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viernes, 28 de abril de 2017

Con aprobación al vapor de ley de Seguridad Interior, legisladores agravarán crisis de inseguridad y violación a DH, denuncian

 
Con aprobación al vapor de ley de Seguridad Interior, legisladores agravarán crisis de inseguridad y violación a DH, denuncian
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(28 de abril, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El movimiento Seguridad sin Guerra, asegura que en lo inmediato es indispensable detener el proceso de aprobación “al vapor” de la Ley de Seguridad Interior.
“Así como las múltiples y graves modificaciones propuestas a una serie de instrumentos que corren el riesgo de revertir lo logrado con el establecimiento del nuevo sistema penal acusatorio y que en su conjunto se denominan la Miscelánea Penal”, señalan.
Además, se apunta que pese a las advertencias de académicos y expertos, así como de organismos nacionales e internacionales como la CNDH y la ONU, los legisladores quieren dar paso a iniciativas que tienen el potencial de agravar la crisis de inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro del Estado de Derecho, y el incremento sin control de la violencia en México.
Las presiones para aprobar a la brevedad estas leyes parecen, desde la sociedad civil, un juego de intercambios entre partidos que obedecen a la lógica de la temporada preelectoral.
Apresurar estos procesos no hace más que sembrar desconfianza entre la ciudadanía, lo que a su vez mina las posibilidades de encontrar soluciones de fondo y duraderas, denuncia el colectivo.
Y explican que el más reciente dictamen de Ley de Seguridad Interior pretende dar a las fuerzas armadas un salvo conducto para permanecer en las calles en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que, según su propio dicho, no están capacitadas.
“Contiene cláusulas preocupantes por la amplitud de facultades concedidas y por la poca claridad de los límites que pretende establecer.
Peor aún, la continuada participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en sí misma, con independencia de los problemas específicos de las iniciativas a discusión, implica un deterioro institucional – ‘desnaturalización’ en palabras del General Cienfuegos- muy grave y preocupante”.
Así mismo, afirman que el cúmulo de evidencia apunta a que la militarización masiva de la seguridad pública desde hace diez años ha sido una medida contraproducente que ha exacerbado la violencia en vez de disminuirla.
Afirman que, con la apurada aprobación de la Ley de Seguridad Interior se estaría optando por una falsa salida a nuestros problemas: en lugar de entrarle a los problemas de fondo de un enfermedad cada vez más grave en materia de seguridad pública y procuración de justicia, se pretende administrar indefinidamente la “medicina” que tantos daños ha causado y que ninguna mejoría ha ofrecido. La ruta actual es irresponsable y ligera.
“El Congreso responde en este momento a iniciativas impulsadas por intereses y grupos aislados y trabaja en forma opaca y de espaldas a la ciudadanía.
En los últimos tres meses, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados trabajó el dictamen de Ley de Seguridad Interior en total secreto y sin consultar a expertos en la materia”, declaran.
Estando casi al cierre del periodo legislativo, es simplemente imposible que el dictamen sea debidamente difundido y analizado antes de que se intente su aprobación al vapor, aseguran mediante un comunicado.
“Tenemos un enorme reto frente a nosotros en lo que bien puede denominarse la reconstrucción integral de los mecanismos y proceso para la seguridad y justicia en el país. 
No cedamos ante la premura por legislar a la ligera sin un diagnóstico de fondo que nos permita, ahora sí, reconstruir la paz y la seguridad en el país. No repitamos la improvisación perpetuando con ello la crisis nacional.
Ceder a la presión de apaciguar ánimos con leyes a contentillo es un despropósito y un error más del cual nos costará quizá generaciones recuperarnos. Decisiones así tomadas carecerán de la legitimidad y acompañamiento por parte de la ciudadanía que resultan indispensables para que cualquier sistema de seguridad y justicia sea exitoso”, exhortan.

