un motivo de fondo: “me mandaron a Ocosingo para que no pudiera tener contacto para seguir quejándome…me mandan como policía militar y yo nunca lo he sido, sólo tengo los conocimientos básicos, mis actividades han sido otras; me dieron el cambio argumentando que tenía experiencia cuando no es así”, sostiene.

Unas cuantas semanas después de ser liberado, el teniente solicitó su baja del Ejército mexicano, pero un trámite que no debería tardar más de 15 días en ser aprobado –o un par de meses según calcula el todavía militar, dadas las condiciones de lejanía del lugar en que por ahora brinda su servicio- ha ido retrasándose una y otra vez.

Mientras estuvo en prisión, acusado de insubordinación y de haber agredido físicamente a un superior, a Mendoza le retuvieron la mayor parte de sus prestaciones. Como marca la ley, estas debieron de regresársele una vez dimitido el problema, pero no ha sido así; aunque lo ha solicitado en diversas ocasiones, no ha tenido acceso a los recursos. La dependencia argumenta que las solicitudes no han sido presentadas en tiempo y forma, aunque hay acuses que muestran lo contrario.

“Por la pura presunción de culpabilidad le quitan a uno su dinero, cuando la Constitución marca que no debe ser así, que debe uno ser sancionado hasta que haya una sentencia; para mí, el militar, es un fuero de juguete, porque aquí al inocente lo hacen culpable y al culpable general”, dice Mendoza.

La ley también prevé que cuando un elemento del Ejército pide su retiro, la institución tiene por obligación ascenderlo al rango superior inmediato para que al retiro, goce de mejores prestaciones, lo que implica además una pensión mayor; sin embargo, a Mendoza le han dicho que de aprobarse su baja, no sería promovido a Capitán Segundo de Zapadores, jerarquía que por derecho le tendría que ser asignada.

El conocimiento que sus superiores tienen sobre el litigio que mantiene para exigir que le permitan convivir con su hijo, no fue impedimento para que fuera enviado al sur del país; sus jefes inmediatos argumentan que “es una orden del secretario”, Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y que una orden suya no se cuestiona, se cumple.

“Quiero convivir con mi hijo, él me dice que quiere estar conmigo, pareciera que su mamá lo tiene amenazado o alineado”, comenta el militar, pues le preocupa que precisamente quien le disparó viva bajo el mismo techo de su pequeño.

El teniente recuerda que incluso estando preso, su hijo no dejó de recibir recursos para su manutención. Mientras seguía el proceso jurídico en su contra, del raquítico sueldo que todavía percibía se destinaba una partida para el menor.

En tanto, el coronel de justicia militar, José Raúl Celedón Lamas, su agresor, mantiene un litigio con dos mujeres que lo demandan por no dar pensión alimenticia a sus respectivos hijos. Las controversias del orden familiar están asentadas en los expedientes número 1489/1999 y 171/2014 en el juzgado militar, sin que hasta el momento el coronel haya sido reconvenido de forma alguna.

“Pareciera que tener una jerarquía en el Ejército da el derecho a tener impunidad, como los políticos”, dice Mendoza.

El teniente argumenta que la madre de su hijo ha reconocido, incluso frente al juzgado militar, que no le permite ver al niño porque no quiere; sin embargo, ninguna autoridad le ha hecho siquiera un llamado a cambiar de actitud porque “ha habido tráfico de influencias, han asignado a personas (en el juzgado) que conocen al señor que me disparó”, aclara.

Sobre la resolución del trámite que lo mantiene en el Ejército, el teniente Mendoza dice que “no me quieren dar la baja porque he denunciado constantemente los abusos que hay; al Ejército le molesta que uno informe y denuncie lo que pasa. También creo que me quieren tener aquí como detenido, para afectarme. Ellos son muy mañosos, el campo militar está muy aislado, con un accidente o el desbarrancamiento de un camión podrían acabarme…hay muchos que no se tientan el corazón para matar a alguna persona”… 

La agresión

Minutos después de las dos de la tarde, el teniente Marcos Gerardo Mendoza se dirigió al municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, para ver a la salida de la escuela a su hijo, el 19 de septiembre de 2012.

