ONG denuncia omisiones en caso de feminicidio cometido en Yucatán; víctima había denunciado violencia por parte de su agresor

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(18 de febrero, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- En Peto, Yucatán, un hombre mató a machetazos a su ex esposa, tras una discusión en la comisaría de Xpechil. El feminicidio se registró a inicios de febrero.

El comisario Delfino Aban Cuxim, informó que se encontraba en su predio cuando escuchó los gritos de una mujer en la vía pública. Por lo que salió de su vivienda y vio a la señora Daniela del Rosario Núñez Rosado, de 31 años de edad, quien se dirigía corriendo en busca de ayuda  mientras era perseguida por su ex esposo, Daniel Chuc Cuxim de 39, con un machete en la mano.

Aban Cuxim dio aviso a la policía municipal y estatal, pero cuando llegaron el hombre ya había dado muerte a Daniela. Sobre los hechos violentos la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanosTodos los derechos para todas y todos (TDT), se pronunció exigiendo que además de tipificar y consignar como feminicidio el crimen contra la víctima, “es indispensable investigar si hubo episodios previos de violencia y, en caso que así sea, investigar si ante ellos hubo omisiones de autoridades”.

Se ha divulgado información que sugiere que en diciembre pasado fue golpeada y el marido fue detenido por la Policía Municipal de Peto, pero no fue consignado. El equipo Indignación considera indispensable investigar ésta y otras posibles denuncias o episodios de violencia así como la actuación de las instituciones a las que la víctima hubiere acudido, pues las omisiones de instituciones del Estado tienen fatales consecuencias, aseveraron.

Cabe señalar que el equipo Indignación ha documentado las dificultades que enfrentan las mujeres para denunciar violencia, la lenta actuación de las autoridades, las dilaciones para otorgar órdenes de protección. Con frecuencia se desestima la gravedad de la situación y los riesgos que enfrenta una mujer que vive violencia.

“Lamentablemente es común culpabilizar a la víctima, no sólo de la violencia, sino también de no denunciar o, en el caso de una denuncia, de otorgar perdón al agresor. Sin embargo el equipo Indignación quiere enfatizar la responsabilidad de las autoridades puesto que debieran estar capacitados ante la compleja situación de una mujer que enfrenta violencia continua y ejercer todas las facultades con las que cuentan en estas situaciones”, añadieron.

Para el centenar de organizaciones que conforman la red TDT, es indispensable investigar también las omisiones en el terreno de la prevención y de las campañas y si éstas se han hecho adecuadas también a la lengua y a la cultura maya o acaso es otro de los incumplimientos de la obligación de prevenir la violencia contra las mujeres.

“Apenas en octubre pasado dábamos cuenta de que el gobierno de Yucatán incumple la obligación, establecida en su propia ley en la materia, de emitir el Programa Especial para Prevenir, Atender y Erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Yucatán y continuamente hemos señalado la omisión de contar con un registro y documentación de la violencia de género.

En el contexto de agresiones contra mujeres y feminicidios, lamentablemente, continuamos encontrando notas periodísticas que parecen justificar la violencia, culpabilizan a la víctima o incurren en alguna de las malas prácticas periodísticas ante la violencia de género que lamentablemente fortalecen un pensamiento machista, patriarcal y violento, atentan contra la igualdad de género y representan un obstáculo para erradicar la violencia contra las mujeres”, puntualizan.

Y se ha informado que las mujeres de muchos pueblos mayas de Yucatán enfrentan mayores dificultades para denunciar violencia y acceder a la justicia puesto que el Juez de Paz o Comisario, que con frecuencia es la primera autoridad ante la que acuden, cuenta con limitadas facultades, mientras que los Ministerios Públicos suelen ser espacios ajenos a su cultura, en muchas ocasiones no cuentan con intérprete o traductor e incurren en dilaciones y actuaciones que retrasan la justicia, contraviniendo la “debida diligencia a la que están obligados”.

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