Mientras no exista voluntad política por parte del Estado de dejar de desaparecer a sus ciudadanos, Ley contra Desaparición Forzada será inoperante: ONG’S

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Por Emma Martínez

(20 de enero, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 16 de enero entró en vigor la Ley General sobre Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares, luego de más de 17 años de indiferencia gubernamental, sordera legislativa y con siete años de retraso respecto al cumplimiento de una de las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre desaparición forzada de la ONU.

Para la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, la entrada en vigor de la Ley General se da en un contexto de impunidad y de nuevos casos de desaparición forzada, de la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que significa un grave retroceso en materia de derechos humanos y libertades democráticas, externan.

Como ejemplos recientes citan la desaparición forzada de siete jóvenes, en Chilpancingo, Guerrero por parte de la policía estatal, “la falta de verdad y de justicia en el caso de los 43 normalistas y la reciente resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en el que se ordena a la PGR rehacer una indagatoria en un caso de desaparición forzada, al demostrar que dicha institución no cumplió con realizar una debida investigación para resolver el caso, son evidencia que las desapariciones forzadas en nuestro país siguen siendo una política de Estado la cual, desgraciadamente, se sigue implementando en la mayoría de los estados del país”.

En tanto, la especialista en temas de seguridad, Ana María Martínez indica que, la Ley de Desaparición Forzada, como cualquier ley que el gobierno y el legislativo acceda a promulgar está plagada de deficiencias que perjudican a las víctimas y protegen a todos los actores del Estado que podrían ser perjudicados de ejercer justicia, “estamos hablando puntualmente a las fuerzas de armadas y de seguridad”.

“Si se dio paso a la Ley de Desaparición, es porque era mejor que ellos hicieran una ley que los protegiera a que en algún momento algún artículo de la constitución o por ahí algún elemento jurídico procediera y afectara, también se promulgó para limpiar un poco la imagen que tiene el gobierno, ejército y marina frente al mundo.

Reitero, ninguna ley aprobada por el PRI y el PAN y tan fácilmente promulgada podría beneficiar a las víctimas, a los mexicanos, porque terriblemente esa es la circunstancia en la que se camina por este país”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO.

Entonces si en la Ley de desapariciones no se reconoce lo ‘forzado’ y no se castiga a fuerzas armadas, evidentemente lo que sigue es la militarización y para que no quede duda se urge a promulgar, añade.

“Se viene un año electoral complejo, con la última candidatura del político que ha hecho historia en este país por verdaderamente ser el antónimo de la derecha y todo lo que esta representa, el ejercicio de un fraude histórico y el hartazgo de la población, de ganar -ilegítimamente- el PRI o el PAN, el pueblo está vez no actuará pacíficamente.

El modo de contención será la violencia militar y esa es brutal. Esa violencia desaparece, ejecuta y antes tortura. Todas las leyes que en pantalla benefician al mexicano, son las que hechas a modo, lo aniquilarán y ahí sí que las van a ejercer, en año electoral y por el resto de lo que nos dure el país de mantener en el poder, a quienes las promulgaron”.

Las organizaciones agregan que, “sin duda, la entrada en vigor de la Ley General ha generado en muchos sectores de la sociedad altas expectativas, sin embargo, como Campaña no echamos las campanas al vuelo, puesto que la verdadera puesta en marcha de la Ley y su real cumplimiento se verá reflejado en los hechos con el esclarecimiento de los miles de casos de desaparición forzada, la presentación con vida de las víctimas, el juicio y castigo a los responsables y sobre todo en la no repetición de esta grave violación a los derechos humanos.

Como lo señalamos, con o sin Ley General los casos de desaparición forzada continuarán si el Estado no tiene la verdadera voluntad política para erradicar este grave flagelo y para dejar de desaparecer a las personas, lo cual hasta la fecha no ha dado muestras de querer hacerlo”.

Por lo que reiteran que la Ley General que entra en vigor no garantiza plenamente el acceso a los derechos de memoria, verdad, justicia, reparación integral y garantías de ‘no repetición’, que “no es la Ley General que propusimos las organizaciones y las familias agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada y que tal y como fue aprobada dista mucho de lo que requiere el país para prevenir, erradicar y sancionar esta grave violación a los derechos humanos”.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, “somos conscientes que mientras no exista voluntad política por parte del Estado mexicano de dejar de desaparecer a sus ciudadanos, mientras no tenga la voluntad política de decir dónde están las víctimas de desaparición forzada, mientras no tenga la voluntad política de investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, la Ley General será inoperante y servirá para simular y no para garantizar, memoria, verdad, justifica, reparación integral y medidas de no repetición”.

Puntualizan que, la Ley General es sólo una herramienta más de lucha y cada aspecto ganado, cada elemento que le fue arrancado al Estado será utilizado para luchar por la presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada.

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