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miércoles, 26 de abril de 2017

Con violencia policía intenta desalojar a pobladores en Puebla; acusan a edil de malversación de 47 mdp

Con violencia policía intenta desalojar a pobladores en Puebla; acusan a edil de malversación de 47 mdp
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Este martes por la madrugada, un grupo de granaderos hicieron intentos de desalojo en contra de pobladores de Jolalpan, Puebla, quienes desde hace dos meses mantienen un plantón indefinido frente al Congreso estatal, para exigir la revocación del mandato del alcalde Antonio Javana García.
A Javana García, se le acusa de abuso de autoridad, malversación de al menos 47 millones de pesos del ejercicio fiscal 2015 y enriquecimiento ilícito. Por lo que integrantes del movimiento ciudadano Puebla en Lucha, se han manifestado en contra y a las tres de la mañana dos patrullas de la policía del estado llegaron hasta la zona del campamento, para amenazarles que “sería desalojados con violencia sino levantaban sus casas de campaña”.
Por lo que los manifestantes pidieron el auxilio de las organizaciones sociales que los respaldan en la ciudad de Puebla, “para frenar esta violación a sus derechos humanos”.
Denunciaron que “los agentes ingresaron dos camionetas hasta la calle 5 Poniente, entre 16 de Septiembre y 3 Sur, de donde bajaron varios uniformados para amontonar vallas metálicas a un costado del Palacio legislativo. Los policías estatales se quedaron hasta las primeras horas de este martes, sólo a ala espera de una orden”.
Por lo que dicha acción fue tomada como intimidatoria por parte de los pobladores de Jolalpan, quienes a pesar de la situación advirtieron que no levantarán el plantón indefinido hasta que no se fije una postura por parte del Poder Legislativo el gobierno estatal.
También denunciaron que “la hora preferida del gobierno para atacar con el uso de la fuerza pública es precisamente a horas de la madrugada”, sin embargo, estimaron que en vísperas a la marcha del 1 de Mayo, por el Día Internacionald el Trabajo, el gobierno de Antonio Gali Fayad no puede cometer esta torpeza.
“Tony Gali no puede actuar así poco antes del 1 y 5 de mayo, como en su momento lo hicieron los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luís Echeverría previo a los juegos olímpicos de México 68”, dijo Ramiro León Flores, abogado a cargo de la defensa legal de los pobladores de Jolalpan.
Y acusó al mandatario poblano de “no cumplir con su palabra, pues la semana pasada se comprometió a resolver el caso de antes del pasado viernes”. Lo anterior, recalcó, a pesar de tener las pruebas contundentes que el presidente municipal Antonio Javana García ha incurrido en actos de corrupto.
“Incluso, en lugar de apaciguar la situación y permitir la salida del edil, el gobierno estatal mandó esta madrugada a sitiar el plantón con granaderos. No podemos permitir la brutalidad por encima de la ley y la razón”, condenó.

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“Si 2016 fue mal año para la paz en México, 2017 va a ser mucho peor”; 8 delitos de alto impacto incrementaron sus cifras

“Si 2016 fue mal año para la paz en México, 2017 va a ser mucho peor”; 8 delitos de alto impacto incrementaron sus cifras
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Durante el primer trimestre del año, fueron ocho los delitos de alto impacto que incrementaron sus cifras de acuerdo con el reporte trimestral que realiza la organización no gubernamental Semáforo Delictivo.
Sobre la problemática, Santiago Roel, director de la ONG, detalló que “en los primeros tres meses de este 2017 el 70% de los homicidios fue de asesinatos relacionados con el crimen organizado y que el incremento de homicidio doloso respecto al año anterior fue de 29%”.
Cabe señalar que Semáforo Delictivo se apoya con reportes de Lantia Consultores, quienes contabilizaron cuatro mil 322 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado.
El reporte da cuenta que Guerrero, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, concentran 60 % del total de homicidios dolosos.
“Si 2016 fue un mal año para la paz en México, 2017 va a ser mucho peor”, alertó Roel. Es así como, delitos de alto impacto como el robo a negocio registraron incrementos de 47%, las denuncias por extorsión 30%, homicidio doloso 29%, lesiones dolosas 21%, secuestro 18%, robo de auto 13%, violación 6% y robo a casa 3%.
Con respecto a los homicidios dolosos, se registró que 30 de las 32 entidades del país mostraron incrementos en sus cifras. “La tasa nacional de homicidio doloso es de 4.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, seis entidades superaron hasta más del doble esta tasa”, se informa.
Se trata de Colima (21.4), Baja California Sur (17.9), Guerrero (15.5), Baja California (11.9), Sinaloa (11.6) y Chihuahua (10.5). “Estamos regresando a los peores años que vivimos, es un fracaso total la estrategia de seguridad”, señaló Santiago Roel.

