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Sin justificación, INE solicitó 413 vehículos adicionales en 2016, tiene ya un total de mil 350, denuncia Contraloría General

Sin justificación, INE solicitó 413 vehículos adicionales en 2016, tiene ya un total de mil 350, denuncia Contraloría General
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En 2016 el Instituto Nacional Electoral (INE), aumentó el número de vehículos arrendados, haciendo caso omiso a las críticas y recomendaciones de su contraloría interna.
De acuerdo al informe anual, presentado este martes, la Contraloría General del INE criticó que, “sin justificación, dicho organismo solicitó 413 vehículos adicionales en 2016, para alcanzar un total de mil 350 vehículos arrendados”.
Esto pese a que, “dentro de las medidas de austeridad anunciadas el año pasado, el INE había acordado eficientar el uso de vehículos oficiales arrendados”. Se ha mencionado que entre los carros, se encuentran las camionetas de los consejeros y directivos del Instituto, forman parte de un contrato plurianual de aproximadamente 935 millones de pesos que el INE celebró en 2015 con la empresa Jet Van Car Rental.
La empresa es la misma que, de acuerdo con un reporte de Reforma publicado el 14 de febrero, “rentó 80 vehículos híbridos Prius Toyota 2016 a la Cámara de Diputados, de los cuales al menos 20 fueron abandonados en su momento”.
Además, en auditorías pasadas, la Contraloría del Instituto ya había criticado el programa de arrendamiento vehicular, indicando que “sería más barato comprar los vehículos en vez de rentarlos”.
Ahora ha señalado que lejos de reducir el número de los vehículos arrendados, éstos aumentaron sin que con ello se atendieran necesidades reales del INE. “No se proporcionó documental que acreditara que se realizó una detección de necesidades y requerimientos reales de cada Unidad Responsable, a fin de justificar el total de vehículos considerados en las bases para la contratación del servicio de arrendamiento”, señala el informe.
“Tampoco se advirtió la existencia de un estudio de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia del arrendamiento por encima de la adquisición”. La Contraloría criticó, asimismo, que “en cuanto a la operación del contrato de arrendamiento, ninguna de las unidades responsables auditadas utilizó los servicios de ‘Call Center’ ni el de ‘Sistema de Administración y Monitoreo Vía Remota’ para la administración de los vehículos”.
Los costos de dichos servicios fueron de 13.53 millones de pesos, sin que significaran un beneficio real para el Instituto, puntualizó la Contraloría. También se sumó que “se detectaron casos en los que, contrario a lo establecido en el contrato, los vehículos no tenían mantenimiento y remplazados los neumáticos a pesar de tener más de 40 mil kilómetros recorridos”.

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