Libre trabajo del GIEI habría demostrado complicidad del Ejército en el negocio del narcotráfico: Solalinde

Por: Antonio Aranda / 1 mayo, 2016

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(01 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó el pasado 29 de abril su informe final del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014 a la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, con este acto cerró su ciclo como instancia coadyuvante en la investigación.

Previo a la entrega del documento del GIEI a la PGR, este pasó una semana de intenso torpedeo mediático y político durante la cual se dilucidó que el gobierno federal mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto no aceptaría la menor alteración a su conocida “verdad histórica” de los hechos ocurridos en Iguala: los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron quemados en el basurero de Cocula y sus restos calcinados, molidos y lanzados al río San Juan.

Los encontronazos del GIEI con el gobierno federal no fueron pocos. Desde su primer informe agregaron nuevas líneas de investigación que descuadraban la “verdad histórica”, principalmente la existencia de un quinto camión en el que viajaban algunos de los normalistas desaparecidos y que podría haber estado cargado con droga, lo que echó por tierra la hipótesis que los jóvenes fueron atacados por que pretendían irrumpir en un acto público de la esposa del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Con el segundo informe el GIEI deja nuevas líneas de investigación y un obús político en las manos del gobierno federal: Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) es señalado de sembrar pruebas en la zona donde se encontraron los supuestos restos de los estudiantes calcinados, por esto el GIEI solicitó públicamente que el funcionario deje su cargo para ser investigado de manera independiente por que ‘‘nadie puede auto investigarse’’, expresaron durante una conferencia de prensa en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

Parte el GIEI pero queda la sociedad civil 

Para los defensores de derechos humanos queda claro que el GIEI fue “expulsado” de México porque no convalidó la “verdad histórica” de la PGR, así opina Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos quien explicó en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO que con la salida del GIEI corresponde a la sociedad civil mantener el reclamo de justicia y acceso a la verdad.

“Es importante proteger a los padres de los 43 de las calumnias y difamaciones de las que son objeto con la finalidad de desvirtuar la legitimidad de sus demandas; recordemos el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, en Argentina, mientras ellos sigan luchando el caso no estará cerrado nunca, aquí el pueblo es garante y la credibilidad de una investigación no surgirá de la PGR sino del cúmulo de organizaciones que vigilan el caso. La verdad saldrá, recordemos los casos de Pinochet, Ríos Montt y el mismo Echeverría a pesar de tener todo el aparato del Estado a su favor se logró llevarlos a la justicia; hoy tenemos otra ventaja, se han acortado los tiempos, ya no es necesario esperar cuarenta años para conocer la verdad de los hechos”.

Por su parte el sacerdote Alejando Solalinde, reconocido defensor de los derechos humanos en México, coincidió en señalar que la “expulsión” del GIEI fue producto de su trabajo independiente que reveló líneas de investigación distintas a las oficiales.

“Como el GIEI no coadyuvó en la mentira (de la PGR) y fueron realmente independientes y se encaminaban a líneas de investigación distintas a las de la PGR les dio miedo, y ellos trataron de frenar y desprestigiar. Si hubieran dejado al GIEI hacer su trabajo hubieran demostrado que el móvil de todo es el tráfico de heroína y la complicidad de las instituciones del Estado y sus diferentes corporaciones, incluidas claro, el Ejército en el negocio del narcotráfico”, detalló el sacerdote para Revolución TRESPUNTOCERO.

Sobre la opinión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) en el sentido de la preocupación por la partida del Grupo Interdisciplinario de México en un momento en que la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aún no está terminada, Solalinde percibe que bajará la presión interna para el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero reconoce que el GIEI sembró condiciones para continuar exigiendo justicia.

“Los 43 no son los únicos desaparecidos, pero son los últimos que toleró el pueblo mexicano. Ahora vemos como las familias en Veracruz salieron a exigir que se investigue dónde están los jóvenes desaparecidos, de igual forma la sociedad civil mantendrá su reclamo. El PRI y Peña Nieto no podrán sacudirse esta mancha, esta vergüenza, el hartazgo ante este crimen de Estado les costará caro en el 2018”, expresó Solalinde.

Peña Nieto, un gobierno manchado

El lunes seis de enero de este año el diario The New York Times publicó una editorial en la que señaló que a más de tres años de iniciar su presidencia, todo apuntaba a que Enrique Peña Nieto sería recordado como un político “que eludía la rendición de cuentas a cada oportunidad”, en vez de como el líder que transformaría a México, recuerda Manuel Gil Antón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, como preámbulo a la entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.

Para el investigador la salida del GIEI “quita una piedra en el zapato” al gobierno de Enrique Peña Nieto, pero su segundo informe también deja condiciones para renovar el reclamo social de conocer la verdad. El académico agrega que un posible pacto de silencio entre instituciones federales prácticamente es imposible ante la magnitud del caso.

