5 empresas de Ronda Uno involucradas en corrupción, violaciones a DD.HH. y con vínculos con el crimen

Por: Edgar Rosas / 29 septiembre, 2015

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(29 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), dio a conocer este lunes una análisis sobre cinco de las empresas que se han anotado para concursar en la segunda fase de licitaciones de la llamada Ronda Uno de la reforma energética. El análisis arroja resultados que llaman la atención por el historial poco ético de las empresas que pretenden actuar en el mercado mexicano.

PODER detalló que luego del estudio se pudo evidenciar que las tres compañías trasnacionales (Shell, BP y Chevron), y las dos mexicanas (Grupo Carso y Grupo Bal) que buscan quedarse con algunos campos para explotar, han estado vinculadas a actos de corrupción, de violación a los derechos humanos así como afectaciones al medio ambiente.

Omar Escamilla, investigador de la organización PODER y autor del análisis, abundó sobre los hallazgos de la investigación. En primera instancia habló sobre los daños al medioambiente que la operación de estas empresas ha dejado en los países donde se han establecido.

Escamilla sentenció que Shell, Chevron y BP han sido los consorcios responsables de “los peores desastres ambientales en la historia”. Apuntó que entre estas tres empresas las multas por el daño al medio ambiente suman los 20 mil 332 millones de dólares.

Mencionó los casos de BP, consorcio responsable del derrames de 4 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México; hecho calificado como el peor que se haya suscitado en la región. Además del caso de Chevron en Ecuador en donde esta compañía fue declarada culpable por contaminar más de 400 mil hectáreas.

“Shell, Chevron y BP han causado las peores afectaciones ambientales en la historia de la industria de hidrocarburos, afectando comunidades y ecosistemas, por los cuales han tenido que pagar multas millonarias que ascienden a 20,332 millones de dólares. Las empresas mexicanas que participan en la Ronda 1 tienen antecedentes en sus negocios mineros de generar impactos ambientales, conflictos sociales y afectaciones a los derechos humanos en el país”, se lee en el texto.

Por otro lado, en el tema de violaciones a los derechos humanos, el análisis de PODER destaca que en mayo del presente año la empresa BP fue demandada en Colombia por el líder sindical, Gilberto Torres, quien acusó a la transnacional de ser responsable del secuestro y tortura de trabajadores que exigían mejores condiciones laborales. En este sentido, Torres también señaló a este consorcio como promotor de grupos paramilitares, a los cuales les destinaba recursos en aras que le brindaran protección y defendiera los intereses de la compañía contra posibles manifestaciones de comunidades y empleados.

“México es atractivo para estas empresas que obtienen beneficios económicos aprovechando la negligencia del gobierno a tomar medidas que protejan los derechos humanos. La situación de impunidad, el poder del crimen organizado y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos pone a México en un lugar similar a ciertos países donde Shell, BP y Chevron han sido implicadas en casos de violencia, represión y colusión con fuerzas armadas y paramilitares”, explica PODER en el documento.

Preocupante la flexibilización en Ronda Uno

En el documento, PODER expresar su preocupación ante la flexibilización en las condiciones impuesta por el gobierno mexicano a las empresas que participen en la segunda licitación de la Ronda Uno. Dijo que esta situación causa mayor alerta debido a los antecedentes de las empresas que pretenden iniciar actividades en México.

“Debido a la baja participación en la primera licitación de la Ronda 1, la Secretaría de Energía (SENER) flexibilizó los requisitos contenidos en los modelos de contratos y las bases de la segunda licitación: se redujeron las utilidades operativas que le corresponderían al Estado mexicano (…) Además, se flexibilizó el contenido de los registros y se eliminó el requisito de presentar algunos informes, tales como el reporte de ingeniería y el informe de construcción de instalaciones.

“Esta flexibilización es particularmente preocupante ante los antecedentes de corrupción, daños medioambientales y violaciones graves de derechos humanos por parte de cinco empresas (Shell, BP, Chevron, Grupo Carso y Grupo Bal). Algunas de estas empresas tienen operaciones en México desde hace años y han sido señaladas por prácticas de corrupción, vínculos con el crimen organizado y control territorial estratégico”, destaca PODER.

Las empresas en México

La investigación de PODER revela que la compañía Chevron, ocho años antes de que se modificara el marco legal y se permitiera la entrada de privados al mercado, está empresa de origen estadounidense ya contaba con una unidad de exploración y producción operando en el país.

Además, agregó: “Chevron ha reconocido que participó en el proceso de cabildeo para la apertura del sector energético a capitales privados”.

Aunado a lo anterior detalla que Shell, fue demandada por Pemex y señalada por comprar petróleo robado de tomas clandestinas en la zona conocida como la Cuenca de Burgos.

“Grupo Carso y Grupo Bal, a través de su participación en consorcios de empresas extranjeras, fungen como punto de entrada de capitales extranjeros al mercado energético mexicano, y a partir de la reforma energética de 2013 han creado empresas especializadas para competir en el mercado.

“Pero, a pesar de estos antecedentes, el gobierno mexicano ha flexibilizado los requisitos contenidos en las bases de la segunda licitación de la Ronda 1, puesto que se redujeron en comparación con las exigencias de la primera licitación, desperdiciando una oportunidad histórica para crear e implementar mecanismos de rendición de cuentas empresarial”, demanda.

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