En el caso Tlatlaya debe investigarse responsabilidad de EPN como jefe de las fuerzas armadas: Edgar Cortez

Por: Edgar Rosas / 5 julio, 2015

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(05 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Tlatlaya es un pico, un punto alto en el tema de abusos y violaciones graves a derechos humanos por parte del ejército, así lo manifestó Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

El defensor de derechos humanos manifestó que este 2016 se cumplen 20 años de que las fuerzas armadas, en especial el ejército, iniciaron con las labores de seguridad pública, mismas para las que no están entrenados.

“En diciembre de 1995, se aprobó en el Congreso lo que fue la primera ley de seguridad pública nacional, y ahí se estableció que las fuerzas armadas podrían participar en labores de seguridad. En 1996 comenzó la labor de las fuerzas armadas en el tema de seguridad, en ese año hubo una controversia ante la SCJN para determinar si esa participación era Constitucional o no, la resolución de la SCNJ fue que sí era Constitucional la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a las instituciones civiles de seguridad, pero tenía dos requisitos: el primero era que este apoyo era a petición de las autoridades civiles; y segundo que en el caso de que se diera ese apoyo de las fuerzas armadas a labores de seguridad pública de los ejecutivos, estos tendrían la responsabilidad de coordinar y quedaba bajo su responsabilidad la participación de las fuerzas armadas en esta labor; y esta es una de la grandes omisiones”, manifestó.

Al respecto detalló que a casi dos décadas de la salida del ejército a las calles, las violaciones a los derechos humanos han sido un patrón presente en las labores de las fuerzas castrenses. En lo referente dijo que hoy la sociedad este frente al caso Tlatlaya pero antes existieron otros en donde militares violentaron derechos de la sociedad.

“Creo que con esto habría que decir que son 20 años y que hoy hablamos de Tlatlaya, pero hace tiempo hablamos del Charco, de Acteal, de las operaciones de los militares contra las comunidades Zapatistas en los 90 y muy reciente  junto con Tlatlaya hemos venido hablando de Tanhuato, de Apatzingan y un número significativo de casos donde ha habido graves violaciones a los DDHH y donde no ha habido investigaciones. Lo que hay que señalar que Tlatlaya no es un caso aislado ni circunstancial sino el resultado de una política que está a punto de cumplir 20 años”, manifestó.

Por otro lado mencionó la poca eficacia que el gobierno ha tenido en las investigaciones del caso Tlatlaya. Dijo que esta poca claridad no permite dejar claro si existió el uso de la fuerza excesivo. Sin embargo comentó que: “Ha habido dos trabajos de un grupo de investigadores sobre índices de letalidad. Lo que han determinado en estas investigaciones es que analizando los patrones de número de muertos y heridos por militares o fuerzas de seguridad, hay una tendencia en donde se puede asegurar que de manera sistemática recurrentemente las fuerzas armadas están haciendo uso excesivo de la fuerza y muy probablemente cometiendo numerosas ejecuciones extrajudiciales”.

De igual forma reiteró la necesidad de que se investigue la responsabilidad institucional en el caso, pues como mencionó, “la SCJN pone estos criterios para el actuar de militares de que dado la participación de las fuerzas armada con los civiles, son los civiles los que tienen la responsabilidad y coordinación de las acciones”.

“Esto supondría en concreto lo que ya se pide: una investigación de la responsabilidad de la institución, de la Sedena, los órdenes jerárquicos incluso hasta llegar al secretario de la defensa, porque este documento y la orden de abatir entendemos que no es una acción aislada sino parte de una determinación institucional por parte de la Sedena”, expuso.

En este sentido aseveró que en el caso Tlatlaya también debe existir responsabilidad sobre la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así como el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, pues bajo el parámetro de la SCJN antes descrito, los ejecutivos estatales son los responsables de la coordinación de las acciones castrenses.

“También me parece que cuando hablamos de una política de 20 años impulsada en este momento por el gobierno federal, creo que también debiera haber responsabilidad, una investigación del gobierno federal, particularmente de Enrique Peña Nieto dado que él es jefe del ejecutivo y el responsable último de las fuerzas armadas. Me parece que esta es la magnitud de nuestra exigencia”, manifestó.

…

Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), habló sobre la argumentación que se usó para sacar al ejército y emplearlo para labores de seguridad pública. En este sentido recordó que uno de los pretextos principales fue la debilidad de las corporaciones policiacas en el país. Al respecto, manifestó que esta debilidad no es un hecho fortutito sino una decisión tomada desde el Estado.

“Hoy muchos dicen que es la fortaleza disciplinaria en las fuerzas armadas la que las llevó a hacer estas funciones y que es la debilidad disciplinaria de la policía la que las hace inútiles frente a la violencia. Es una decisión de Estado la debilidad disciplinaria de la policía, no es un evento fortuito, pedimos una vez más un plan de salida de las fuerzas armadas en funciones que no le corresponden, que nos digan cuándo y cómo las fuerzas armadas dejaran de hacer funciones que no le corresponden. Sólo sucederá esto si las instituciones policiacas cumplen con su trabajo, y sólo cumplirán su trabajo cuando existan mecanismos de rendición de cuentas sobre las instituciones policiales que garanticen ese trabajo”, dijo.

Asimismo apuntó que a pesar que existieron estudios en donde se señalaba que la salida del ejército a las calles no era una opción viable, el gobierno federal implementó esta estrategia de seguridad. Además realizó la cuestión: ¿A quién le funciona que la policía no funcione?

“¿A quién le funciona que la policía no le funcione? Es una pregunta que hacemos y que venimos haciendo desde décadas (…) Nosotros sabemos que antes, incluso, del sistema de seguridad nacional, se publicaron documentos que señalaban que la militarización de la seguridad no era la vía, y sin embargo el Estado mexicano a través del propio sistema de seguridad pública, y luego con la decisión de la Corte, el Estado declaró constitucional esta opción”, dijo.

En tal sentido afirmó que hoy en día los argumentos mostrados no alcanzan para sostener la idea del ejército en las calles además que los hechos de Tlatlaya simbolizan de manera paradigmática, la trampa en la que se puso el Estado mexicano.

“Quiero citar las palabras del secretario de la defensa, el cual  dice: ‘no es nuestra vocación, no nos sentimos agusto haciendo funciones de policía. Esta ordenado por el comandante supremo, el presidente, pero estamos conscientes que de no hacerlo nosotros, en este momento, no hay quien lo pueda atender. Necesitamos cuerpos policiales mejor preparados, me parece que es un tema que se ha dejado a un lado. Si algo se ha alcanzado en seguridad ha sido por la intervención de las fuerzas armadas’. La declaración del secretario releva la necesidad de cualquier intento para argumentar la trampa que el Estado mexicano se puso. El Estado mexicano se puso en una trampa y hoy no sabe qué hacer en medio de esa trampa”, dijo.

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