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martes, 25 de abril de 2017

Robo con violencia a camiones de carga en carreteras del país creció 139%; culpan a descoordinación federal y estatal

Robo con violencia a camiones de carga en carreteras del país creció 139%; culpan a descoordinación federal y estatal
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De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el robo con violencia a camiones de carga en carreteras de México aumentó un 139 por ciento con 641 delitos en el primer trimestre del año comparada con el mismo lapso en 2016 en donde se denunciaron 268 delitos.
El presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Cancar), Rogelio Montemayor señaló que se trata de una descoordinación entre las autoridades “Esto es por la descoordinación entre las autoridades de los tres niveles, federal, estatal y municipal, y pudiera ser un exceso de confianza por parte del Estado que no prevé correctamente este tipo de situación”.
Por su parte, Miguel Elizalde, presidente del a Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que quienes comenten estos crímenes se encuentran organizados e identifican fácilmente las zonas susceptibles de robo, además de que ahora también roban la materia prima y no solo los productos de consumo final.
Ambos pidieron a las autoridades que los delitos sean calificados como fuero federal, debido a que actualmente al ser considerados delitos del fuero común, se dificulta recuperar la mercancía o el camión si es en una identidad diferente a donde se dio el robo.

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En los primeros 4 meses de gobierno de Yunes, mayor presencia de fuerzas federales provocó incremento y expansión de violencia

En los primeros 4 meses de gobierno de Yunes, mayor presencia de fuerzas federales provocó incremento y expansión de violencia
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El Reporte de inteligencia sobre actividad delictiva: homicidios y secuestros. Veracruz, abril, elaborado por la consultora Etellekt, reveló que durante los primeros 4 meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes, el aumento de efectivos de fuerzas federales en Veracruz derivó en el incremento, diversificación y expansión de la violencia en la entidad.
Este documento señala que en Veracruz se registraron 591 homicidios dolosos, de diciembre de 2016 a marzo de 2017, lo que coloca a la entidad en el quinto lugar respecto a asesinatos en la lista del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Esta ola de asesinatos responde a dos factores: por un lado la descentralización de la estrategia de seguridad, otrora liderada por (la) Marina en el sexenio anterior (se sumaron Defensa Nacional y Gendarmería en la administración de Yunes). El mayor asedio de las Fuerzas Federales y estatales contra las organizaciones del crimen no pudo evitar un mayor desplazamiento geográfico de la violencia, después de los operativos realizados por (la) Sedena en diciembre de 2016”.
El reporte resalta que el incremento de las fuerzas federales también tuvo consecuencia en otros delitos, como el secuestro. Etellekt pudo registrar que en el primer cuatrimestre de la administración de Yunes hubo 103 reportes de secuestro, 33 de estos terminaron con el asesinato de la víctima, aunque la cifra del SNSP contabilizó únicamente 45.
La expansión geográfica de la violencia también fue detectada en el estudio. Durante el primer mes del actual gobierno hubo homicidios en 58 de los 212 municipios de Veracruz, y en marzo este delito subió casi el doble, ya que la cifra pasó a 96.
En este contexto, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección a Datos Personales (INAI) Joel Salas Suárez, mencionó que casi la mitad de los mexicanos desconfía de la información oficial sobre seguridad pública, mientras que el 45.5% no le cree. Esto se convierte en un obstáculo para el combaten al crimen.
“El 45.5% de la población tiene mucha desconfianza de esta información, porque en ocasiones piensa que puede ser manipulada, ocultada. (Se necesita) un diagnóstico certero sobre qué fortalecer y corregir para que esta información sea confiable y útil”- afirmó Salas Suárez
Para poder eliminar la desconfianza de los mexicanos, Edna Jaime, directora de México Evalúa, propuso que se cuente con una instancia auditora de éstos para que revise y corrija los posibles errores (accidentales o voluntarios) de las cifras.

