Cajas de ahorro se aprovechan de la necesidad; en Guerrero defraudan a pobladores por $360 millones

Por: Cecilia Balderas / 31 agosto, 2015

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(31 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Desde mediados de 2013, miles de pobladores de Guerrero, originarios, en su mayoría, de la zona Centro, Montaña, Costa Chica y Tierra Caliente, denunciaron haber sido defraudados por la empresa Productos Amor, misma que operaba como “caja de ahorro” y que los despojó, con engaños, de más de 360 millones de pesos.

Y aunque, con la intervención del gobierno de la entidad, se ha dado solución a la problemática de 5 mil 237 ahorradores, a través de un proceso que legisladores federales calificaron de parcial, discrecional e insuficiente, falta que se dé respuesta a más de 12 mil 500 familias, principalmente indígenas de la zona centro del estado.

El fraude de Productos Amor –empresa que forma parte del Corporativo Teo s, propiedad de Teódulo Espinosa Aguilar y familia, originarios de Veracruz- se realizó a través de tres sociedades anónimas que fueron las encargadas de captar los recursos: Comercializadora de Canastas Básicas Servicios y Productos del Campo Teos la Firma, S.A. de C.V., constituida el 29 de noviembre de 2006; Complementos Alimenticios Amor, S.A de C.V., constituida el dos de marzo de 2007 y Complementos Alimenticios Teo s la Firma, S.A. de C.V., constituida el 10 de marzo de 2008.

Desgraciadamente, este caso no es el único. A partir del año 2000, han sido frecuentes las denuncias de ciudadanos defraudados por empresas privadas que, bajo diversas figuras asociativas, ofrecen servicios de ahorro y préstamo, aprovechando el vacío de la banca comercial y los bajos índices de penetración que mantiene en las regiones más alejadas de los centros urbanos.

Además del de Productos Amor, se han denunciado otros fraudes como el realizado por Ficrea –cuyo monto asciende a 6 mil millones de pesos- y el despojo ilegal de más de 20 mil millones a través de sociedades financieras del sector vivienda.

En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente de la -hace unas horas extinta- LXII Legislatura, Alliet Bautista Bravo y Guillermo Sánchez Torres denunciaron que los empresarios se aprovechan de la necesidad que los habitantes de dichas zonas tienen de ahorrar los recursos que sus parientes les envían, producto de su esfuerzo, de otras regiones del país o fuera de mismo, sin cumplir con ninguna normatividad y sin ninguna supervisión.

Sin embargo, estos delitos también se presentan a consecuencia de la regulación aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pues no obliga a la banca comercial a cubrir todo el territorio nacional y le permite evadir funciones básicas como intermediaria del ahorro y financiamiento, lo que genera oportunidades a los privados para realizar operaciones que ponen en riesgo el ahorro de los sectores más desprotegidos.

“Los problemas para los usuarios del crédito en México son evidentes, porque aun cuando la tasa de referencia del Banco de México se encuentra en el nivel de 3 %, la banca aplica restricciones que impiden el otorgamiento de financiamiento, de modo que, de acuerdo con cifras del Banco de México, el saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial al sector privado es cercano a apenas 16 % del PIB, totalmente insuficiente para impulsar la actividad productiva”, argumentaron los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Otro problema que genera este tipo de fraudes, refieren los exdiputados federales, se centra en que las autoridades promueven figuras como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) o de Objeto Limitado (Sofoles) que “actúan con gran libertinaje en operaciones fraudulentas”.

Y aunque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé, en el artículo 31, que las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia del sistema bancario, incluyen “planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito, así como ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades auxiliares del crédito”, la dependencia a cargo de Luis Videgaray, no cumple con su mandato.

“Funcionarios establecen tratos discriminatorios, como se observó en el caso de Ficrea, en el que propusieron garantizar los recursos de los ahorradores que depositaron en una figura del sector privado, como es el caso de la Sociedad Financiera Popular, sumas equivalentes a lo establecido para los bancos comerciales (400,000 udi´s)”, agregaron Bautista y Sánchez.

Los diputados solicitaron a las autoridades de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aplicar una mejor supervisión de las empresas que funcionan como cajas de ahorro y préstamo de manera irregular, sin arraigo social, sin vigilancia y con aparente complicidad, para que cesen los fraudes que afectan a comunidades de menores ingresos.

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