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jueves, 2 de marzo de 2017

Proponen una alianza entre México y el Vaticano, en defensa de los migrantes

Proponen una alianza entre México y el Vaticano, en defensa de los migrantes
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El ex embajador de México en el Vaticano, Luis Felipe Bravo Mena, lanzó como propuesta una alianza entre el país y la Santa Sede en defensa de migrantes.
El panista consideró que “las autoridades federales deben dar el primer paso y buscar apoyo internacional para los connacionales que viven en el extranjero.
La Santa Sede no puede quedar de lado en esta estrategia de defensa internacional de los migrantes de México”, dijo tras participar en un evento organizado en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc).
Después de su participación en la ponencia “Relaciones entre la Iglesia católica y el Estado mexicano”, explicó que la comisión especial de migración que trabaja en el Vaticano “puede ser una aliada para colaborar con el reto que enfrenta el país”.
Además, señaló que dado el problema migratorio, la Iglesia católica debe colaborar como institución en la defensa de los migrantes mexicanos. Bravo Mena urgió a que México designe al Embajador en el Vaticano, cargo que quedó vacante desde hace seis meses.
“Un Embajador con experiencia, capacidad y talento para hacerlo. No se trata de mandar a una persona cualquiera. Sería un error mandar a un cuate, a un amigo, alguien que fuera a pasarse unas vacaciones doradas a Roma. Se necesita a un profesional”, aseguró.

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martes, 28 de febrero de 2017

Inauguran en frontera sur, albergue para migrantes; se concluyó con aportaciones económicas del Acnur

Inauguran en frontera sur, albergue para migrantes; se concluyó con aportaciones económicas del Acnur
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La diócesis de San Cristóbal inauguró este lunes, junto con organismos internacionales, un albergue para migrantes en el municipio de Frontera Comalapa, dio a conocer el sacerdote jesuita Conrado Zepeda Miramontes. Indicó que el refugio se concluyó con aportaciones económicas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur).
Durante una entrevista, añadió que ante la política antinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estos espacios son “cada vez más necesarios para proteger la integridad” de los indocumentados, que “son víctimas del crimen organizado como forma de inhibir su viaje a la frontera norte”.
Manifestó que “la política entre líneas de Trump es provocar miedo entre los migrantes con la operación del crimen organizado en todo el país, y que cada día lleguen menos a la frontera norte”.
Sumó que ante esa política, “la apuesta tiene que ser crear más albergues para migrantes y refugiados, donde se queden un tiempo y luego busquen una estancia legal en el país”. Señaló que “lo que se escucha de los migrantes es que hay un miedo sicológico por lo que dice la prensa, además de que se sabe de reuniones de funcionarios de Estados Unidos en la frontera sur para ponerse de acuerdo para reforzar las medidas en esa zona. No es construyendo muros, sino filtros cada vez más estrictos, para que no crucen a otros espacios del país”.
Zepeda Miramontes también indicó que en la inauguración estuvieron presentes el obispo coadjutor Enrique Díaz Díaz; Arturo González, presidente del servicio jesuita migrante, cuya sede está en la Ciudad de México, y representantes de Acnur, así como de la Organización Internacional para las Migraciones y de diplomáticos centroamericanos, entre otros.

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viernes, 24 de febrero de 2017

Migrante hondureño denuncia violaciones a DH y encarcelamiento injusto en México; “fui torturado por los policías”

