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Por: Redacción Revolución / 27 agosto, 2015
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(27 de agosto, 2015).- Las grandes empresas desarrolladoras no cesan su constante ostigamiento con las comunidades, nuevamente la ciudad de Los Cabos, Baja California donde gente que trabaja para Eduardo Sánchez Navarro del Grupo Questro, pretenden privatizar un tramo de más de 8 kilómetros de la carretera escénica San José del Cabo-Cabo San Lucas y construir una nueva vía que alejaría a la población de la vista al mar, señaló la regidora perredista Cristina Medina.
Aún no se concreta la acción en donde al menos 25 organizaciones civiles se han mostrado en absoluta disconformidad bajo una de sus argumentos que es, “no podemos generar segregación de nuestra gente”.
Demandan también el libre acceso a las playas y el derecho a disfrutar de la vista, “asiste por completo a quienes a la fecha nos hemos mantenido en la postura del no al nuevo tramo que comprendería de Palmilla al Tule, donde más de 8 kilómetros serían cerrados a la población”.
Por si fuera poco dicha propuesta impulsada por tres desarrolladoras “en realidad no cumple con varios puntos de la ley”, indicó Cristina Median, ya que desde noviembre pasado representa una fuerte inversión en la zona y tal vez un mayor embellecimiento de la actual carretera, lo que generaría la expectativa de una mejor proyección de imagen como destino.
Dijo que para impedir que los desarrolladores se salgan con la suya, la población se ha manifestado con marchas y hasta ahora se han recabado más de 8 mil firmas para obligar al Cabildo a no autorizar el proyecto ni otorgar los cambios de uso de suelo que buscan los empresarios.
Explicó Medina que los desarrolladores presentaron una solicitud de revisión y aprobación de un “proyecto conceptual”, cuyo término no existe en la Ley de Desarrollo, y por lo tanto la propuesta planteada resulta inexistente, pero sobre todo no es afín a lo expuesto en el Plan de Desarrollo de Los Cabos.
Expresó que la intención de Sánchez Navarro con el cambio de uso de suelo de los terrenos que quedarían entre el tramo privatizado y la nueva carretera, que son suyos y de Rubén Coppel, es que los predios en lugar de 100 dólares por metro cuadrado se coticen en mil dólares.
La propuesta del proyecto fue presentada ante el Cabildo por Anthony Vaughn Hoffer, de Promotora Cabo Real, Golfo de California Hoteles y Fraccionamientos, y Constructora Californiana; Víctor Manuel Reynaud Solís, de Quinta Tres, y Gustavo Lomelín López, de Inmobiliaria Carisma.
La misma consiste en la revisión y aprobación del proyecto conceptual para la modernización del tramo carretero desde el hotel Westin Regina hasta el puente El Tule, así como la revisión y aprobación de los cambios de los usos de suelo de los lotes que se encuentran entre el nuevo trazo carretero y el mar.
Según los promoventes –manejados por Eduardo Sánchez Navarro de acuerdo con la regidora Cristina Medina– se busca elevar la calidad turística del corredor hotelero entre el hotel Westin Regina y el puente El Tule, así como generar varios lotes hoteleros adicionales en ese tramo.
Menciona que en el tramo propuesto hay siete hoteles y tres más en trámite, pero el proyecto considera 14, lo que lo convertiría en la zona hotelera más importante de Los Cabos, lo cual obliga a realizar los ajustes y las inversiones para que dichos hoteles tengan alta calidad.
Puntualiza que en el tramo hay unas 500 unidades residenciales, pero su número podría llegar a 2 mil “que también necesitarán calidad turística y nivel”. Sin embargo, según la regidora, lo que quiere este grupo manipulado por Sánchez Navarro es privatizar un tramo federal y crear una vía para impedir la libre vista al mar y el acceso a las playas.
También en DF
Grupo Questro es una empresa inmobiliaria que, pese a las denuncias por parte de asociaciones vecinales y ambientalistas, como Greenpeace, parece ser imparable.
La serie de irregularidades, identificadas en Los Cabos desde 2007, no han sido suficientes para que alguien le ponga un correctivo a dicha empresa. Ahora llega a la capital a hacer de las suyas.
La firma bajo la dirección de Alfonso Pasquel realiza un proyecto de construcción en la Delegación Cuajimalpa del DF, el cual, nos aseguran, carece de estudios de impacto ambiental y, a pesar de que las obras causarán problemas de abastecimiento de agua y agudizarán los conflictos viales en la demarcación, no se ha intervenido para regularizarla, lo cual ha provocado la protesta de ambientalistas y vecinos.
Asociaciones de vecinos sostienen que Grupo Questro inició la construcción de dos torres más en Cuajimalpa para uso habitacional, dentro de un fraccionamiento que ya rebasó su nivel de construcción proyectado, sin contar con estudios de impacto ambiental y depredando el suelo de conservación de la demarcación Cuajimalpa. Se encuentran dentro de la Zona Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC) Cuajimalpa, que data de 1994, la cual tiene un límite de altura para las construcciones: cuando en teoría no deben ser mayores a nueve metros.
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