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jueves, 27 de abril de 2017

Pobladores de Guerrero demuestran que minera a la que se oponen sí contamina río con altos niveles de cianuro y arsénico

Pobladores de Guerrero demuestran que minera a la que se oponen sí contamina río con altos niveles de cianuro y arsénico
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A partir de un estudio que ellos mismos financiaron, pobladores de Guerrero demostraron que la Minera Media Luna, a la cual se oponen, si contamina el río con altos niveles de Cianuro y Arsénico. Ante esto, calificaron como “indignantes” y “manipulados” los resultados presentados por representantes de la mina, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y representantes del gobierno estatal.
Los opositores entregaron una copia de los estudios realizados a l agua de la presa por parte del Laboratorio de Control de Calidad Ambiental, Análisis de agua y Construcción Mercury Lab SA De CV, en Cuernavaca, Morelos, los cuales, según los pobladores y pescadores de la zona, se harán públicos a través de El Sur.
Uno de los representantes de los pescadores, de forma anónima, dio a conocer que el muestreo del agua que presentó el más alto índice de contaminación por Cianuro fue el de la barranca de los Limones.
En estos estudios, también se muestra el alto índice de arsénico en el Río Balsas, el cual contiene 0.042 miligramos, que es casi el doble de los límites permisibles según la norma.
En contraste, los resultados que fueron presentados por el gobierno del estado, los representantes de la mina y la UAG demuestran que en los cinco sitios de donde se abastece de agua la población de Nuevo Balsas, el nivel de cianuro está por debajo de los niveles contaminantes, y según Joel Ramírez Espinosa, coordinador general de Racionalización d la UAG, no daña la salud ni representa algún peligro para la población.
Ante esto, los pescadores denunciaron que si la mina en verdad tuviera la certeza de que el agua no está contaminada, compraría el pescado que saca la gente del pueblo para alimentar a sus trabajadores; pero no lo hace.
La fuente antes citada, también mencionó que se encuentran a la espera del muestreo físico de la pesca, en el cual se hará, de forma paralela durante dos horas, pesca en la zona cercana de la mina y de otras más alejadas, con el objetivo de evidenciar el nivel de afectación en la producción.
Por otra parte, recordó que quedan pendientes los compromisos asumidos por la mina y el gobierno estatal de apoyo a adultos mayores, empleo, indemnización, reparación de lanchas y la búsqueda de una empresa que financie la compra de lanchas y motores para los pescadores.

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Organizaciones de Guerrero reprueban agresiones contra padres de los 43; “la respuesta del Estado ha sido la represión”

 
Organizaciones de Guerrero reprueban agresiones contra padres de los 43; “la respuesta del Estado ha sido la represión”
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(27 de abril, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Después que este martes, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, fueran agredidos mientras aguardaban a las afueras de la Secretaría de Gobernación -lugar en donde esperaban ser atendidos por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong-, para conocer y exigir el avance sobre las investigaciones que den a conocer el paradero de los estudiantes, así como las líneas de investigación marcadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); se denunció que nuevamente “la respuesta del Estado ha sido la represión”.
Gases lacrimógenos fueron lanzados contra quienes además de enfrentar la desaparición forzada de sus hijos, enfrentan la ausencia del acceso a la justicia y del conocimiento de la verdad, señaló un grupo de organizaciones.
Además, hicieron un pronunciamiento, señalando que como organizaciones acompañantes de las madres y padres, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón manifiestan su profunda preocupación y reprobaron enérgicamente la respuesta violenta con la que el gobierno Federal actuó ante sus demandas legítimas.
“Hacemos un llamado a las autoridades federales para rectificar su posición expresada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e impulsar las lineas de investigacion recomendadas por el GIEI, particularmente las que señaló el Mecanismo Especial de seguimiento del caso Ayotzinapa en su más reciente visita.
A un día de que se cumplan dos años y ocho meses de la desaparición de los normalistas, reafirmamos nuestro acompañamiento con los padres y madres e instamos a la sociedad en general a que se unan a la Jornada de lucha para exigir que la desaparición de los normalistas no quede impune”, puntualizaron.

