De privatizarse el sistema penitenciario operaría bajo una lógica simple, entre más gente en la cárcel mejor: especialista

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(26 agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Un reporte de Cámara Nacional de la Industria de la de Construcción –interesada en concretar importantes inversiones en la edificación de penales locales y federales- indicaba en 2014 que “históricamente el sistema penal mexicano estaba orientado a la contención más que a la readaptación. Prevalecía el enfoque que definía a las estructuras penitenciarias como meras administraciones carcelarias centradas en la reclusión como sanción” y resaltaba que la percepción general de la sociedad era –y sigue siendo– “que es un mal necesario que representa una fuerte carga fiscal para la sociedad, sin que queden muy claros sus beneficios”.

La visión de los empresarios es moderara en comparación con la realidad, lo que se supone debe ser un espacio para la readaptación social en muchos casos no solo son universidades del crimen sino zonas de impunidad.

En Saltillo, Coahuila entre los años 2009 y 2011 el grupo criminal de Los Zetas usó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras como un campo de exterminio en el que improvisaron hornos para desaparecer a más de 150 personas entre hombres y mujeres, según una investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de ese estado.

La masacre ocurrida en el penal de Piedras Negras en esa época en la que Omar Treviño Morales, “Comandante 42”, era el jefe regional de Los Zetas para el Noreste de México, opaca las masacres perpetradas por el grupo criminal en la cárcel del Topo Chico, incluso si se suman esas víctimas con las asesinadas en la prisión de Apodaca, Nuevo León.

Por si esta historia fuera poco en 2010 un grupo también de Los Zetas, operaba desde el interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, Durango, la misma directora del penal, Margarita Rojas Rodríguez, giraba instrucciones para que se les permitiera entrar y salir sin problemas de las instalaciones. Bajo este esquema de protección la célula criminal salió y entró del estado para cometer decenas de ilícitos sin que fuera detectada por meses.

Ante estos hechos que evidencian un total fracaso en el sistema penitenciario mexicano algunas voces –sobre todo empresariales- susurran que la solución, como en todo según el modelo capitalista, es la privatización.

En este sentido las organizaciones Documenta A.C., la Fundación para el Debido Proceso y México Evalúa entre otras presentaron en días recientes el informe: Privatización del sistema penitenciario en México, en él cuestionan el modelo privado principalmente por la reducción de la calidad de los servicios y al aumento de la inseguridad dentro de los centros penitenciarios.

El informe destaca que uno de los principales promotores de la privatización de los penales, el Gobierno de Estado Unidos anunció la semana pasada que dejará de utilizar gradualmente las prisiones privadas, derivado de una investigación del Departamento de Justicia (el equivalente a la Secretaría de Gobernación) donde encontró que éstas se encuentran en peores condiciones que las públicas.

El documento además reafirma que en los centros penitenciarios de México persisten los problemas de hacinamiento y autogobierno, así como prácticas de tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes, tanto en las cárceles públicas como en las privadas.

“Los graves problemas que caracterizan al sistema penitenciario en México no justifican la incorporación de un modelo que va en detrimento de la dignidad de las personas privadas de libertad y obstaculiza la reinserción social”, es una de las principales conclusiones del informe pero no última.

Lucrar con el castigo

Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace -una organización especializada en el tema de justicia, seguridad, asesoría y defensa legal- detalló a Revolución TRESPUNTOCERO que la propuesta de privatizar el sistema penal incluye la operación, la provisión de servicios, alimentos, limpia y programas educativos, excluyendo el resguardo y manejo de reos, sin embargo el tema de fondo, argumenta es la posibilidad de que este modelo aumente las violaciones a los derechos humanos de los internos sin solucionar los problemas que pretende terminar.

“En este momento no existen las condiciones para llevar esto a la práctica generalizada, hay algunas experiencia pero más en el ámbito de la construcción de la operación de servicios básicos pero no del gobierno de las cárceles, para eso no creo que estemos preparados, dejar en manos privadas a componentes criminales tan peligrosos como los líderes de cárteles o grupos de sicarios no lo veo adecuado.

“Otro tema que se utiliza como argumento es la carga fiscal que representa el sistema penal para el Estado y sus contribuyentes, sin embargo bajo el modelo que se propone considera que el gobierno debe asumir parte del riesgo de la inversión garantizando una tasa de ocupación de la cárcel concesionada de al menos 90 por ciento. Es decir, si por algún motivo se redujera el encarcelamiento de reos no sentenciados, el gobierno tendría que pagar la cuota como si las celdas estuvieran ocupadas”, precisó Sánchez Bocanegra.

Otro ángulo desde el cual Martín Carlos Sánchez Bocanegra analiza la propuesta es la contradicción que generaría la reciente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que contempla la mediación como alternativa de solución de las controversias penales para despresurizar el sistema judicial y la sobrepoblación carcelaria.

“De entrada las compañías lo que desean es que haya más gente en la cárcel. Les pagan por persona detenida, eso podría generar mayores violaciones a los derechos humanos por que al no ser una autoridad no estarán sujetos a las mismas obligaciones legales.

“Otro tema -ético quizá- pero importante es si alguien debe lucrar con un castigo toda vez que hay intereses que se benefician directamente de generar utilidades, a partir del incremento en la demanda, entonces se pierden los objetivos que tiene el encarcelamiento: proteger a la sociedad y readaptar a quienes cometen crímenes”, puntualizó Sánchez Bocanegra.

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