 
Migrante hondureño denuncia violaciones a DH y encarcelamiento injusto en México; “fui torturado por los policías”
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En Chiapas, el centro de Derechos Humanos Frayba, dio a conocer el caso de Roberto Carlos Ruiz Hernandez, de Tegucijalpa Honduras, quien se encuentra encarcelado en Mexico desde el 22 de mayo de 2013 en el CERSS 13 de Tonalá.
“Quiero manifestar por escrito, que mis derechos están siendo violados por las autoridades de este país, al igual que otros compañeros migrantes de Nicaragua, Honduras, Guatemala quienes nos encontramos en esta prisión por un delito que no cometimos, a todos nos acusaron de extorsión y nos sentenciaron, como migrantes estamos encarcelados injustamente. Quien inventó las acusaciones fue el Fiscal correspondiente de la cuidad de Ariaga Chiapas”, denunció el migrante.
Continúa aseverando en su testimonio que “el Juez del Ramo Penal de Tonalá, me sentencio sin prueba alguna, porque pasaron dos largos años de proceso solicitando los careos procesales de las supuestas personas que me acusaban y nunca se presentaron a dar su declaración.
Quiero manifestar, que nunca existieron esas personas si no que son fantasmas mis acusadores, ya que el señor Fiscal de Arriaga con tal de encarcelarnos como migrantes me culpó de un delito que nunca cometí. El 22 de mayo que fui detenido, me golpearon, me torturaron y me decían que ahí me iban a matar los policías que me detuvieron, me torturaron por varias horas, mientras yo les decía que no hice nada y que iba de paso a los Estados Unidos al igual que los otros migrantes sentenciados aquí, somos como 60 migrantes encarcelados, nos trataron de manera brutal como si fuéramos animales aunque en la constitución política de este país, dice que: Nadie puede ser maltratado ni torturado ni intimidado ni incomunicado”.
Sin embargo, asegura que “este tipo de autoridades no respetan, lo que se llama ley, ni los derechos humanos, ¿cómo es que están en un puesto de autoridad queriendo aplicar la ley con otros? yo estoy en contra de las injusticias y arbitrariedades que estas autoridades cometen en contra de mi persona siendo que yo iba de paso buscando mejores beneficios para darle a mi familia.
Yo me dirigía a los Estados Unidos como muchos de mis paisanos hondureños que tratamos de encontrar una mejor vida y me encuentro con la sorpresa de ser detenido y de ser sentenciado a siete años de prisión injusta”.
Cabe señalar que Roberto Carlos Ruiz Hernandez, el 12 de agosto de 2015 inició una huelga de hambre, exigiendo su libertad, “por eso me bajaron la sentencia a 5 años y 3 días. Ya he cumplido con mas del 60 por ciento de la sentencia por el delito que no cometí, mi caso esta en revisión en la Mesa de Reconciliación desde el 2015 pero no me dan información sobre que falta para que me dejen libre, soy inocente. por esta razón exijo: mi libertad”, añade.

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jueves, 23 de febrero de 2017

En Guerrero, migrantes en EU envían fondos para construcción de aula, que gobierno estatal dejó varada desde hace 5 años

En Guerrero, migrantes en EU envían fondos para construcción de aula, que gobierno estatal dejó varada desde hace 5 años
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En Guerrero, el gobierno estatal ha incumplido desde hace más de cinco años con la construcción de una escuela primaria, por lo que migrantes radicados en Estados Unidos enviaron dinero para la edificación de una aula en el centro escolar Eucaria Apreza, ubicado en la Colonia PPS de esta ciudad.
Y es que la mayoría de los alumnos estudian en galeras de madera y su hora de recreo, así como las clases de educación física, los pasan en un patio terregoso.
El director de la escuela, Vicente Cervantes Longino, relató que en diciembre de 2016, guerrerenses radicados en Estados Unidos enviaron recursos a través del programa de migrantes 3×1 de la Secretaría de Desarrollo Social.
Con ese dinero se construyó el aula, que aún está en obra negra pero en los próximos días será terminada. En tanto, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, se había comprometido a colocar la primera piedra de la obra el domingo pasado, pero canceló su visita.
El viernes pasado, el director del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Educativa, Jorge Alcocer Navarrete, informó vía telefónica a los maestros que Astudillo suspendía su visita “por cuestiones de agenda”.
El maestro Cervantes Longino dijo que las autoridades estatales ya les aseguraron que en este año será construido el edificio escolar, aunque no precisaron el monto de la inversión.
Incluso, al personal docente de la escuela ya se le notificó que busque un lugar adecuado para impartir clases de manera provisional a los 225 alumnos del plantel.
Sin embargo, el director de la escuela no confía del todo en que el Gobierno ahora sí cumpla con lo que promete. “Nuestros migrantes que están en Estados Unidos se preocuparon más que el Gobierno y mandaron dinero para un aula”, expuso.
Desde 2011, cuando fue fundada esta escuela, se le han construido dos aulas, pero por parte del Gobierno municipal. Señaló que hay cinco galeras de madera donde las láminas de cartón están parchadas, además de que hay rendijas por donde se cuela el agua cuando llueve.
Estas galeras fueron construidas por los padres de familia.
“Los papás de los niños trajeron madera, clavos y sillas”, relata la profesora Angélica Mora Peralta. La docente asegura que a pesar de las malas condiciones en que está la escuela, se siente feliz de estar en ese sitio porque contribuye, aunque sea un poquito, en la formación de los niños.
Según Mora Peralta, en su carrera como docente, ha dado clases en otros lugares en condiciones adversas. “He dado clases debajo de árboles o enramadas”, aseveró.
La escuela Eucaria Apreza, que tiene un plantilla de nueve maestros, está ubicada en la Colonia Partido Popular Socialista (PPS), una demarcación que, según las autoridades de Seguridad Pública, es una de las más inseguras de Chilpancingo.
Según sus habitantes, las balaceras entre los grupos de la delincuencia organizada ocurren con frecuencia. “Aquí en el día todo está tranquilo, pero no sé como se ponga en la noche”, dijo un profesor.
Foto: FUNDAR

