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lunes, 20 de marzo de 2017

‘‘La encontramos toda ida; olía a cloroformo, estaba muy golpeada mi niña”: madre de víctima; denuncia amenazas por parte de MP

‘‘La encontramos toda ida; olía a cloroformo, estaba muy golpeada mi niña”: madre de víctima; denuncia amenazas por parte de MP
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En octubre de 2016, las menores Sandra y Sarahí, de 12 y 17 años de edad, respectivamente, originarias de San Pablo del Monte, Tlaxcala, fueron raptadas. Después de varias horas de desaparición fueron localizadas por sus familiares; ambas fueron sometidas a violencia física y sexual.
Sandra se encontraba sedada muy cerca de un motel; Sarahí, abandonada en la calles de una colonia popular en horas de la madrugada; “ambas en los límites entre Puebla y Tlaxcala, uno de los principales corredores de captación, acción y tránsito de trata de personas con fines de explotación sexual en el país”, se ha informado.
Durante una entrevista para La Jornada, Elia Corona y Yolanda Salas, madres de las menores, narran las largas horas de ‘‘terrible angustia’’ vividas por sus familias ante la ausencia de sus hijas, además de la inacción, incompetencia y hasta ‘‘complicidad’’ de los elementos policiacos.
A esto se suma “la revictimización provocada por el sistema de investigación de justicia y las ‘amenazas’ recibidas por parte de agentes del Ministerio Público para impedirles levantar la denuncia”.
Además, las menores raptadas y violentadas física y sexualmente ni siquiera forman parte de las estadísticas por estos delitos en el país. No hay nada, sólo dos actas circunstanciadas que no son reportadas al Sistema Nacional de Seguridad (SNS), donde las autoridades estatales no están obligadas a investigar.
“Sandra, la menor de 12 años, salió de su casa el pasado 7 de diciembre a las 6:30 horas rumbo a su secundaria. El 14 de octubre de 2016, Sarahí había salido de la preparatoria y fue vista por un tío a unas cuadras de su casa a las 20 horas.
Ninguna llegó a su destino; ambas, provenientes de familias de muy escasos recursos económicos y habitantes de colonias populares, fueron subidas a golpes a un automóvil por un grupo de hombres”.
Las madres de las menores, en cuyo testimonio existen múltiples semejanzas, narran que “casi de inmediato alertaron a familiares y amigos, hicieron una rápida difusión de la desaparición de sus hijas a través de las redes sociales, identificaron a personas que las habían visto antes del plagio, y recorrieron una y otra vez los posibles trayectos que habrían tomado.
Incluso, ante la negativa de policías pidieron los videos de seguridad de los comercios ubicados en las posibles rutas. Eso fue muy probablemente lo que impidió que los agresores pudieran sacarlas del estado de Tlaxcala”, dice Miriam Pascual, de la Red Retoño, que ahora asesora a las familias de las menores.
Sarahí, la joven de 17 años, permaneció desaparecida más de seis horas; fue localizada en la madrugada tras una llamada telefónica que pudo hacer tras ser abandonada. ‘‘La encontramos toda ida; su ropa y ella olían como a cloroformo, estaba muy golpeada mi niña; es terrible lo que le hicieron’’, dice su madre, Yolanda Salas.
Sandra estuvo desaparecida más de cuatro horas; fue localizada cuando pudo pedir auxilio a unas personas que pasaban por la calle, cerca de un motel de la colonia Villa Frontera, donde ella identificó haber sido llevada por los agresores, dice su madre, Elia Corona, quien revela que prácticamente fueron amenazados para no levantar la denuncia. ‘‘Si se contradicen en cualquier cosa son ustedes las que van a ir a la cárcel’’, dijeron a los familiares en la agencia del Ministerio Público.
A cinco y tres meses de los hechos, respectivamente, ninguna de las dos familias de las víctimas ha recibido notificación de las autoridades, además que fueron ‘‘extraviados’’ indicios importantes para la investigación, como los videos y pruebas de ADN de los agresores, entre muchas otras irregularidades.

