Ante protesta social gobierno reacciona con ingeniería del miedo a través de represión y criminalización: académico

Por: Edgar Rosas / 15 septiembre, 2015

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(15 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En los últimos años, ante una creciente ola de agravios en contra de la ciudadanía, la protesta social ha sido la herramienta a través de la cual la población exige a los que ostentan el poder, la resolución de algún conflicto o el respeto de algún derecho violentado. Sin embargo, las acciones de los gobernantes encaminadas para desactivar esta clase de expresiones de inconformidad también han crecido, buscando diversos mecanismos para inhibir la protesta social.

Sobre el tema, el Dr. Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), manifestó que la protesta social es la única vía democrática a través de la cual la ciudadanía puede exigir el respeto a sus garantías, esto en un panorama en donde las violaciones a los derechos de la sociedad han aumentado y a la par, el propio poder político se ha encargado de cerrar las vías institucionales por las cuales el ciudadano pueda exigir el respeto al ejercicio de sus derechos.

Al comentar el informe “Control del Espacio Público 3.0”, presentado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, el académico manifestó que en este contexto de atentados contra la sociedad, en los últimos 30 años se han emprendido políticas públicas orientadas a desmantelar derechos sociales, e imponer una serie de “desregulaciones” que dan paso a la privatización de algunos sectores.

“La restricción de los derechos sociales básicos se intensificado de una forma grave en nuestro país. Tenemos 30 años de normas y políticas públicas que han estado orientadas a desmantelar las políticas sociales del Estado mexicano, desregulación, apertura de mercados. Hablamos de la modificación al artículo 27 en el gobierno de Salinas, de la aprobación de una ley de aguas para la privatización del vital líquido, la aprobación de una ley de minas para la privatización del subsuelo.

“Y así gradualmente durante los últimos 30 años lo que hemos experimentado en este país es ese proceso de desregulación en materia laboral, en materia de recursos naturales, en prácticamente todas las materias con el objetivo de ocupar esos espacios por el sector privado”, indicó.

Al respecto manifestó que esta clase de políticas han llevado a que hoy en día el 30% del territorio nacional esté concesionado a mineras canadienses, al igual que se dé una desregulación laboral “que lo que hace es flexibilizar los despidos y permitir contratos basura para que la gente quede a merced de esas empresas que hoy están siendo llamadas al país”.

“La idea es llamar la inversión extranjera para que ocupen los espacios que el Estado ha dejado de ocupar (…) es un modelo que genera más acumulación, más desigualdad (…) y eso es lo que ha generado una migración enorme de clases campesinas a ciudades o el extranjero. Eso es violencia, violencia estructural o violencia sistémica y eso implica violación permanente de derechos fundamentales: del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a la alimentación, del derecho al agua, eso se está produciendo en todos los días el país”, manifestó.

En este sentido, Gutiérrez detalló que este contexto de agravios y de desregulaciones se da “en un sistema democrático representativo que no representa a las clases mayoritarias”, en donde se ha dado un bloqueo que limita recoger la voz del grueso de la población.

“Eso se produce en un sistema democrático representativo que no representa a las clases mayoritarias. Digamos hay un bloqueo a partir de una lógica de democracia participativa-partidista para que las expresiones de esas masas desposeídas, excluidas, condenadas a migrar, o vivir en las periferias de las ciudades, no tengan voz. Los partidos además están capturados por los grandes poderes privados. Hay un vínculo muy estrecho entre poder político y poder privado, algunas expresiones de ello como la tele bancada, y lo que genera es una concentración del poder público y privado. Esa es la sociedad de privilegios que después de 30 años de proyecto fracasado, es la que continúa gobernando en el país”, manifestó.

Este par de elementos -la ofensiva para disminuir los derechos sociales y un bloqueo por el cauce institucional para resolver las demandas- generan malestar en la sociedad, dice el académico, por lo que ante un panorama poco alentador, la sociedad encuentra en la protesta la forma para luchar contra los embates.

“Eso evidentemente genera emergencia social, malestar de una parte muy importante de la ciudadanía. Y es que además las guías jurisdiccionales no han sabido, o no han querido ser los cauces institucionales para dar respuesta a ese malestar social (…) ese cauce institucional está bloqueado, está bloqueada la posibilidad de acceder al Congreso, y por lo tanto a las leyes, y están bloqueadas las garantías secundarias para proteger los derechos.

¿Qué esperan que haga la gente sencilla, a la gente a la que le falta agua, que les expropian sus tierras, que les contaminan sus ríos? ¿Qué hace la gente si le falta seguridad, qué hace la gente si no le pagan por el trabajo que realiza como las personas en San Quintín? ¿Qué hace  la gente si no puede acceder a un trabajo, y a una educación adecuada para poder desempeñarse en la vida laboral?”, expuso.