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Secretario de Gobierno en Guerrero opina sobre Venezuela y guarda silencio ante imparable ola de violencia en entidad

 
Secretario de Gobierno en Guerrero opina sobre Venezuela y guarda silencio ante imparable ola de violencia en entidad
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Aun cuando Guerrero se encuentra dentro de las entidades más peligrosas del país, y a diario los homicidios son de los principales delitos publicados por la prensa local, que devienen en una crisis de inseguridad, corrupción política, impunidad y violencia, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, no hace comentario alguno, pero sí se inclina por hacerlos sobre Venezuela.
“¿Cómo puede permitirse Nicolás Maduro que se le destruya el país, lo repudie la población, ensangrentarse las manos y no renunciar al poder?”, escribió en su cuenta personal de Twitter.
En la misma red, el dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Almazán, respondió al exembajador de México en Colombia (durante el gobierno panista de Felipe Calderón): “¿Que renuncie Maduro? Es correcto. Sería bueno que usted pusiera el ejemplo ante la ola de violencia en Guerrero”.
Y es que mientras el secretario de gobierno analiza la situación político-social de otros países, omite los pronunciamientos sobre los conflictos sociales que se agudizan frente a los altos niveles de violencia que mantienen aterrorizada a la población.
Cabe señalar que la semana pasada, la dirigencia nacional perredista emplazó al gobierno de Héctor Astudillo “a esclarecer a la brevedad la ejecuciónde quien fuera secretario general del comité estatal de ese partido, Demetrio Saldívar Gómez, de lo contrario, exigirán la renuncia del fiscal estatal Xavier Olea Peláez”.
En tanto, familiares de personas desaparecidas en Acapulco denunciaron “la indiferencia del gobierno estatal ante la exigencia de exhumar los cuerpos que de manera irregular fueron depositados por las autoridades en fosas comunes, violando los protocolos de tratamiento forense”.
Proceso dio a conocer anteriormente, que la crisis política del gobierno de Héctor Astudillo Flores reventó por lo más débil: la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), donde un conflicto entre los comisionados, que se dirimió a punta de pistola, exhibió el negro historial del presidente del organismo, José Luis Gallegos Peralta.
Astudillo y su secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, han guardado silencio al respecto y evitan comentarios sobre los señalamientos de compadrazgo y presuntos actos de corrupción en el gabinete estatal.
De acuerdo con la nota publicada el martes 11, “documentos oficiales difundidos desde 2014 indican que Gallegos Peralta aparece en calidad de “inculpado” en seis averiguaciones previas, la primera de las cuales fue radicada el 17 de octubre de 2003 bajo el expediente AZUE/SC/0582/2003, por el delito de despojo.
Los diputados de la actual Legislatura local (LXI) olvidaron esos antecedentes y por unanimidad designaron al abogado como presidente de la CEEAV en enero de 2016. De esta manera, el litigante acusado de fraude y despojo se convirtió en el representante del gobierno de Astudillo para atender uno de los temas más sensibles que enfrenta esta administración: el viacrucis que viven cientos de familiares de personas desaparecidas”, se menciona.
Además, se ha mencionado que el mérito de Gallegos Peralta, además de ser recomendado directamente por Astudillo, “es que se desempeña como apoderado legal de la notaría 19 del expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y también como asesor jurídico del Hospital de Cancerología de Acapulco, que dirige Jorge Eblem Azar Silvera, carente de cédula profesional en oncología, según fuentes oficiales”.
Así, según el mismo medio “Salazar Adame colocó a María Elena Jaimes Martínez al frente de la CEEAV, pero luego la removió porque integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chilapa la acusaron de presuntos nexos familiares con el líder de la pandilla de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez”.
En tanto, “las mismas fuentes señalaron que la imputación contra Jaimes Martínez se realizó durante un encuentro privado que sostuvieron integrantes de varios colectivos ciudadanos con Salazar Adame en su oficina de la sede del Poder Ejecutivo, al sur de esta capital. Pese a ello, el funcionario estatal premió a la mujer y la designó subsecretaria en la dependencia que él encabeza”.

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