Organización internacional exhibe régimen de terror encabezado por el PRI en Veracruz

Organización internacional exhibe régimen de terror encabezado por el PRI en Veracruz
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Con base a un reporte de la organización internacional Crisis Group, durante las Administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte, Veracruz, hubo corrupción, saqueos, violencia, impunidad, colusión entre Gobierno y el crimen organizado, falta de controles federales, obstrucción de la justicia y opacidad, durante los últimos 12 años.
El régimen de terror encabezado por el PRI en Veracruz encarnó la combinación de una transición democrática defectuosa y el creciente poder del crimen organizado.
De acuerdo a testimonios publicados en diversos medios informativos, esta agrupación con sede en Bruselas que el hecho que “líderes políticos corruptos” capturaran las instituciones públicas de Veracruz para su uso y beneficio privado, se debe a la falta de mecanismos de control y contrapesos desde el Gobierno federal.
Respecto al informe “Veracruz: reparar el estado de terror de México”, se estima que al menos 2 mil 750 personas han desaparecido en esa entidad. “Veracruz se enfrenta a las devastadoras verdades de más de una década de violencia y corrupción a gran escala”, refiere.
Los homicidios contra periodistas, profesionales jurídicos, agentes policiales, testigos y ciudadanos en general han buscado frenar las denuncias contra organizaciones criminales y sus cómplices políticos, sin embargo no han logrado acallar el descontento social.
“En Veracruz, una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó el camino para una campaña de violencia desenfrenada mediante la captura de las instituciones locales judiciales y de seguridad, garantizando impunidad ambas partes”, indica.
En los últimos dos sexenios se reforzaron los territorios autoritarios en el estado, lo que permitió combinar intereses públicos, privados y criminales dedicados a saquear los recursos públicos y victimizar a la población civil, ello de acuerdo a la información proporcionada por Crisis Group.
Asimismo, se hace referencia en “Fortunas privadas y temor público: corrupción, crimen y complicidad”, al saqueo de fondos públicos a través de las llamadas empresas fantasmas que operaron desde 2010, bajo la Administración de Duarte.
Aunque se aclara que esa técnica fue sólo una de las diversas formas de fraude, ya que también se registraron contratos incumplidos, precios inflados para la construcción de obras, facturas ficticias, triangulación y retención de fondos federales, así como la colocación de miles de aviadores en instituciones públicas.
Se señala que el Gobierno estatal realizó acomodos en las corporaciones policiacas para promover y proteger los intereses del crimen organizado, tanto dentro como fuera del poder público. Además Veracruz es una zona vulnerable al tráfico de drogas y de personas y la Administración de Herrera fue clave para las organizaciones delictivas.
En el documento se señalan algunos grupos delictivos como el Cártel del Golfo, Los Zetas y La Compañía, así como investigaciones que se han llevado a cabo en Estados Unidos en las que ha salido a relucir el nombre del ex Gobernador priista, Fidel Herrera.
El grupo criminal de los Zetas, se convirtieron en una fuerza dominante para la venta de drogas, el robo de autos, secuestro, extorsión de migrantes, falsificación, robo de hidrocarburos, tráfico de personas y extorsión a negocios.
De acuerdo con el testimonio de un ex policía de inteligencia del Estado, se confirmó la protección gubernamental hacia las organizaciones delictivas. “Se les hacía más fácil extorsionar, secuestrar, con la protección del mismo estado”, cita Crisis Group.
Según esta investigación, la peor violencia en Veracruz es producto de la “fusión de facto” entre las fuerzas policiales estatales y locales con grupos del crimen organizado, pues en las ciudades más alejadas, es donde estas fuerzas y los grupos se confabularon para generar espacios semiautónomos para llevar a cabo sus actividades ilegales.
Sale a relucir el nombre de Arturo Bermúdez, ex titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, mismo que fue detenido y aún es investigado por enriquecimiento ilícito.
“La criminalización de las fuerzas de seguridad estatales llegó al extremo en la Secretaría de Seguridad Pública y, según numerosos relatos, a partir de 2011 se convirtió en un enclave autoritario-criminal sirvió para impedir la libre expresión”, menciona.
Asimismo, otra manera de apoyar a estos grupos era actuar de manera pasiva, sin responder a los llamados de ayuda de los ciudadanos ni reportar vehículos sospechosos o grupos armados e incluso vigilar las labores de las fuerzas federales.
Con respecto al tema de las desapariciones, se habla de una alianza entre el Gobierno de Duarte y del entonces Presidente Felipe Calderón en la lucha contra el narco, lo que provocó la captura de altos mandos de Los Zetas.
Esta situación provocó que otros grupos criminales se introdujeran en el Estado, peleando la plaza y sus intereses, lo que elevó la tasa de homicidios y desapariciones forzadas que trasgredieron a la propia población, víctimas inocentes.
El nivel de complicidad llegó a tal grado, que se emprendieron acciones contra testigos accidentales o colaboradores para destruir pruebas, además de violencia contra periodistas para encubrir operaciones criminales e impedir la libertad de expresión.
La organización Crisis Group también señala “Violencia de los grupos del crimen organizado, así como violencia de las Fuerzas Armadas federales contra delincuentes a pequeña escala para imponer el monopolio de los grupos del crimen organizado sobre actividades como el robo de hidrocarburos de los oleoductos”, detalla.
En la investigación se cita el testimonio de un funcionario de bajo rango del Consejo de Seguridad de Veracruz, a cargo de compilar las estadísticas sobre la delincuencia, quien reveló que recibió instrucciones explícitas de no incorporar ningún caso de secuestro a los índices. “La negación de estos crímenes y de justicia para las víctimas fue parte integral del autoprotección que el estado de Veracruz y sus socios criminales se garantizaron a sí mismos entre 2014 y 2016”.
La instrucción era crear acciones de “casi absoluta impunidad” y, para ello, también la Fiscalía General del Estado estaba implicada. El informe incluye una lista de las técnicas empleadas para encubrir delitos durante el Gobierno de Duarte.
Se describe como los funcionarios incumplían con protocolos legales para la búsqueda de personas desaparecidas, rechazaban denuncias de familiares o intentaban disuadirlos de presentarlas; se negaban o eran incapaces de llevar a cabo investigaciones por la acumulación de casos, falta de recursos o incentivos financieros.
De acuerdo a este análisis, durante el mandato de Duarte, una vez que las investigaciones mostraban avances, éstas se cerraban, a efecto del control de los riesgos que enfrentaban los presuntos culpables.
Crisis Group señala cómo el Gobierno estatal incurrió en la destrucción de pruebas como sepultar de manera ilegal a cadáveres no registrados tanto en fosas clandestinas como en cementerios estatales; asimismo reportó que las amenazas contra la libertad de expresión alcanzaron su punto máximo durante el mandato de Duarte.
Pues no conforme con las desapariciones y homicidios de los periodistas, también se obstaculizaron las medidas de protección, pues los funcionarios del orden estatal, se encontraban involucrados en dichos ataques.

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