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martes, 8 de septiembre de 2015

Próxima semana esperan llegada del Cannabidiol para Graciela, niña de 8 años con crisis epilépticas

Por:  / 8 septiembre, 2015
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(08 de septiembre, 2015).- Si sus padres presentan ante la Cofepris la prescripción médica a más tardar el próximo 14 de septiembre, es probable que sea esa semana cuando llegue a México el Cannabidiol, medicamento derivado de la mariguana que esperan los padres de Graciela sirva para controlar las crisis epilépticas que padece la niña de 8 años.
Lo anterior, debido a que  existe una disposición en el reglamento de insumos para la salud que señala que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene la facultad de aprobar la importación de medicamentos  que no tengan registro en México por lo que bastará que los padres presenten  la receta donde se prescribe el Cannabidiol para que la dependencia puede aprobar la importación del mismo.
“Ayer la secretaría de Salud me dio la instrucción de revisar el estatus jurídico de esta petición y también me dio la instrucción de estar muy cerca de este asunto; el día de hoy recibí al señor Raúl Elizalde ya con una propuesta”, señaló Mikel Arriola, titular de la Cofepris en entrevista para Radio Fórmula.
“Él me dice que el doctor está en el extranjero, que el lunes podría tener la prescripción, que él va a platicar de manera directa con el doctor y que nos presenta esa prescripción el propio lunes para que nosotros emitamos el permiso de importación”, agregó el funcionario.
Añadió que la facultad de autorizar la importación de medicamentos ha sido utilizada en diversas ocasiones, “es una norma general y los requisitos son que prescriba el médico y que sea para uso personal, y esta facultad nosotros la ejercemos de manera ordinaria; si se presentan esos supuestos, desde luego la autoridad tiene la obligación de responder” concluyó.
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martes, 1 de septiembre de 2015

Juez abre la posibilidad del uso de la mariguana como terapia medicinal, autoriza su uso a una niña con epilepsia

Por:  / 1 septiembre, 2015
Planta de mariguana
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(1 de septiembre, 2015); En un hecho sin precedentes, Martín Santos, juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, concedió un amparo que permite a los padres de Graciela Elizalde Benavides, la importación de un medicamento a base de mariguana para utilizarlo como medicamento en el tratamiento de la enfermedad que padece su hija.
El juez, amparó a los padres el pasado 17 de agosto, ordenando a las autoridades que importen un medicamento con cannabidiol, sustancia derivada de la mariguana y prohibida por la Ley General de Salud para el tratamiento de las crisis epilépticas que padece Graciela de 8 años de edad.
Fabián Aguiaco, abogado de la familia, asegura se trata de “un parteaguas en nuestro país porque el tema de la mariguana ha sido muy complicado. Lo importante de esto es la diferencia que se ha marcado frente a una política de prohibición”.
Precisó que hay artículos de la ley de salud inconstitucionales, “violan varios derechos humanos de gran importancia”, como el derecho a decidir, a la dignidad de la persona, a la libertad individual o a vivir sin dolor.
En el juicio, los abogados apelaron que hay artículos de esta ley inconstitucionales porque “violan varios derechos humanos de gran importancia”, como el derecho a decidir, a la dignidad de la persona, a la libertad individual o a vivir sin dolor, indicó Aguinaco.
El juez, autorizó el uso del cannabidiol en el caso de Graciela quien  padece el síndrome Lennox-Gastaut, una enfermedad que le provoca alrededor de 400 episodios de convulsión diarios y para la cual está demostrada la eficacia del medicamento.
La resolución, abre la posibilidad de utilizar la mariguana de manera legal con fines medicinales en México, tal como ocurre ya en varios países del mundo y más de una decena de estados de la unión americana.
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miércoles, 26 de agosto de 2015

Pastor cristiano viola a niña de 11 años en Puebla, ya se encuentra detenido

Por:  / 26 agosto, 2015
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(26 de agosto, 2015); Una menor de 11 años de edad, relató como en septiembre de 2014 al acudir al templo cristiano “Misterio Casa de Oradores”, el Pastor, con el pretexto de que iban a “platicar” la llevó a un cuarto donde la atacó sexualmente.
El sujeto de nombre Moisés Nava Salazar, de 35 años, se desempeñaba como Pastor en el citado templo se encuentra bajo proceso por el delito de violación en agravio de la menor, según la carpeta de investigación 316/2015.
La niña denunció que el abuso se repetía cada vez que asistía al templo cristiano, asegura que Nava la amenazaba para que no comentara a sus padres lo sucedido, de lo contrario le causaría daño a ella o a su familia.
Sin embargo, la menor venció el temor y le contó a sus padres lo que sucedía y juntos, acudieron ante el Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente.
Al momento, el Pastor Nava, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, como presunto responsable del delito de violación, luego de que elementos de la Policía Ministerial del estado llevaron a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes.
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sábado, 22 de agosto de 2015

