Minera comete abusos en contra de comunidad indígena, gobierno de Colima protege, solapa y promueve actos delictivos

Por: Emma Martínez / 1 octubre, 2015

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(01 de octubre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2013 la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), denunció que las autoridades de la comunidad nahua de Zacualpan, habían sido “corrompidas, para extraer oro, plata y cobre, pese al rechazo de los habitantes”. Un hecho que forma parte de las decenas de empresas transnacionales y nacionales de la industria minera, que vulneran normas de salud, laborales, medio ambientales, principalmente de las comunidades indígenas, bajo el consentimiento de los gobiernos.

Esto también ha provocado la esclavitud y daños severos a la economía local, además de otras violaciones a derechos humanos, vulneración de leyes nacionales y convenios internacionales asumidos por los Estados, y aceptados de forma abierta por los mandatarios, quienes son los principales promotores de otorgar concesiones mineras a empresas, principalmente americanas y canadienses.

“La comunidad nahua de Zacualpan vive la política entreguista y de despojo de la cual se beneficia la minera Gabfer S.A.  que pese a estar registrada bajo carácter nacional, es un disfraz o un ‘prestanombres’ la tiene administrada, ya que su capital procede de la empresa minera canadiense Teck Resources Limited. A un kilometro de nuestra comunidad existe abundancia de oro, plata, cobre y manganeso, la extracción a cielo abierto formaría otra parte del 44 % de nuestro territorio que se encuentra ocupado, dañando y matando a nuestra población.

Quieren adueñarse por completo de Zacualpan, porque estamos ubicados en una zona estratégica, poseemos un manantial que abastece alrededor de 4 de las 5 partes del agua que toda la ciudad de Colima, conformada por más de 100 localidades, explotar todas estas riquezas es generar millones a costa de la muerte de nuestro pueblo”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, Arturo Hernández, miembro de la comunidad.

Hernández asegura que la minera sobornó al Presidente de Bienes Comunales para obtener los permisos correspondientes, sin que la oposición de la comunidad indígena fuera tomada en cuenta, pese a que los argumentos se basaron en las consecuencias negativas que traería a la salud, la economía, la dinámica sociedad y el medio ambiente.

Aunque se destituyó de su cargó al funcionario, ya no sirvió de nada, porque se envió a personal de la minera que visitó casa por casa a los comuneros convenciéndolos de atacar a quienes se oponían ofreciéndoles dinero a cambio, incluso llegaron a cometer actos violentos en algunas colonias contra los integrantes del Comisariado de Bienes de Comunales, nuevos representantes de la organización ambientalista y defensora de los derechos humanos Bios Iguana.

Quienes fueron victimas de ataques físicos desde el momento en que aceptaron asesorar y apoyar a la comunidad indígena en contra de la minera Gabfer.  Hernández asegura “la complicidad entre gobierno y empresas provocan que vivamos en el desamparo total, el conflicto que vivimos en Zacualpan, se agravó desde que se nos declaró la ‘guerra’ abiertamente, sabemos que con las autoridades jamás contaremos. A principio de año nos lo dejaron en claro con la llegada de elementos de la Policía municipal y estatal, quienes llegaron a proteger al grupo a favor de la minera, que también tomó el camino al manantial.

El 16 de enero de este año, por medio de un documento entregado al delegado estatal de la Secretaría de Gobernación por parte del presidente de bienes comunales, se le pidió la intervención de tal Secretaría, ‘ante el abuso excesivo y arbitrario de la autoridad estatal que permite, protege, solapa y promueve actos delictivos cometidos en perjuicio del bien común de esta comunidad indígena que representamos, mediante la cuales se quebranta la ley con el único fin de que personas que son afines a la explotación de una mina dentro de los recursos naturales de esta comunidad permitan ello’”.

Sin embargo esa petición no fue tomada en cuenta y el posicionamiento de dicha empresa en la zona siguió cada vez con mayor fuerza, “la disputa por el usufructo del agua y los minerales, una vez más pretende atropellar los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la autogestión de los territorios en el país. El Estado, en sus tres órdenes de gobierno, está lejos de no tener responsabilidad, por el contrario ha jugado un rol clave, sea por acción u omisión”, sentencia un pronunciamiento de la comunidad, ante el abandono de las autoridades para solucionar el problema.

El activista social Jerónimo Gandía asegura que “Zacualpan es uno de los principales focos rojos de Colima en cuanto a la problemática de la rapaz minería, esta comunidad forma parte de los grupos indígenas que enfrentan una de las principales amenazas, que intenta coartar su supervivencia. En esta comunidad la minería ya ha asolado lugares ‘sagrados’, provocado envenenamiento de ríos y territorios de cultivo. Es casi un hecho que de avanzar la extracción y aún más la de cielo abierto, las comunidades al verse cada vez más vulnerables, no sobrevivirán a la pérdida de su tierra”.

A su vez Gandía asegura que la problemática de la minería en territorios indígenas, no solo afecta el medio ambiente y la vida de sus habitantes, sino que en las acciones, tanto empresariales, como gubernamentales, se da muestra que existe una intención “por criminalizar las protestas, perseguir y detener dirigentes y líderes que al oponerse y cuestionar la actividad minera, afectan los intereses multimillonarios que se forjan por medio de la alianza empresa-gobierno federal”.

“Como ejemplo de lo anterior podemos citar el caso del profesor y escritor Andrés Cruz Chi, quien estuvo al frente del movimiento en contra de la minería en zonas indígenas. Él y su familia tuvieron que autoexiliarse, porque frecuentemente han sido amenazados de muerte por policías y otros personajes que se asegura operan para Mario Anguiano, gobernador de Colima, Roberto Chapula de la Mora presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para Rogelio Rueda Secretario de Gobierno del mismo estado.

A hechos como ese estamos expuestos todos aquellos que buscamos bloquear los ingresos ilícitos del gobierno y los empresarios en este país, la minería siendo un negocio genocida y deshonesto siempre asegura que generará ingresos a la poblaciones y empleos, pero las pruebas demuestran una minería sucia y contaminante que destruye ecosistemas y vidas, por ser infiernos abiertos.

Hemos mostrado nuestra preocupación ante los proyectos mineros, puesto que la situación de marginación y extrema pobreza se añade ahora la amenaza creciente de despojo de territorios indígenas, todo en nombre de un falso “progreso nacional”.

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