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miércoles, 16 de septiembre de 2015

En Chiapas gobierno y PGJE incriminan migrantes para obtener recursos de ONU

Por:  / 16 septiembre, 2015
migrantes
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(16 de septiembre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Azucena Marisela Bartolon Morales de 19 años, y su esposo Emmanuel Matías García Mejía de 20 años de edad, indígenas originarios de Guatemala, fueron arbitraria e ilegalmente detenidos  el 4 de febrero pasado por el Grupo de Operaciones de Trata, Tráfico y Pandillas de la Frontera Sur (GOTTPA).
Ambos estaban a cargo de la limpieza del Hotel “La Terminal”, lugar donde, desde hace muchos años, distintas mujeres se dedican al trabajo sexual .En aquella ocasión, después de un operativo los dos jóvenes fueron involucrados  en el delito de trata de personas; también detuvieron a supuestas víctimas que aseguraron ser explotadas por elementos de la Policía Municipal, pero dichas declaraciones no fueron tomadas en cuenta.
Los testimonios anteriores fueron sostenidos por las supuestas víctimas (cuatro muchachas de nacionalidad mexicana) en los careos, aclarando que fueron amenazadas por los policías aprehensores, para señalar a Azucena y Emmanuel como sus victimarios, sin embargo, aún con estas declaraciones la pareja sigue en una de las prisiones de Tapachula, Chiapas.
En otro punto geográfico del estado, según la declaración de una persona, a quien la Fiscalía antitrata de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) forzó para convertirlo en víctima, en el bar se presentaron policías, hombres y mujeres, que no eran de migración, eran policías y decían que eran de sanidad, pero iban elementos de varias corporaciones…
“Nos dijeron que hiciéramos dos grupos, procedieron a tomarnos fotos, muchas fotos, nos quitaron la ropa, revisaron nuestras blusas, pantalones e incluso la ropa interior, a algunas muchachas nos metieron a carros particulares, nos preguntaron si éramos víctimas de explotación, si éramos abusadas en el lugar donde trabajábamos, yo respondí inmediatamente que no. Eran policías pero nos dijeron que era personal de Derechos Humanos, que nos iban a apoyar porque supuestamente éramos víctimas de trata, le volví a repetir que no era verdad.
Pero me interrumpieron, me dijeron que si yo declaraba que era víctima me darían papeles para estar legalmente en este país. Éramos más de 30 muchachas, nos tuvieron desde el día sábado en la noche que llegamos hasta el domingo en la noche que nos llevaron a Migración, nos dijeron que un médico nos iba a revisar, pero no solamente estaba él y nos hizo que nos quitáramos la ropa y nos tuvo dando vueltas. Estamos cansadas de tanta injusticia para quienes venimos de Honduras, los tratos son peores”.
A Evelyn Eunise Alvarado, Maura Membreño y Martha Elizabeth Cruz se les imputó el delito de tratantes, fueron detenidas y acusadas por la Fiscalía antitrata de la PGJE. Se encuentran en prisión desde el 10 de mayo.
Las tres personas fueron exhibidas en los medios locales como delincuentes, lo anterior fue respaldado por el gobierno del estado por medio de comunicados de prensa, en donde se aseguró que “la PGJE rescata 36 mujeres víctimas de trata y detiene a tres tratantes y que explotaban sexualmente a sus víctimas”; estigmatizadas totalmente, con daños mentales y psicológicos de irremediable reparación, asegura el Presidente de la Asociación Centro de Dignificación Humana A. C, Luis Rey García Villagrán, a Revolución TRESPUNTOCERO.
Ana Isabel Lobo Ramos, originaria de Guatemala, también se encuentra presa, con número de expediente 29/2013 del Juzgado Mixto de Motozintla; “fue acusada injustamente del delito de trata de personas, lenocinio y corrupción de menores, sentenciada y actualmente en espera de alcanzar un beneficio por medio de la mesa de reconciliación, pues existen violaciones graves a sus derechos humanos.