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miércoles, 26 de abril de 2017

“En Guerrero nos encontramos a merced de asesinos y secuestradores”; promotores de AMLO piden cese de Fiscal

“En Guerrero nos encontramos a merced de asesinos y secuestradores”; promotores de AMLO piden cese de Fiscal
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Los integrantes de la Coordinación Municipal de Apoyo a Andrés Manuel López Obrador, creen necesaria la renuncia del fiscal del estado de Guerrero Javier­­ Olea ante la falta de resultados y las ofensas hacia víctimas y ciudadanos.
Durante una conferencia de prensa, Martín Hernández González, ex presidente del comité ejecutivo municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Acapulco, dijo que el gobernador Héctor Astudillo Flores debe cambiar la fallida estrategia de seguridad”.
“Javier Olea ha criminalizado a todas las víctimas, matan a una persona y al otro día están diciendo que están relacionadas con el narco, sin presentar ninguna prueba, si ya tenían la información porque no los detuvo antes” aseveró.
“En Guerrero nos encontramos a merced de asesinos, extorsionadores, secuestradores, y no hay gobierno capaz de defendernos en absoluto. Estamos viviendo momentos insólitos de inseguridad, que nos llevan a preguntarnos si los priistas ya echaron a andar su manualito de terror previo a cada contienda electoral” manifestó.
Criticó al gobierno priista que, en “un intento por eludir su responsabilidad” han culpado de la violencia a los gobiernos anteriores al asegurar que viene de más atrás y aseguró que a los “gobiernos priistas no les importa la sociedad guerrerense”.
Recordó la masacre de Chilpancingo en 1960, la masacre de los copreros en 1967 o el asesinato de cientos de perredistas durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu a finales de los 80.
Lamentó que Javier Ola “siga ahí tan campante” a pesar de los nulos resultados y subrayó que es un empleado que “está mintiendo a la sociedad y no cumple con su trabajo y no tiene nada que hacer en Guerrero”.
El ex regidor perredista Adolfo Plancarte Jiménez dijo que si no existe plena protección y procuración de justicia lo ideal sería que “como dice la Constitución local que se vaya todo el gabinete, incluyendo el ejecutivo del estado, si no dan resultados en los próximos días.”
Por su parte Ramón Gracida González lamentó los asesinatos diarios que existen en Guerrero y la ineptitud del gobierno y se mostró preocupado ante la falta de claridad de que “esta situación tan dramática no pueda ser frenada en un plazo corto, eso es lo más angustioso”.
Puntualizó que el gobierno debe demostrar el cumplimiento de su función de las necesidades básicas, como la seguridad de los ciudadanos y si no con capaces “deben renunciar”.

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martes, 25 de abril de 2017

Mujeres se manifiestan en Chilpancingo, en contra del machismo y la violencia de Género