El pequeño asistía a la primaria en el Instituto Educativo Las Américas y Mendoza se trasladó a las inmediaciones del colegio para verlo por unos momentos, pues desde hacía tiempo atrás, la nueva pareja de la madre del pequeño le impedía verlo. José Raúl Celedón Lamas, coronel de justicia militar utilizaba su “jerarquía” para impedir la convivencia.

Ese día Mendoza y Celedón coincidieron en la escuela. Frente a cientos de padres que también habían acudido a recoger a sus hijos, el coronel disparó por la espalda en cinco ocasiones a Mendoza. Afortunadamente sólo dos tiros dieron en el blanco: uno en la espalda, mismo que le perforó el pulmón y otro en el costado izquierdo. Los testigos de la agresión identificaron plenamente que el agresor había sido Celerón.

El coronel huyó del lugar llevándose al pequeño y horas después se presentó ante la justicia militar. Ahí dio cuenta de lo que había pasado, acusó a Mendoza de insubordinación y de haberlo agredido “a cabezazos”, por lo que dijo, se vio en la necesidad de responder para defenderse.

En tanto, Mendoza había sido conducido al Hospital General Militar por un grupo de soldados que lo ayudaron cuando clamaba por auxilio, luego de arrastrarse hasta el deportivo El Huizachal, ubicado a unos metros del colegio. En el nosocomio pasó varias semanas, pero cuando iba a ser dado de alta, la Policía Judicial Federal Militar llegó para arrestarlo.

Todavía convaleciente, fue conducido al penal del Campo Militar Número Uno, donde pasó dos años, dos meses y cuatro días recluido.

El juez miliar desestimó –tras una investigación inconsistente, en la que no hubo reconstrucción de los hechos y se comprobó que la expareja de Mendoza había sobornado a un par de personas para que testificaran a favor de Celerón- las lesiones por arma de fuego sufridas por el teniente, pero sí permitió que fuera acusado por “insubordinación en vías de hecho causando lesiones al superior”.

“Contrataron a una pareja para que declarara, son testigos falsos que se contradicen entre ellos mismos; no ha habido reconstrucción de los hechos, el perito en balística argumentó que no había encontrado ninguna ojiva, cuando otro testigo informa que sí, que sacaron una de su carro. El perito miente, el MP miente porque sí hubo disparos”

Hasta hoy, la justicia civil no ha emitido una respuesta por la denuncia por intento de homicidio que levantó Mendoza, lo que ha permitido que el coronel permanezca en libertad y, peor aún, en funciones.

Cabe señalar que cuando ocurrió la agresión, ninguno de los militares portaba el uniforme. Tampoco estaban asignados a áreas similares, ni existía una relación directa en la jerarquía que pudiera configurar la subordinación. Cuando ocurrió la agresión, ambos militares estaban fuera de servicio y en una zona civil.

Aun así, las autoridades militares no consideraron pertinente aprobar la solicitud del teniente Mendoza en la que pidió trasladar su caso al fuero civil, pero él interpuso la denuncia correspondiente ante un Ministerio Público del estado de México.

Desde Ocosingo, Chiapas, el teniente clama por justicia. No exige nada más, sino que se proceda conforme a derecho, y se emita una sentencia por el intento de homicidio de que fue objeto a manos de Celerón.

El militar sostiene que la Procuraduría del estado de México no ha hecho nada durante los últimos dos años para dar una sentencia a su caso, aunque los exámenes médicos comprobaron que no había signo alguno en su cabeza que comprobara el dicho de Celerón sobre la supuesta agresión “a cabezazos”.

En una segunda entrega, el teniente narra las condiciones que vivió en la prisión militar, su encuentro con dos militares acusados de la ejecución de Jorge Cantú Cantú, ultimado en Monterey, Nuevo León en 2011; la intervención del Ejército en el desalojo de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 2009, y la respuesta a una carta enviada por el diputado Francisco Arroyo Vieyra –vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados- al General Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional para que intervenga en el caso, aún con los antecedentes que de él tiene Mendoza.

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