Fue detenida arbitrariamente, pues no se encontraba cometiendo ningún delito de los señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanan; no se le permitió tener una persona de su confianza o abogado defensor, simplemente el Ministerio Público le designó a alguien que la incriminó; fue torturada psicológicamente para aceptar hechos que jamás realizó contra persona alguna, como abusar o explotar sexual y laboralmente, en especial a menores de edad, como falsamente dice la Fiscalía”, explica Villagrán.
Aunque ha habido careos entre la inculpada y las supuestas víctimas que han negado haber sido explotadas e incluso algunas han asegurado que no trabajaban en ningún bar o cantina, Ana Isabel sigue en prisión.
El 7 de agosto pasado, poco más de 20 mujeres migrantes centroamericanas, provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, recluidas en el penal de Tapachula, iniciaron una huelga de hambre para protestar por la fabricación del delito de trata de personas en su contra.
Luis Rey García Villagrán dio a conocer que la principal acusación de las migrantes fue en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Tribunal de Justicia, por la fabricación de delitos en contra de inocentes, a fin de aumentar cifras y seguir obteniendo recursos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), instancia con la cual el gobierno chiapaneco tiene un convenio.
Con toda una documentación que respalda la inocencia de las mujeres presas, Villagrán explica que el Centro de Dignificación Humana ha realizado un primer contacto con la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dando a conocer las circunstancias de los procesos jurídicos y las detenciones, ya que “en ninguno de los casos la PGJE ha podido configurar el delito de trata, y mucho menos el delito de tentativa de trata, pues no hay consumación del requerimiento de esta esclavitud”.
Lo anterior se sostiene porque en ninguno de los casos se perpetró el secuestro o engaño a las supuestas víctimas de trata, ya que el trabajo como meseras, cocineras, bailarinas, ficheras (sexoservidoras), nunca estuvieron restringidas de su libertad; además se comprobó que jamás fueron reclutadas en contra de su voluntad, pese a la calificada por Villagrán, “farsa” presentada por la PGJE que argumenta que las capturas derivaron de supuestas denuncias anónimas.
Según Villagrán, en todos los casos de Trata de Personas el patrón seguido por la Procuraduría (PGJE) y la (FEDCCI) es el mismo: mega-operativos donde la prensa local se encarga de exhibir a las o los presuntos responsables como directamente culpables.
Se tiene su respaldo en “la declaración amañada con un Fiscal o Ministerio Publico, que sin presentar pruebas de clara trasgresión a los artículos 5, 6, 7, de la Ley vigente, consigna al vapor; y ya ante el Juez de la causa, nadie ratifica tales imputaciones. Nunca existen órdenes de aprehensión, porque en todos los casos fueron detenciones ilegales, donde se abusa de la notoria urgencia de conseguir falsos positivos”.
“Los expedientes antes citados y expuestos a este medio, demuestran un vacío de justicia porque las víctimas son pobres, ignorantes y migrantes sin arraigo; en cada una de ellas hay historias de desgracia, de una grave descomposición social y familiar que se agudiza cada vez más con la tragedia de la prisión día con día”, explica Villagrán y puntualiza que “Chiapas debe de estar a la vanguardia en el combate ético contra la trata de personas, la nueva esclavitud de este siglo, y no dar margen a que se sigan considerando a nuestra entidad como una simple fábrica de cifras y datos que a nadie convencen”.
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martes, 15 de septiembre de 2015

Chiapas: ofrecen visas humanitarias a cambio de inculpar a migrantes del delito de trata; Ejército es cómplice

