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En albergues del DF personal tortura y abusa sexualmente de personas con discapacidad; gobierno no actúa

Por:  / 23 julio, 2015
abusodiscapacidad
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(23 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO):- En el Distrito Federal las personas con discapacidad que se encuentran internadas en alguna institución se enfrentan a una difícil realidad, pues son víctimas de tortura o tratos crueles e inhumanos, esto a pesar que las autoridades están enterradas de la situación y no hacen nada para detenerlo.
Lo anterior fue revelado por  la organización Disability Rigth International (DRI), quien esta tarde  presentó su informe: “Sin Justicia: tortura, trata y segregación en México”. En este dieron a conocer que en la capital de la república existe un contexto de violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos de personas con algún tipo de discapacidad, mismas que se encuentran en albergues o centros.
El organismo informó que luego de dos años de investigación, pudo conocer que las autoridades del DF poseen una “lista negra” donde agrupan a las instituciones para niños o adultos con discapacidad que son identificadas como “potencialmente abusivas”. Sin embargo, detallaron que a pesar que tienen conocimiento de los malos tratos, las autoridades no han emprendido acciones y han permitido que estos centros que violentan derechos sigan operando sin supervisión.
De manera puntual DRI informó que en esta indagatoria se pudo documentar abusos como tortura sexual, maltratos físicos, esterilizaciones forzadas y sujeciones físicas. Además que en algunos casos se sometía a las personas con discapacidad a trabajos forzados, esto con la displicencia de las autoridades.
“Detrás de las puertas cerradas de las instituciones para personas con discapacidad en la Ciudad de México, ocurren abusos atroces que constituyen nada menos que tortura. A los niños y adultos se les niega cualquier tipo de tratamiento médico, estos languidecen cubiertos en su propia orina y heces en condiciones deshumanizantes e inhumanas. Algunas personas con discapacidad permanecen en jaulas. DRI ha encontrado niños, niñas, hombres y mujeres que son violados y abusados sexualmente de manera repetida. Algunos son detenidos y explotados con fines sexuales y de trabajo forzado”, detallan en el informe.
DRI expuso la situación de abuso que se cometía en la Casa Hogar Esperanza para Débiles Mentales, una de las 25 instituciones que el GDF tenía marcada en la “lista negra” como centro que maltrata a sus internos.
De acuerdo con los datos proporcionados, el DRI informó a las autoridades capitalinas sobre la terrible situación que se daba en este centro desde junio de 2014. Sin embargo el organismo explicó que las autoridades no tomaron cartas en el asunto y permitieron que esta institución siguiera operando a pesar de los abusos denunciados, tales como tortura sexual y esterilización forzada.
“Casa Esperanza la visitamos en 2014, era tan abusiva que DRI presentó la información recopilada ante el DIF-DF, buscando una acción inmediata para parte de dicha autoridad para proteger a las personas. DRI observó (en esta primer visita) a niños y adultos encerrados en jaulas, amarrados o postrados en camas de manera permanente, y viviendo en condiciones miserables. El director del centro informó que las niñas y mujeres eran esterilizadas porque no podían protegerlas contra el abuso sexual”, detallaron.
Aunado a lo anterior explicaron que el DRI regresó en mayo de 2015 a Casa Esperanza, encontrando que la situación no había cambiado, y las autoridades habían pasado por alto las denuncias hechas un año antes.
“DRI regresó en mayo de 2015, con la asistencia de la Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal y encontró que el DIF capitalino no había tomado ninguna medida y los abusos persistían. Además encontramos que de las personas ahí detenidas fueron ingresadas sin documentos de identidad y algunas de las mujeres eran abusadas sexualmente de manera repetida dentro de la institución, por parte del personal y otros”, comentaron.
En este sentido, Humberto Guerrero director para México y Centroamérica de DRI, detalló que el pasado 24 mayo, fecha en que se realizó la visita a Casa Esperanza, se rescataron a 7 personas, 5 de ellas mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual y 2 personas más que se encontraban en condiciones delicadas de salud a grado que se advirtió que si no salían en ese momento corrían el riesgo de morir.
Guerreo enfatizó que las acciones para detener la operación de este centro-que operó por 40 años- son el resultado de la presión ejercida por el organismo, pero no por la voluntad de las autoridades de atender este problema.
De igual forma detalló que una de las cuestiones graves es que Casa Esperanza operaba con recursos públicos, hecho que eleva la irresponsabilidad de las autoridades en el caso. Manifestó que la obligación de las autoridades en el hecho era supervisar las acciones de la Casa, pues además de tener el compromiso de garantizar el respeto a los derechos de las personas con capacidad, aportaba recursos.
“Esta Casa operaba con recursos públicos y la mayoría de las personas que se encontraban eran mandadas por las propias autoridades del sistema DIF y recibía esta casa una cantidad de dinero por la manutención de estas personas. Entonces la obligación de la autoridad era supervisar que era lo que estaba pasando. Además de la obligación de garantizar el derecho debía supervisar porque aportaba dinero. Adicionalmente se pudo constatar por un documento oficial por escrito que las autoridades autorizaban la esterilización forzada en convenios entre la casa y el DIF. Por eso hablamos de una política de cometer estas violaciones y al menos en uno de los casos, está documentado que fue una institución pública federal en el DF quien realizo la esterilización y que además en una de las víctimas se realizó cuando aún era niña”, dijo.
