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Por: Emma Martínez / 16 septiembre, 2015
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(16 de septiembre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Azucena Marisela Bartolon Morales de 19 años, y su esposo Emmanuel Matías García Mejía de 20 años de edad, indígenas originarios de Guatemala, fueron arbitraria e ilegalmente detenidos el 4 de febrero pasado por el Grupo de Operaciones de Trata, Tráfico y Pandillas de la Frontera Sur (GOTTPA).
Ambos estaban a cargo de la limpieza del Hotel “La Terminal”, lugar donde, desde hace muchos años, distintas mujeres se dedican al trabajo sexual .En aquella ocasión, después de un operativo los dos jóvenes fueron involucrados en el delito de trata de personas; también detuvieron a supuestas víctimas que aseguraron ser explotadas por elementos de la Policía Municipal, pero dichas declaraciones no fueron tomadas en cuenta.
Los testimonios anteriores fueron sostenidos por las supuestas víctimas (cuatro muchachas de nacionalidad mexicana) en los careos, aclarando que fueron amenazadas por los policías aprehensores, para señalar a Azucena y Emmanuel como sus victimarios, sin embargo, aún con estas declaraciones la pareja sigue en una de las prisiones de Tapachula, Chiapas.
En otro punto geográfico del estado, según la declaración de una persona, a quien la Fiscalía antitrata de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) forzó para convertirlo en víctima, en el bar se presentaron policías, hombres y mujeres, que no eran de migración, eran policías y decían que eran de sanidad, pero iban elementos de varias corporaciones…
“Nos dijeron que hiciéramos dos grupos, procedieron a tomarnos fotos, muchas fotos, nos quitaron la ropa, revisaron nuestras blusas, pantalones e incluso la ropa interior, a algunas muchachas nos metieron a carros particulares, nos preguntaron si éramos víctimas de explotación, si éramos abusadas en el lugar donde trabajábamos, yo respondí inmediatamente que no. Eran policías pero nos dijeron que era personal de Derechos Humanos, que nos iban a apoyar porque supuestamente éramos víctimas de trata, le volví a repetir que no era verdad.
Pero me interrumpieron, me dijeron que si yo declaraba que era víctima me darían papeles para estar legalmente en este país. Éramos más de 30 muchachas, nos tuvieron desde el día sábado en la noche que llegamos hasta el domingo en la noche que nos llevaron a Migración, nos dijeron que un médico nos iba a revisar, pero no solamente estaba él y nos hizo que nos quitáramos la ropa y nos tuvo dando vueltas. Estamos cansadas de tanta injusticia para quienes venimos de Honduras, los tratos son peores”.
A Evelyn Eunise Alvarado, Maura Membreño y Martha Elizabeth Cruz se les imputó el delito de tratantes, fueron detenidas y acusadas por la Fiscalía antitrata de la PGJE. Se encuentran en prisión desde el 10 de mayo.
Las tres personas fueron exhibidas en los medios locales como delincuentes, lo anterior fue respaldado por el gobierno del estado por medio de comunicados de prensa, en donde se aseguró que “la PGJE rescata 36 mujeres víctimas de trata y detiene a tres tratantes y que explotaban sexualmente a sus víctimas”; estigmatizadas totalmente, con daños mentales y psicológicos de irremediable reparación, asegura el Presidente de la Asociación Centro de Dignificación Humana A. C, Luis Rey García Villagrán, a Revolución TRESPUNTOCERO.
Ana Isabel Lobo Ramos, originaria de Guatemala, también se encuentra presa, con número de expediente 29/2013 del Juzgado Mixto de Motozintla; “fue acusada injustamente del delito de trata de personas, lenocinio y corrupción de menores, sentenciada y actualmente en espera de alcanzar un beneficio por medio de la mesa de reconciliación, pues existen violaciones graves a sus derechos humanos.
Fue detenida arbitrariamente, pues no se encontraba cometiendo ningún delito de los señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanan; no se le permitió tener una persona de su confianza o abogado defensor, simplemente el Ministerio Público le designó a alguien que la incriminó; fue torturada psicológicamente para aceptar hechos que jamás realizó contra persona alguna, como abusar o explotar sexual y laboralmente, en especial a menores de edad, como falsamente dice la Fiscalía”, explica Villagrán.
Aunque ha habido careos entre la inculpada y las supuestas víctimas que han negado haber sido explotadas e incluso algunas han asegurado que no trabajaban en ningún bar o cantina, Ana Isabel sigue en prisión.
El 7 de agosto pasado, poco más de 20 mujeres migrantes centroamericanas, provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, recluidas en el penal de Tapachula, iniciaron una huelga de hambre para protestar por la fabricación del delito de trata de personas en su contra.
Luis Rey García Villagrán dio a conocer que la principal acusación de las migrantes fue en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Tribunal de Justicia, por la fabricación de delitos en contra de inocentes, a fin de aumentar cifras y seguir obteniendo recursos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), instancia con la cual el gobierno chiapaneco tiene un convenio.
Con toda una documentación que respalda la inocencia de las mujeres presas, Villagrán explica que el Centro de Dignificación Humana ha realizado un primer contacto con la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dando a conocer las circunstancias de los procesos jurídicos y las detenciones, ya que “en ninguno de los casos la PGJE ha podido configurar el delito de trata, y mucho menos el delito de tentativa de trata, pues no hay consumación del requerimiento de esta esclavitud”.
Lo anterior se sostiene porque en ninguno de los casos se perpetró el secuestro o engaño a las supuestas víctimas de trata, ya que el trabajo como meseras, cocineras, bailarinas, ficheras (sexoservidoras), nunca estuvieron restringidas de su libertad; además se comprobó que jamás fueron reclutadas en contra de su voluntad, pese a la calificada por Villagrán, “farsa” presentada por la PGJE que argumenta que las capturas derivaron de supuestas denuncias anónimas.
Según Villagrán, en todos los casos de Trata de Personas el patrón seguido por la Procuraduría (PGJE) y la (FEDCCI) es el mismo: mega-operativos donde la prensa local se encarga de exhibir a las o los presuntos responsables como directamente culpables.
Se tiene su respaldo en “la declaración amañada con un Fiscal o Ministerio Publico, que sin presentar pruebas de clara trasgresión a los artículos 5, 6, 7, de la Ley vigente, consigna al vapor; y ya ante el Juez de la causa, nadie ratifica tales imputaciones. Nunca existen órdenes de aprehensión, porque en todos los casos fueron detenciones ilegales, donde se abusa de la notoria urgencia de conseguir falsos positivos”.
“Los expedientes antes citados y expuestos a este medio, demuestran un vacío de justicia porque las víctimas son pobres, ignorantes y migrantes sin arraigo; en cada una de ellas hay historias de desgracia, de una grave descomposición social y familiar que se agudiza cada vez más con la tragedia de la prisión día con día”, explica Villagrán y puntualiza que “Chiapas debe de estar a la vanguardia en el combate ético contra la trata de personas, la nueva esclavitud de este siglo, y no dar margen a que se sigan considerando a nuestra entidad como una simple fábrica de cifras y datos que a nadie convencen”.
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