Mujeres se manifiestan en Chilpancingo, en contra del machismo y la violencia de Género
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Este lunes distintos grupos, encabezados por mujeres marcharon en Chilpancingo, para sumarse a la Movilización Nacional en contra del Machismo y la Violencia de Género, protesta que en Guerrero, sumaron la exigencia de libertad para Lucy, estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, detenida en 2015.
Durante la manifestación, que recorrió las Avenidas Lázaro Cárdenas y Juan N. Álvarez, del monumento a Las Banderas al Zócalo de la ciudad, exigieron a las autoridades estatales “resultados en materia de equidad de género, y conocer las acciones que desarrollan para disminuir la violencia en contra de las mujeres en la entidad”.
“Queremos visibilizar que a pesar de la situación de inseguridad que se vive en Guerrero, no podemos seguir invisibilizando las muertes violentas de mujeres, las violaciones, las desapariciones, la injusticia que atraviesa nuestro cuerpo”, manifestaron durante un mitin en el zócalo de Chilpancingo.
Además, exigieron justicia social para las mujeres migrantes, las cuales dijeron, “ante la falta de oportunidades y feminización de la pobreza están lejos de su tierra y sus familias, por las trabajadoras del hogar que no reciben remuneración de calidad.
Estamos aquí por las niñas de Guatemala, estamos aquí por Dafne, por Lucy, por los feminicidios en nuestro estado, en Puebla, Estado de México y en toda la república, por el cese al acoso, por la trata de personas  y pedimos que nos dejen decidir sobre nuestro cuerpo”, reclamaron.
La marcha se hizo acompañar por tambores, banderas, lonas y consignas; ahí las mujeres exigieron “un alto a la violencia de género en México”, donde, dijeron, “aún se considera un peligro ser mujeres, ante el riesgo de perder privilegios o porque simplemente los hombres se sientan ofendidos por la igualdad de oportunidades”.
“No queremos más discursos, no más políticas públicas timoratas, queremos paz, queremos justicia, queremos igualdad”, gritaron en repetidas ocasiones. En la marcha también participó un importante grupo de estudiantes, y familiares de Lucía Baltazar Miranda, estudiante de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), detenida sin aviso en 2015, por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  (SEIDO).
Familiares y maestros, denuncian que la detención se dio de manera irregular, por ser una estudiante de calidad, con promedio de 9.3, que estaba a punto de egresar, y que actualmente se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Coatlán, Morelos.
La madre de Lucy, Herminia Miranda Hernández, quien sólo ha visto a su hija en dos ocasiones durante año y medio, señala que “no tienen como pagar abogados, por lo que el proceso está estancado, y piden la intervención de las autoridades estatales y de la misma universidad”.

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Comunidad indígena en Guerrero, pide resolver amparo que protege sus derechos colectivos frente amenaza minera

