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Crisis que vivimos tiene los nombres Ayotzinapa y Tlatlaya; “EPN no puede evadir responsabilidad en crímenes de Estado”

Por:  / 4 julio, 2015
fuerejercitoCOMPARTE
(04 de julio, 2015).-  “Los últimos meses del 2014 y hasta julio de este año la crisis política y económica en México tiene los nombres Ayotzinapa y Tlatlaya”, y en ambos casos intervino el Ejército, fue el mensaje central de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos a representantes de organizaciones sociales estatales, nacionales e internacionales, en la tercera Convención Nacional Popular.
Poco más de 120 padres de familia, normalistas, representantes de organizaciones sociales y activistas acudieron a la inauguración de la Convención, en la explanada de la Normal Rural de Ayotzinapa ubicada en Tixtla. En donde el vocero de los padres Melitón Ortega, pidió a los activistas “a continuar unidos en la lucha social y no perder sus objetivos: la presentación con vida de los normalistas, el esclarecimiento de los hechos, y castigo a los culpables materiales e intelectuales de los ataques en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre”.
Dentro de las actividades se instaló la primera mesa de discusiones programada, sobre el análisis de la lucha social de octubre del año pasado a junio de 2015. Las actividades y debates concluirán este domingo. En donde ya se presentó una ponencia en la que hace énfasis en la crisis abierta con el caso Ayotzinapa, la cual mencionan, dista mucho de estar resuelta, debido aque Enrique Peña Nieto y la llamada “verdad histórica” no aportan una explicación creíble para evadir su responsabilidad en ese crimen de Estado.
Las exigencias también incluyen, justicia y respeto a los derechos humanos contra los crímenes de Estado: desaparición forzada, tortura y ejecuciones; el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU y la CIDH sobre las desapariciones forzadas, la soberanía y autonomía política, económica y social, defensa del territorio, el derecho al agua y a todos los recursos naturales.
Así también se busca afianzar la propuesta del Plan Nacional de Lucha incluye la calendarización de encuentros estatales entre los padres de los normalistas desaparecidos y las organizaciones sociales, una manifestación el 15 de julio, y las siguientes acciones globales por Ayotzinapa el 26 de julio, el 26 de agosto y el 26 de septiembre, siendo éste último el primer aniversario de los ataques en Iguala.
Los padres reiteran que su lucha es ante la inseguridad y el Estado fallido en el que se ha convertido el país, sobre esto, ya desde fines de 2008, se dio inicio a una difusión de afirmaciones de académicos, militares estadounidenses y de la CIA, indicando que México es un «Estado fallido», fracasado, al borde del caos. En todos los casos, se da a entender que el gobierno pierde el control de la situación, las mafias del crimen organizado se apoderan del país a través de la corrupción de los mismos mandos oficiales, ante lo cual la población se siente cada vez más desprotegida, pierde la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes y recurre a la autoprotección.
Por su parte, Sandra Kanety Zavaleta Hernández, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, asegura que, “la realidad nacional se encuentra plagada de injusticias y vejaciones (evidentes cada día y en todos los rincones del país), que nos colocan en la más grande crisis de seguridad humana de nuestra historia, pese a ser demandas urgentes, la inseguridad, pobreza, la insuficiencia alimentaria, la fragilidad social, la carencia en servicios de salud, el rezago educativo o las condiciones laborales mermadas, son temas ausentes en las agenda de seguridad y de desarrollo de la nación”.
A esto se le suma el posicionamiento que Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, tuvo en cuanto a Ayotzinapa y Tlatlaya, “ambos casos representan el lamentable ejemplo de la crisis que en materia de derechos humanos se vive en México. En ese contexto hay un marco general de impunidad, de omisiones, de inacción y complicidad de los agentes del Estado, es así como esta crisis de derechos humanos se manifiesta en la inestimable cifra de desapariciones forzadas”.
Según datos de organizaciones civiles, en el país hay poco más de 22 mil personas desaparecidas. En cuanto a ejecucionesarbitrarias, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señalan en su informe que desde 2007, al menos 80 mil personas fueronejecutadas por fuerzas armadas, en hechos relacionados con el combate a la delincuencia organizada
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