Priscila Rodríguez, directora del Programa de Mujeres de DRI, añadió que los abusos cometidos en Casa Esperanzas son graves. “Estamos hablando de tortura sexual. Estamos hablando de esterilización forzada, que fue hecha para cubrir el abuso y violación que ocurría. También hablamos del uso de sujeciones prolongadas en el caso de niños y adultos, que también constituye tortura. Estamos hablando de tratos crueles, inhumanos y degradantes por las condiciones antihigiénicas, de completa falta de tratamiento médico y de rehabilitación para reintegrarlas a la comunidad.  Toso esto con el consentimiento del gobierno, pues las autoridades sabían de los abusos que ocurrían en Casa Esperanza”, dijo.
Rodríguez manifestó que en la investigación emprendida por DRI se visitó 24 instituciones que albergan personas con discapacidad, en las cuales se encontraron las mismas condiciones de abusos por parte del personal.
“Todo esto se debe a la falta de supervisión y monitoreo por parte de las autoridades. El gobierno y las autoridades no tienen idea cuantas instituciones hay, ni cuántos niños y adulto hay y por tanto o tienen idea de cuáles son las condiciones en las que estas personas viven”, expuso.
En este sentido añadió que uno de los problemas a los que se enfrentan los sobrevivientes de Casa Esperanza- y los que han sobrevivido a otros abusos- es que no hay espacios seguros en donde puedan permanecer. En este sentido comentó que las personas que fueron sacadas de Casa Esperanza el gobierno las mandó a otras instituciones donde se corre el riesgo que actúan de la misma forma, con abusos.
“Los residentes de Casa Esperanza merecen justicia así como protección inmediata contra los abusos que persisten en el sistema de servicios. Por desgracia este caso muestra la completa ausencia de alternativas humanas basadas en la comunidad que sustituyan las instituciones abusivas en México. No se ha podido reintegrar a estas personas a la sociedad, las autoridades simplemente han trasladado a los sobrevivientes de Casa Esperanza a otras instituciones”, se menciona en el informe.
Aunado a lo anterior Priscila Rodríguez manifestó que una de las principales violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad es la segregación. Además exigió reparación del daño para las víctimas de Casa Esperanza.
“Los sobrevivientes de Casa Esperanza merecen justicia y reparación del daño. La principal reparación es la reintegración a la sociedad. La principal violación que hablamos es la segregación con base en la discapacidad de una persona, que es una de las formas más severas de discriminación y esta segregación lleva a los abusos. Parte de la reparación implica que ya no exista esta segregación y que las personas sean integradas a la comunidad. Hemos encontrado que en México las alternativas a estas instituciones no existen. Al DIF le pedimos en 2014 que creara estas alternativas, pero no lo hicieron. Las personas que salieron de Casa Esperanza en este momento están en otras instituciones porque no se crearon las opciones para que estas personas puedan vivir en la comunidad”, dijo.
Por otro lado, Eric Rosenthal, director ejecutivo de Disability Rights International (DRI), comentó que este caso fue llevado ante la ONU el año pasado. Dijo que Naciones Unidad exigió a México cerrar este tipo de lugares en donde existe abuso a personas con discapacidad.
“Debo decir que en México como en otros países lo que más se da es la segregación. Al tener segregados a estas personas, están violando los derechos internacionales con los que cuentan y esto no sólo sucede en México, lo he visto en otros países en los cuales el mayor problema es que no han cerrado las instituciones psiquiátricas u orfanatos en donde se llevan a cabo estas malas prácticas (…) el año pasado volvimos a llevar esta situación a la ONU, donde la ONU le exigieron a México cerrar este tipo de instituciones como Casa Esperanza; llevamos este caso de Casa Esperanza hasta el DIF y lo que aprendimos es que las autoridades no están haciendo nada para detener el problema. Cuando fuimos a rescatar a las personas de Casa Esperanza nos dimos cuenta que no podíamos trabajar con las autoridades porque lo único que hicieron fue tomar estar personas y botarlas en otras instituciones en donde continuarían violando sus derechos”, manifestó.
Aunado a lo anterior mencionó que la problemática de México en cuanto a los abusos en contra de personas discapacitadas cuenta con dos características que hacen que la situación sea pero que en otras partes del mundo.
“La primera es que encerrar, segregar e ignorar a las personas está muy mal, pero lo que esta aun peor es explotarlos y lo que nosotros pudimos observar aquí, es no sólo el encierro sino un abuso sexual y trabajo forzado. Las mujeres que llegaban ahí por problemas psiquiátricos o psicológicos eran abusadas sexualmente y luego las obligaban a trabajar en las casas de las personas que habían abusadas de ellas. Esta explotación es trata humana; lo que nosotros vemos aquí es a los seres humanos siendo tratados como bienes y eso es una muy mala práctica. La segunda razón por la que aquí en México está peor que en cualquier otro lugar que yo haya visto es por el hecho que las autoridades mexicanas estaban al tanto de lo que sucedía, sabían perfectamente dónde estaba sucediendo, y se los denunciábamos una y otra vez y nunca hicieron nada al respecto”, expuso.
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