 
Comunidad indígena en Guerrero, pide resolver amparo que protege sus derechos colectivos frente amenaza minera
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(25 de abril, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Autoridades de la Comunidad Agraria Indígena Me’phaa de San Miguel del Progreso en la Montaña de Guerrero, acompañados por representantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan instaron a la Juez Primero de Distrito del vigésimo primer circuito judicial en el estado, Estela Platero Salado, a que resuelva el amparo 429/2016 conforme a los más altos estándares internacionales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El amparo 429/2016 es la segunda acción legal que la comunidad indígena presenta ante la Justicia federal para proteger su territorio y vida frente a la amenaza minera. Cabe recordar que el 24 de noviembre de 2015 la Secretaria de Economía público en el Diario Oficial de la Federación la “Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015”, por la que se declara la libertad de los terrenos que legalmente amparaban los lotes mineros “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas” y “Corazón de Tinieblas”.
Se explica que, al quedar canceladas después que las empresas Hochschild y Zalamera propietarias de las concesiones se desistieran simultáneamente de sus títulos, “es una clara estrategia para evitar el análisis de la Ley Minera ante la SCJN, cuando la primera demanda de amparo interpuesta por Júba Wajiín frente a la amenaza minera estaba próxima a ser analizada ante la Suprema Corte de la Nación.
En dicha Declaratoria se estableció que los terrenos quedarían libres a los treinta días naturales; en consecuencia, el territorio indígena de San Miguel del Progreso se ofertaría de nuevo al mejor postor”.
Por lo que, “ante la inminente afectación a sus derechos colectivos, el 11 de diciembre de 2015 la Comunidad indígena-agraria de San Miguel del Progreso interpuso una segunda demanda de amparo contra la expedición de la Declaratoria por violentar su derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos en el artículo 1 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13,15 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”.
La demanda de amparo fue admitida por el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, el cual otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano que impide que la Secretaria de Economía otorgue en concesión los lotes que amparaban las concesiones canceladas a empresas que así lo solicitaran a partir de que surtiera efectos la emisión de la Declaratoria, hasta en tanto no se resuelva el fondo del juicio.
Posteriormente, por conocimiento previo, se remitió el amparo al Juzgado Primero de Distrito quedando radicado bajo el número de amparo 429/2016.
La comunidad indígena argumentó en su demanda que la Declaratoria al expresar que terrenos que hacen parte de su territorio ancestral se encuentran libres, como si las y los habitantes de San Miguel Del Progreso no vivieran ahí conculca el derecho colectivo a la propiedad territorial indígena además conlleva en sí mismo un principio de ejecución, pues con motivo de esa declaratoria es indefectible la constitución de concesiones mineras en su territorio.
Además al haberse emitido la Declaratoria en ausencia de una Consulta en materia indígena de manera previa conculca su derecho a la Consulta previa, libre e informada, máxime que de acuerdo al párrafo 2 del artículo 15 del Convenio es obligación del Estado consultar con los pueblos indígenas que pudieran ser afectados antes de autorizar actividades de exploración y explotación de los recursos del subsuelo ubicados en territorios indígenas, incluso en los casos en que corresponda el dominio directo de los recursos minerales a la Nación.
De igual forma, la comunidad de Juba Wajiìn señaló que la sola posibilidad de afectación a su territorio hace procedente el juicio de amparo tal como lo ha establecido la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, sin que sea necesario demostrar afectación alguno sobre su territorio porque tal requisito le restaría el carácter protector de los derechos humanos que posee el juicio de amparo.
En este contexto, el 8 de junio de 2016, “la juez Estela Platero Salado ordenó de ofició el desahogo de la pericial en materia de antropología, con el fin de allegarse mayores elementos sobre la conformación, organización social, económica, cultural y política de la comunidad quejosa así como la forma en que ocupa el territorio que abarca los lotes declarados libres, el vínculo espiritual con su territorio y las implicaciones que conlleva la Declaratoria de libertad de Terreno. Los peritajes de parte y el oficial fueron rendidos en los meses de julio y diciembre de 2016 respectivamente.
En suma, los dictámenes antropológicos confirman el carácter inescindible de la naturaleza agraria e indígena de la Comunidad de San Miguel del Progreso al señalar que es  una comunidad  indígena por formar una unidad sociopolítica que reconoce  sus  propias  autoridades  y  que  están  asentadas en un territorio, y con dicho territorio existe una relación colectiva que trasciende el concepto de tierras o de simple dominio jurídico de un espacio, la cual forma parte de la región histórica y cultural de la Montaña de Guerrero”.
Los peritos señalan que los daños que la liberación de más del 80% del territorio de San Miguel del Progreso para actividad minera significaría cercenar el aprovechamiento integral y diferenciado que hacen de él, poniendo en peligro la continuidad, viabilidad y sustentabilidad de la comunidad sociopolítica me’phaa de San Miguel del Progreso.
La afectación e implicaciones de una posible intervención en el territorio que ocupa, posee y usufructúa de manera integral dicha comunidad, es notoriamente grave y absoluta, informan. La importancia cultural de esta porción del territorio equivale a la importancia de la propia existencia de la cultura Me´Phaa de Juba Wajií. Así la declaratoria de libertad de terrenos contraviene lo que la CIDH ha sentenciado.
“Limita la posibilidad material y fáctica del control, puesto que no son ellos los que deciden qué escenario vendrá en su territorio, no tienen certeza jurídica, material y simbólica sobre su territorio.
Una vez integrado el expediente de amparo, el 31 de marzo del presente año se llevó acabo la audiencia constitucional, por lo que la comunidad de Juba Wajiìn se encuentra en espera de que la Jueza Primero de Distrito evalúe a detalle los antecedentes del amparo en cuestión y mantenga el estándar de protección a los derechos colectivos de la comunidad indígena, dejando sin efectos la declaratoria por haberse emitido en evidente violación a los derechos colectivos del pueblo Me’phaa de San Miguel del Progreso”.

