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En un periodo menor a 4 meses, Tijuana rompió los récords de violencia, al registrar una cifra de 411 homicidios.
Esta cifra se considera como histórica en la región si se toma en cuenta que el número de muertes violentas en 2017 es similar a la que se registró durante todo un año en 2006, 2007 o en 2011.
Los homicidios, según autoridades municipales y del Estado, están relacionados con pugnas por el control del narcomenudeo, a través de células de grandes cárteles de la droga.
En varios de los casos, estas personas habían sido detenidas, pero salieron libres gracias al nuevo sistema de justicia penal. Así lo afirma el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado.
Daniel De La Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del Estado, mencionó que las disputas se realizan entre delincuentes que eran anteriormente del grupo Arellano Félix e integrantes del Cártel de Sinaloa.
“Quienes están disputando son personas que tuvieron el control y que trabajaron en su tiempo para los Arellano y hay otros que se andan independizando, que trabajan en actividades criminales con otro grupo delictivo, particularmente de Sinaloa”.
El Coordinador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Miguel Ángel Guerrero Castro, apoyó las declaraciones de De La Rosa y reiteró que la lucha tiene se ubica en la zona centro-norte de la ciudad.
“Es un lugar muy productivo para las células que operan en la ciudad, específicamente dos cárteles, Sinaloa y el Cártel Arellano Félix Nueva Generación, siempre se están peleando en esa zona”
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor, dijo que en la batalla se disputan territorios o puntos de venta de droga.
“Estas disputas por la droga se dan cuando la ciudad necesita al menos el doble de agentes municipales para dar servicio a la población”.
Sotomayor mencionó que, según datos del Inegi, en la actualidad Tijuana tiene mil 500 policías de manera activa para auxiliar a un millón 641 mil 570 habitantes.
“Otros 700 elementos municipales están incapacitados de manera permanente, tienen suspensión temporal, o están en otras funciones”.
“Lo ideal sería que tuviéramos una fuerza del doble de elementos, pero tenemos que ser realistas, estamos apostando a incrementar el estado de fuerza en aproximadamente 600 policías en los próximos tres años”.
Sobre el nuevo sistema justicia penal, el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro consideró que este no permite encarcelar a las personas.
“Si se detienen, esas detenciones son inconstitucionales, salen libres”, mencionó, “pese a que le encuentren armas, el nuevo sistema de justicia es lo que está provocando”.
“Es bueno el sistema en cuanto a que te garantiza la presunción de inocencia, lo que no ayuda es que el catálogo de sanciones que ameritan prisión preventiva es muy corta, cinco delitos” y lamentó que “faltan reformas”.
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