“Ayotzinapa es demasiado grande, demasiado brutal como para que lo pueda acallar la salida del GIEI. México es un país que hasta el siglo pasado podía conseguir ciertos acuerdos de silencio, sobre todo por la debilidad de la sociedad civil; nunca supimos cuántos murieron en el 68, en el 71; durante la Guerra Sucia, pero me parece que el país ha cambiado y no van a lograr un pacto de silencio. Aunque en las manifestaciones cada vez son menos creo que durante las campañas del 2018 este será un tema ineludible que pasará factura a Enrique Peña Nieto”, explica Gil Antón.

Manuel Gil Antón considera que, a diferencia de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto trató desde el inicio de su gobierno de construir una imagen de “reformador” ante el mundo, basándose en estrategia como el Pacto por México y sus Reformas Estructurales, sin embargo el caso Ayotzinapa evidenció la debilidad del Estado y sus entrañas carcomidas por la corrupción.

“No hay manera que en el mundo se confíe en el país cuando los representantes de la justicia como fueron los policías de Iguala, de Cocula; el Ejército y la Policía Federal como testigos omisos para evitar la tragedia, son realmente el mensaje más importante, incluso que la reforma energética o que la educativa o cualquier otra. Ayotzinapa es una mancha y es una mancha indeleble, Díaz Ordaz se fue a la tumba con la del 68, Enrique Peña Nieto no se sacudirá nunca Ayotzinapa y la Casa Blanca”.

Estatuto Roma es aplicable a EPN y colaboradores 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó en su informe anual 2015 sobre México que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es ‘‘un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado’’, y subraya que es muestra de las ‘‘graves deficiencias’’ de las investigaciones en este tipo de casos, como la ‘‘impunidad estructural y casi absoluta’’ en los graves crímenes que ocurren en el país.

Aunque el informe de la CIDH no tiene carácter vinculante para el gobierno mexicano (es decir, no está obligado a acatar sus recomendaciones),  a los ojos de algunos académicos y defensores de derechos humanos éste les permite interpretar que el Estado mexicano podría ser juzgado por el caso Ayotzinapa desde una óptica de crimen de lesa humanidad.

La definición de crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende conductas como exterminio, deportación, desplazamiento forzoso, tortura, violación y desaparición forzada entre otros.

En este sentido Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos opina, “el Estatuto de Roma no vincula al Estado mexicano, sino a personas en concreto. Aquí tenemos que ver quiénes de ellos: Enrique Peña Nieto, José Luis Abarca, el Secretario de la Defensa (Salvador Cienfuegos), Ángel Aguirre (ex gobernador de Guerrero), el ex Procurador Murillo Karam, como autoridad federal tienen responsabilidad en este crimen de lesa humanidad de entrada por omisión”.

Siguiendo el argumento jurídico de la omisión, el Estatuto de Roma en su artículo 28 señala la responsabilidad penal de los jefes y otros superiores que aún no participando de alguna forma en la comisión del crimen, omiten ejercer un control apropiado sobre las fuerzas bajo su mando o autoridad, en este punto el Presidente de México Enrique Peña Nieto podría ser imputado penalmente por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Sí, Peña Nieto puede ser procesado por medio del Estatuto de Roma, pero mucho dependerá de la correlación de fuerzas entre las alianzas del capitalismo más que de la justicia internacional. Si pudimos ver como prosperaba Francisco Franco durante años habiendo dado un golpe de Estado igual que Pinochet, me parece que la justicia internacional se aplica sí y solo sí es conveniente para algún estado poderoso, mientras tanto no lo creo. Enrique Peña Nieto cargará con la mancha pero no con ninguna condena formal, desafortunadamente”, auguró Manuel Gil Antón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.

Salida de Tomás Zerón, inevitable

Si algo caracteriza y se le reconoce al sacerdote Alejandro Solalinde es su vasta red de contactos para obtener información confidencial. Incluso antes que existiera evidencia pericial al respecto, él se adelantó al afirmar que algunos de los estudiantes desaparecidos de  Ayotzinapa habrían sido quemados. Declaración que después se confirmaría parcialmente y le provocó el rechazo de los padres de los normalistas.

Por este tipo de antecedentes es de particular interés un comentario que el sacerdote defensor de los derechos humanos expresa a Revolución TRESPUNTOCERO, “Tomás Zerón caerá, es inevitable su salida. Vienen sorpresas, entre ellas el factor Emilio Álvarez Icaza (secretario ejecutivo de la CIDH) es político y su presencia será importante en el cambio de estrategia que el gobierno federal aplique en el caso Ayotzinapa”.

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