 
Por:  / 15 septiembre, 2015
Migrantes (3)

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(15 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Guadalupe Pérez Rodríguez tiene 50 años y es indígena originaria de la aldea San Pedro Tacana, en San Marcos, Guatemala, no es tratante de blancas, pero debido a su dialecto (Mam) fue incapaz de defenderse al ser acusada de dicho delito por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Según el expediente 18/2014 del Juzgado Mixto de Motozintla, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, se le acusa de pertenecer a una red de tratantes de blancas, aunque no tiene idea “qué es eso”, sin embargo lleva un año y medio tras las rejas. Por su parte, el Cónsul de Guatemala en Tapachula, Héctor Ramiro Sopac Cuic se encuentra limitado en su actuar, pues, como todos los consulados, carecen de departamento jurídico.
Guadalupe fue detenida en la cantina “El vaquero”, en Motozintla, Chiapas, el 25 de enero de 2014, en un operativo más de la PGJE, aplicado solamente en ese bar, un sitio de cinco por cuatro metros, donde no existe ningún apartado o cuarto donde se pudiera realizar actos sexuales, mucho menos forzar a una persona.
Las supuestas víctimas, Cristina Elizabeth y “Rosy”, dijeron tener un horario de entrada y de salida para laborar como meseras, y que el agente del Ministerio Público las coartó a declarar y firmar contra la señora Guadalupe Pérez; también afirmaron que el fiscal William de Jesus Trejo Gutierrez extorsionó a las hijas de Guadalupe y les exigió 20 mil pesos para liberarlas, deuda que hasta la fecha no pueden pagar.
Privada de su libertad desde enero de 2014, Guadalupe se encuentra con serios problemas de salud, debido al padecimiento de diabetes y problemas de presión baja. Su defensa corre a cargo del defensor de oficio, que según familiares “pone de pretexto que debido a la exagerada carga de trabajo, el caso no avanza, pero es por el contubernio con los mismos actores del Juzgado, por eso la defensa es casi nula”.
Desde inicios de año la PGJE ha realizado en forma constante una serie de operativos en bares y cantinas, en los cuales también son acompañados por Policía Federal e incluso Marina, uno de ellos fue en Motozintla, en donde se detuvo a las mujeres que ahí trabajaban como meseras, a ellas se les violentaron sus derechos humanos cuando fueron despojadas de toda su ropa mientras eran exhibidas ante todos los elementos policiacos que ahí se encontraban.
“Son aproximadamente 800 mil personas que transitan por esta frontera sur, en calidad de migrantes; aproximadamente un 20 % son mujeres, muchas de ellas se quedan por un tiempo en la franja fronteriza de Chiapas, la zona denominada el Soconusco. Lamentablemente no se tiene un registro de cuántas migrantes se encuentran en el territorio, aunque sí se sabe que se encuentran principalmente en Tapachula, Ciudad Hidalgo y Huixtla. Son entre mil 800 y 2 mil mujeres las que trabajan dentro de los más de 5 mil bares y cantinas”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO el Presidente de la Asociación Centro de Dignificación Humana A. C, Luis Rey García Villagrán.
En 2009 el gobierno estatal y la ONU dieron inicio a la campaña Corazón Azul Contra la Trata de Personas, derivado de este en los últimos dos años el organismo ha exigido resultados del combate a las autoridades estatales, quienes dieron inicio a una persecución en bares y cantinas donde detienen a meseras, sexoservidoras y bailarinas, haciéndolas pasar por víctimas y culpables de trata.
“El programa tiene la función de erradicar y combatir la trata de personas en Chiapas, sin embargo este proyecto, en manos del gobierno estatal, no solamente ha sido pretexto para no combatir la trata sino para crear chivos expiatorios, haciendo esa función las mujeres migrantes. Tenemos documentos de 128 mujeres presas en 15 cárceles de Chiapas, que se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal y Tapachula, en todos los casos hay suficientes elementos que demuestran que han sido injustamente inculpadas del delito de trata de personas, hemos revisado los expedientes de 27 de ellas, quienes se encuentran en el Cereso 4 femenil de Tapachula.