A lo anterior, Gutiérrez manifestó que  prácticamente todas las protestas sociales que se han dado en el último año, tienen como fondo el reclamo de un derecho social como el agua, la educación, la salud o el trabajo.

“Detrás de cada una de las violaciones a los derechos a la libertad de expresión (o la protesta) prácticamente de todas hay previamente una violación de un derecho social: agua, vivienda, educación, salud, trabajo.

¿Qué espera el gobierno y esa sociedad de privilegios que haga la gente sencilla si están todos los cauces institucionales bloqueados? Evidentemente la única opción que esas mayorías desposeídas tiene es la auto tutela de derechos o el reclamo de derechos por vías no institucionales. Ese es la única vía para expresar el disenso de las clases que hoy están situación de desventaja”, manifestó.

“Con la represión, el gobierno busca establecer miedo al sistema”

El académico expuso que el gobierno ve en la protesta una amenaza, por lo cual su forma de reaccionar ante esta clase de eventos es con una “ingeniería del miedo”, que busca desincentivar esta clase de expresiones.

“El problema es que los sectores privilegiados de la sociedad y el gobierno que los respaldan, perciben ese derecho a la protesta, ese derecho de reunión, ese derecho de manifestación como amenazas, no como la única vía democrática posible para exigir, sino como una amenaza a esa sociedad de privilegios (…) Es evidente que esta sociedad, o estos sectores de sociedad en posición de desventaja se organizan (entorno) en dinámicas conflictivas, en dinámicas disidentes, de inconformidad y luchan.  Lo que esos esfuerzos suponen, lo que hay detrás de esos esfuerzos es la posibilidad de transformar esas condiciones de discriminación, ya sea para controlar el poder o para incidir en las decisiones de poder, esa es la democracia Constitucional.

“El problema es que la respuesta del gobierno es una ingeniería del miedo. Lo que el gobierno busca a través de los distintos actos de represión, es establecer un miedo al sistema y esto lo hace de forma múltiple, sofisticada, por ejemplo, utilizando derechos fundamentales como el derecho a la movilidad para intentar combatir la protesta. Es un uso perverso de los derechos. También lo hace a través de la criminalización, de las leyes, cerrar el espacio público como la única opción para las mayorías inconformes, brutalidad policiaca, prácticas de la administración para reprimir, para encapsular, para disuadir, para instalar el miedo”, señaló.

Gutiérrez refirió que esta embestida de las esferas del poder tiene como cómplice al sistema judicial que permite encarcelar a los líderes de las protestas sociales. Citó casos como el de la Tribu Yaqui o el de la lucha de la comunidad guerrerense contra el proyecto hidroeléctrico La Parota, ejemplos en donde sus líderes han sido encarcelados por protestar en contra de estas medidas impulsadas desde el gobierno.

“El poder judicial es cómplice para iniciar procedimientos de represión. Prácticamente todos los movimientos sociales que conocemos: Atenco, La Parota Yaquis, Mazahuas, todos sus líderes han sido encarcelados. Cada uno de esos procesos tiene un encarcelado que fue llevado a prisión por un procedimiento jurisdiccional encabezado por un juez. Además esos procesos suponen el ocultamiento de la violencia estructural-sistemática (porque) distraen la atención del público de los factores estructurales que están generando ese malestar social (…) Esta estructura Estatal que hoy existe en México está defendiendo una sociedad de privilegios”, expuso.

Recordó que en el país se ha presentado una ola de iniciativas que pretenden “regular” la protesta social”; en cuatro demarcaciones ya existen legislaciones que limitan en cierta medida la protesta social, entre ellas el DF.

“El informe del Frente por la Libertad de Expresión lo que hizo fue reunir actuaciones dispersas de esta pieza de cierre del sistema de privilegios, porque hay una norma en Quintana Roo, una en el DF, hay más de 10 iniciativas, 4 ya aprobadas; hay actuaciones concretas de represión en distintas expresiones de protesta; y hay sentencias penales.  Todo eso no lo vemos porque se encuentra diseminado, el informe lo que hace es reunirlos, sistematizarlo, y por lo tanto revelar una realidad.

Todos esto lo que nos permite es entender cómo están actuando esas estructuras estatales, institucionales, para cerrar la posibilidad de que las expresiones sociales se manifiesten. A los líderes de movimientos se les acusa de terroristas, de salvajes, de animales, y eso es una práctica vieja porque despoja de humanidad, de racionalidad a quienes se están oponiendo al sistema, y por lo tanto libera al poder de las reservas morales para luego reprimir e incluso asesinar (…) esas prácticas estatales durante este último año, están respaldando el mantenimiento de esta sociedad de privilegios”, finalizó.

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