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Secretario de Gobierno en Guerrero opina sobre Venezuela y guarda silencio ante imparable ola de violencia en entidad

 
Secretario de Gobierno en Guerrero opina sobre Venezuela y guarda silencio ante imparable ola de violencia en entidad
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Aun cuando Guerrero se encuentra dentro de las entidades más peligrosas del país, y a diario los homicidios son de los principales delitos publicados por la prensa local, que devienen en una crisis de inseguridad, corrupción política, impunidad y violencia, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, no hace comentario alguno, pero sí se inclina por hacerlos sobre Venezuela.
“¿Cómo puede permitirse Nicolás Maduro que se le destruya el país, lo repudie la población, ensangrentarse las manos y no renunciar al poder?”, escribió en su cuenta personal de Twitter.
En la misma red, el dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Almazán, respondió al exembajador de México en Colombia (durante el gobierno panista de Felipe Calderón): “¿Que renuncie Maduro? Es correcto. Sería bueno que usted pusiera el ejemplo ante la ola de violencia en Guerrero”.
Y es que mientras el secretario de gobierno analiza la situación político-social de otros países, omite los pronunciamientos sobre los conflictos sociales que se agudizan frente a los altos niveles de violencia que mantienen aterrorizada a la población.
Cabe señalar que la semana pasada, la dirigencia nacional perredista emplazó al gobierno de Héctor Astudillo “a esclarecer a la brevedad la ejecuciónde quien fuera secretario general del comité estatal de ese partido, Demetrio Saldívar Gómez, de lo contrario, exigirán la renuncia del fiscal estatal Xavier Olea Peláez”.
En tanto, familiares de personas desaparecidas en Acapulco denunciaron “la indiferencia del gobierno estatal ante la exigencia de exhumar los cuerpos que de manera irregular fueron depositados por las autoridades en fosas comunes, violando los protocolos de tratamiento forense”.
Proceso dio a conocer anteriormente, que la crisis política del gobierno de Héctor Astudillo Flores reventó por lo más débil: la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), donde un conflicto entre los comisionados, que se dirimió a punta de pistola, exhibió el negro historial del presidente del organismo, José Luis Gallegos Peralta.
Astudillo y su secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, han guardado silencio al respecto y evitan comentarios sobre los señalamientos de compadrazgo y presuntos actos de corrupción en el gabinete estatal.
De acuerdo con la nota publicada el martes 11, “documentos oficiales difundidos desde 2014 indican que Gallegos Peralta aparece en calidad de “inculpado” en seis averiguaciones previas, la primera de las cuales fue radicada el 17 de octubre de 2003 bajo el expediente AZUE/SC/0582/2003, por el delito de despojo.
Los diputados de la actual Legislatura local (LXI) olvidaron esos antecedentes y por unanimidad designaron al abogado como presidente de la CEEAV en enero de 2016. De esta manera, el litigante acusado de fraude y despojo se convirtió en el representante del gobierno de Astudillo para atender uno de los temas más sensibles que enfrenta esta administración: el viacrucis que viven cientos de familiares de personas desaparecidas”, se menciona.
Además, se ha mencionado que el mérito de Gallegos Peralta, además de ser recomendado directamente por Astudillo, “es que se desempeña como apoderado legal de la notaría 19 del expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y también como asesor jurídico del Hospital de Cancerología de Acapulco, que dirige Jorge Eblem Azar Silvera, carente de cédula profesional en oncología, según fuentes oficiales”.
Así, según el mismo medio “Salazar Adame colocó a María Elena Jaimes Martínez al frente de la CEEAV, pero luego la removió porque integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chilapa la acusaron de presuntos nexos familiares con el líder de la pandilla de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez”.
En tanto, “las mismas fuentes señalaron que la imputación contra Jaimes Martínez se realizó durante un encuentro privado que sostuvieron integrantes de varios colectivos ciudadanos con Salazar Adame en su oficina de la sede del Poder Ejecutivo, al sur de esta capital. Pese a ello, el funcionario estatal premió a la mujer y la designó subsecretaria en la dependencia que él encabeza”.

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