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Por: Redacción Revolución / 6 septiembre, 2015
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(06 de septiembre, 2015).- Al Grito de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, dio inicio el informe que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales da en estos momentos con respecto a sus primeras conclusiones sobre el caso Ayotzinapa.
Por su parte, la experta de la CIDH, Ángela Buitrag afirma: “el tiempo que pasa es la verdad que huye”. Agradece a padres de los 43 y alumnos. “Todo lo que va decir el grupo esta soportado en pruebas oficiales del C4 tarjetas informativas y reportes desclasificados del ejército”, asegura.
La experta asegura que los chóferes entrevistados afirman que “ellos nunca ponen resistencia cuando se toman autobuses por el contrario siempre acompañan a los estudiantes a las manifestaciones”, sin embargo esta vez la Policía Federal apareció y los siguió .
Agrega que en el C4 se sabía la ubicación de los estudiantes. A las 5:59 de la tarde se dio informe de su ubicación a todas las autoridades incluido ejército, expone.
Buitrag, informa que los normalistas desaparecidos tomaron los autobuses mucho después de acabado el discurso de la secretaria del DIF. Asegura, los datos del C4 indican que se comunicó de las distintas trayectorias de los 5 autobuses que tomaron los normalistas a las policías y en los vídeos aparecen miembros de las policía con armas en la mano rodeando a los estudiantes.
En su participación Claudia Paz, especialista del GIEI, asegura que fue pasada las 20 horas cuando dieron inicio los disparosen contra de los autobuses en la zona centro tomados por los estudiantes, para las 21 con 48, se realizan las primeras llamadas de ayuda para reportar que hay un estudiante con una herida en la cabeza, más adelante, estudiantes de uno de los autobuses son obligados a bajarse y tirarse al piso, relata que los normalistas dijeron a la policía: ”nos vamos a entregar pero no nos disparen”.
Paz, expone que de acuerdo con el expediente ministerial, los cuerpos de seguridad se presentó, observaron los hechos pero no atendieron a los normalistas heridos y se retiraron, continúa relatando que de acuerdo a un testigo militar uno d los buses fue interceptado por patrullas de policía municipal y fueron atacaron con gas pimienta y lacrimógeno a la altura del palacio de justicia, lo qu causó gritos de los estudiantes.
Para la especialista, existen contradicciones entre declaraciones de autoridades y testigos. Todo apunta a un operativo que estaba dirigido por una persona no identificada que actuó en colaboración con la policía estatal.
Explica que los estudiantes aseguran fueron atacados por policía federal y estatal a quienes identificaron perfectamente.
Relata que todos los ataques fueron simultáneos en distintas zonas de Iguala, incluso en uno de los puntos estudiantes dieron una improvisada rueda de prensa donde una camioneta pasó frente a ellos y les disparó a quemarropa, fue ahí donde se vio por última vez a Julio César Mondragón cuyo cuerpo apareció la mañana del 27 con evidentes señales de tortura.
En su participación, Francisco Cox. confirma que ninguna versión es comprobable. Añade que de acuerdo a José Torero, perito externo, las condiciones necesarias para incinerar son en primer lugar un horno crematorio y que see necesitaría 13 mil 330 kilos de madera y 60 horas para el consumo de todos los cuerpos. Por lo que los especialistas desechan la versión de la “verdad histórica de la PGR” que indica una cremación masiva en llevada a cabo en un basurero de Cocula.
Los especialistas afirman que la llama de incineración de los cuerpos debió de alcanzar los 300 metros de altura a las 4 de la tarde por lo que bien pudo ser identificada por los habitantes , además que los 280 metros de humo que se generarían serían muy notorios. Desestiman los testimonios que narran como quemaron a los estudiantes en basurero, afirmando que es científicamente imposible que esto haya sucedido.
En su participación, Carlos Beristan, asegura que se trató de un ataque masivo que implica desaparición forzada, tortura, muerte del que resultaron 700 familiares afectados. Se trató de un ataque desproporcionado y sin sentido, asegura el especialista. Aún existe enorme miedo para poder investigar al GIEI se le dificultó la investigación debido a que los testigos temen hablar. Pero se han contabilizado 9 tipos de ataques distintos en distintas zonas, fueron numerosos ataques en un tiempo de al menos 3 horas. Enfatiza que en el C4 no se brindó ayuda y no se registró cierta información . “No había confusión de quienes eran, se sabia que eran estudiantes de Ayotzinapa” afirma. Queda claro que el objetivo de los ataques estuvo dirigido a no dejar salir a los autobuses con los estudiantes.
Asegura que no hubo acciones de protección, por el contrario hubo ataque a la vida por la alta violencia, la atención médica no fue posible de forma rápida porque las ambulancias tuvieron miedo a ir a las zonas debido a los disparos y ataques brutales e indiscriminados perpetrado por autoridades estatales y municipales en conjunto con grupos criminales, lo que demuestra la total impunidad.
Por su parte, Alejandro Valencia, habla de los apartados de investigación y búsqueda, así como la recomendación en torno al tema de desaparición en el país y otro apartado sobre la desaparición, puntualmente en Guerrero. Se busca que desde testimonios hasta análisis de ADN e información balística se tome en cuenta ya que las autoridades lo han descartado. Proponen como un móvil más el traslado de estupefacientes que ya antes se han dado y su posible similitud con el caso Ayotzinapa.
Solicita, llevar a cabo nuevas capturas incluida la del secretariado de seguridad y un ex miembro de la policías. Propone además el evaluar todos los hornos crematorios comerciales y los pertenecientes a la autoridades para que después se deslinden responsabilidades. Añade, la necesidad de contar con un Registro único nacional de personas desparecidas.
Valencia, reitera la importancia de que haya proceso de búsqueda oficioso y sin faltas indebidas, indica que este debe ser en las primeras 72 horas, ya que en el caso de los normalistas hubo grandes deficiencias por la tardanza en iniciar la búsqueda de los jóvenes.
Señala que las distintas deficiencias del Estado han derivado en situaciones como Ayotzinapa, haciendo énfasis en la regulación de la fuerza de las policía y un replanteamiento en la formación de ésta. Asegura es urgente debido a que el caso de Iguala desató la identificación forzada de mas de 148 casos tan solo de 2012 a 2014, 45 de los cuales se dieron en el mandato de Abarca siendo estos de forma frecuente. “Son casos graves no aislados, los cuales piden deben ser investigados” concluye Valencia.
La presentación del informe concluyó con la entrega del mismo a las autoridades y familiares en medio del grito de ”Castigo a los asesinos, vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
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