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EPN permitió desarrollos urbanos a menos de 2Km del Altiplano; violaron normativa para penales de máxima seguridad

Por:  / 3 agosto, 2015
Enrique Peña Nieto- mal y de malas
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(3 de agosto, 2015).- De acuerdo a las normas de seguridad establecidas para el funcionamiento de los penales de máxima seguridad, no pueden existir desarrollos urbanos por lo menos en dos kilómetros a la redonda de esta clase de centros, esto como medida para “garantizar” el aislamiento.
No obstante, como quedó evidenciado el pasado 11 de julio con la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, esta norma no fue respetada en las inmediaciones del penal de máxima seguridad del Altiplano, pues a menos de dos kilómetros de este centro penitenciarios se localizan centros de población y fraccionamientos.
Cómo se recordará, una propiedad a 1.5Km del penal y una construcción en obra negra fue lo que permitió al líder de Cártel de Sinaloa desarrollar uno de los accesos al túnel que a la postre le daría la libertad. Esta construcción no desentonó entre el paisaje de la zona, puesto que en los últimos años se había presentado un desarrollo habitacional en la zona.
Al respecto, una investigación del Semanario Proceso, publicada en la edición 2022 de la revista y firmada por el periodista Rodrigo Vera, el Grupo Atlacomulco-del cual es integrante Enrique Peña Nieto y otros militantes priísta como Arturo Montiel-  es uno de los que impulsó el desarrollo urbano en esta zona, incumpliendo la normativa de seguridad establecida para los penales.
En el texto se señala que este grupo de políticos “desde hace años se ha dedicado al despojo de tierras ejidales, a la especulación inmobiliaria y a la desaforada construcción de estos grandes fraccionamientos (en las inmediaciones del Altiplano) con el propósito de hacer negocios”.
Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, comentó al semanario que uno de los requisitos básicos para penales de alta seguridad es que deben estar alejado de los centros de población en por lo menos 15 kilómetros. “Además, deben tener una zona de amortiguamiento de por lo menos  dos kilómetros; esto es, en torno a ellos no debe existir ninguna construcción en un radio de dos kilómetros”.
En lo referente, añade que esta área de amortiguamiento debe tener un suelo de suelo bajo los términos de “Zona protegida”, puesto que es responsabilidad del Estado mexicano  resguardarla debido a la peligrosidad.
A este comentario, se le agrega el del criminólogo Enrique Zúñiga Vázquez, quien reafirma lo dicho por Arturo Chavarría: “Para tener la categoría de ‘máxima seguridad’, uno de los requisitos es que el penal debe estar totalmente aislado en por lo menos un radio de dos kilómetros. Así lo marcan los lineamientos para que la población externa no vulnere la seguridad del penal”.
En el texto se explica que el gobierno municipal de Almoloya trató de justificar el por qué no actuó  en contra de esta obra si violaba la normatividad. El edil priísta Vicente Estrada, afirmó que la construcción que le sirvió como puerta de salida al “Chapo”, “ni siquiera tenía permiso de construcción”.
Además de lo anterior, se explica en el reportaje, el ayuntamiento aseguró que no clausuró la obra porque no se dio cuenta de ella, ni que sacaban tierra, derivadas de la construcción del túnel.
En este sentido, Arturo Chavarría revira la versión contada por el edil de Almoloya, y afirma que tanto él como el general brigadier David Enrique Velarde, comandante del octavo regimiento mecanizado que se localiza muy cerca de la zona, tenían la obligación de conocer cada detalle de la construcción por su cercanía con el Altiplano.
A lo anterior, agrega: “Nosotros en el Colegio de Arquitectos y Urbanistas llevamos años pidiendo que paren tanta construcción alrededor del penal. Pero las distintas administraciones estatales y municipales nunca nos han hecho caso. Poco a poco han ido despojando de sus tierras a los ejidatarios de la zona para especular con el suelo, construir grandes conjuntos habitacionales y hacer negocio”.
De acuerdo a lo datos, el “boom inmobiliario” de Almoloya se presentó desde hace varias administraciones estatales. Sin embargo, se detalla, el verdadero crecimiento se vivió durante el gobierno de Arturo Montiel y el subsecuente de Enrique Peña Nieto, pues “ellos sí que impulsaron a gran escala la corrupción y los negocios inmobiliarios”.
En este sentido, Enrique Peña Nieto, impulsó lo denominado “ciudades bicentenario”, que fueron 6 desarrollos de conjuntos habitacionales en los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca, Tecámac y Zumpango. Al respecto, de acuerdo con un estudio realizado por Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México sobre las ciudades bicentenario se explica: “La vivienda está mal construida, con superficies extremadamente reducidas y vendidas con sobreprecio; en sitios sin servicios o servicios públicos deficientes, con infraestructura incompleta, lejanos de los centros de trabajo, estudio y comercio, con escaso y mal servicio de transporte e insuficientes vialidades”.
En lo que respecta a la ciudad bicentenario impulsada en Almoloya, Arturo Chavarría denuncia que Enrique Peña Nieto permitió que se desarrollará dentro de lo que debió ser la zona de amortiguamiento del Altiplano, es decir dentro de los dos kilómetros que debieron estar libres y bajo el estatus de zona protegida.
“Se levantó en 2009 y tiene 7 mil 18 viviendas, las cuales están calculadas para albergar a 31 mil 581 habitantes. Le dio la obra a la empresa GEO Edificaciones. Colinas del Sol es otro enorme fraccionamiento cercano a la cárcel. Se edificó en 2003, durante la administración de Arturo Montiel. Tiene 8 mil 535 viviendas para alojar a 38 mil 408 habitantes. Una segunda etapa del fraccionamiento se construyó en el gobierno de Peña Nieto, en 2007; fueron 2 mil viviendas más, para 9 mil personas”. Sobre este la construcción de este último fraccionamiento se precisa que estuvo a cargo de Profusa, empresa cuyos dueños- la familia Fontanet-son cercanos al Grupo Atlacomulco.
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