Debo mencionar que el Fiscal Rafael Martínez Ruiz es quien ha organizado desde hace tres o cuatro años operativos furtivos, donde participa el ejército y la Marina, además del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías. En el último año esta situación se ha intensificado; llegan a los bares y cantinas de todo Chiapas y detienen mujeres, seleccionan y las agrupan, a unas como víctimas y a otras como las tratantes de las víctimas; a las primeras las detienen generalmente 15 o 20 días, después son deportadas, no sin antes coaccionarlas para señalar a sus supuestas tratantes, en todos los casos son mujeres migrantes centroamericanas, siendo el 80 % perteneciente a Honduras”, señala Villagrán.
Las maneras de presionar para que las jóvenes inculpen a sus compañeras son dos: a través del ofrecimiento de visas humanitarias a cambio de apoyar los testimonios de la PGJE con sus declaraciones o por medio de la intimidación, asegurándoles que si no confirman lo dicho por los elementos también serán inculpadas; “tenemos documentos donde se dan a conocer todos los señalamientos que se hacen a esta Fiscalía Especial de Delitos Cometidos Contra Inmigrantes, donde las mujeres señalan que han sido amenazadas.
Como ejemplo, mientras en los medios de comunicación locales aseguran que la Procuraduría rescató a 34 víctimas de trata y detuvo a seis tratantes de blancas, nosotros tenemos fundamentos que demuestran que todo eso es una farsa, la Fiscalía inventa culpables, en ningún momento se configura el delito de trata de personas, no tienen elementos, sin embargo parece que su testimonio es el único que vale, imputándoles a las mujeres migrantes, sentencias que van de nueve a 27 años de prisión, sin embargo hay pequeñas victorias y este año un juez ha eliminado dichas penas hasta este momento a nueve jóvenes que lograron salir de la cárcel”, da a conocer Villagrán.
Sin dejar de puntualizar que “demostrar que no hay elementos suficientes para demostrar culpabilidad y por ello salen libres, corrobora que la Procuraduría es quien está haciendo un exterminio de mujeres migrantes, como una de las consecuencias del Plan Frontera Sur, que es una cultura del terror, que al mismo tiempo envía mensajes subliminales a los migrantes, para que vean qué les sucede a quienes vienen a México”.
La Procuraduría no solamente no combate la trata de personas sino que deja en prisión a las inocentes y encubre a los dueños de los negocios. Las mujeres que aceptan inculpar a sus compañeras al ser liberadas y deportadas se quedan en absoluta indefensión, es así que por el miedo a ser perseguidas ya estando en su país se cambian hasta el nombre y se exilian, lo que además complica la situación de quienes se quedan en la cárcel, porque se condiciona su libertad a la declaración que el juez solicita a quien posiblemente ya se marchó, y aunque los activistas como Villagrán recurren a los consulados para averiguar dónde se encuentran las supuestas víctimas y aclaren ante los juzgados  y al mismo tiempo se les otorgue la atención adecuada, no se vuelve a saber de ellas nunca más.
Así es como el activista señala que víctimas son todas las que están presas injustamente y a las que quisieron hacer pasar por víctimas, siendo el torturador el Estado.
“En cuanto a Velasco Coello es un farsante, le acaban de dar un premio, lo entregó la señora Rosi Orozco, por ‘supuestamente’ combatir la trata de personas, lo cual es una burla, porque aunque algunos cercanos a su gobierno y pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia, que el gobernador está muy interesado en los casos, se siguen manteniendo a las mujeres en prisión; el sellamiento de la frontera es innegable, la muestra no solamente son las detenciones, sino las reuniones entre Manuel Velasco y el Secretario de Gobernación, con frecuencia se hablan del blindaje de la frontera sur…
Sabemos que esto se describe como militarización y criminalización  del fenómeno migratorio, porque existe una cultura del odio por parte del gobierno del Estado implementado en contra de los migrantes, en especial de las mujeres; un ejemplo más de tragedias de este tipo, tan sólo el año pasado seis meseras fueron asesinadas aquí en la costa de Chiapas, quedando los casos impunes, el gobernador está completamente enterado de lo que sucede y no ha hecho nada, por eso es cómplice, aún más cuando pedimos al Consejo Estatal de los Derechos Humanos que emita una recomendación en contra de la Procuraduría por el detención arbitraria de mujeres migrantes en las cárceles de Chiapas, pero continúa la omisión”, sentencia Villagrán.

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