En comunidades triquis una niña cuesta $40 mil; “cuando se cierra bien el negocio”, hasta $150 mil

Por:  / 22 agosto, 2015
niñosvendidos
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(22 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Dentro de los usos y costumbres pertenecientes a la comunidad triqui, existen algunos actos calificados, por defensores de los Derechos Humanos de la Infancia como ‘nocivos’, uno de ellos es aquel que versa que para que un hombre pueda tener a la mujer o niña que quiera debe dar a los padres la cantidad que ellos determinen, esto determinado por el estado físico y de salud de las mujeres, entre más jóvenes y “llenitas” son más caras.
Según investigaciones realizadas por algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, se ha descubierto que en los campos agrícolas de Sinaloa y de Sonora los triquis ofrecen a sus hijas con los jornaleros, para que las familias tengan dinero y puedan subsistir, además con ello contar con algunos recursos para poder comprar terrenos y ganado.
De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres las niñas son vendidas desde los 10 años, cuando las menores tienen su primera menstruación son ofertadas, en ocasiones son los hombres quienes buscan a los padres, otras más los padres buscan a los novios para ofrecerlas.
En las comunidades triquis una niña entre los 10 y 14 años cuesta un cartón de 24 cervezas (o los que determine el padre) y 40 mil pesos o en otras ocasiones ‘cuando se cierra bien el negocio’, hasta 100 o 150 mil pesos, las familias aseguran que lejos de representarles un delito, es una tradición.
Diversos informes de organismos defensores de Derechos Humanos, han calificado a la violencia que viven las mujeres indígenas, como “horrorosamente apabullante”, y las circunstancias se complican cuando se trata de la padecida por la infancia femenina la cual es un “foco rojo”.
Las menores indígenas a muy temprana edad son obligadas a contraer matrimonio e iniciar una vida sexual, que incluye violencia física y psicológica por parte de quien la compra y se convierte en esposo.
Cotidianamente las niñas son víctimas de este delito, siendo los padres y padrastros los principales agresores, quienes golpean y amenazan a las madres que se encuentran en desacuerdo para evitar así la denuncia, aunque generalmente a ningún familiar le parece un delito, mucho menos un daño a la menor, pocos casos se logran denunciar y nunca lo hace un miembro de la familia.
Concretada la unión, por parte de los padres de la niña y el hombre que la pide,  ésta muchas veces es adelantada por los progenitores de la menor, con la intensión que exista mayor rapidez en la entrega de la dote (dinero y alcohol). En muchas regiones del estado de Oaxaca y principalmente en la zona Triqui se acostumbrado, lo que se ha calificado como ‘una mala práctica’, que surge desde la primer educación de las niñas, a quienes las madres les enseñan y preparan para las cuestiones del matrimonio a temprana edad, según explica a Revolución TRESPUNTOCERO el Visitador General de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Rodríguez Ramos.
Rodríguez Ramos explica que en dichas regiones se entregan niñas, a hombres adultos, que incluso le triplican la edad, y asegura que el pago (además de productos como cervezas y refrescos), es una cantidad monetaria no establecida, que depende de ciertas características de la niña; según informes de la DDHPO se tiene conocimiento que entre más jóvenes sean, más alta es la cantidad que se paga por ellas y van desde los 40 mil hasta los 100 o 150 mil pesos.
Las comunidades en la que persiste esta tradición son: San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Yutasani y La Ladera, Unión de los Ángeles, Coicoyán de las Flores, San Martin Peras, Duraznos, además de San Juan Copala, La Sabana Copala, Yosoyuxi y Rastrojo Copala, principalmente.
Aunque dicha ‘mala práctica’, también llamada ‘tradición’, es propia de la comunidad indígena triqui, se puede percibir en distintas partes de la República, esto debido a que muchos miembros se encuentran dispersos a lo largo del país, así es como se identifican casos de intercambio.
“Concretamente en la zona centro y norte del país se puede observar la acción de intercambio, ya que son migrantes triquis que han formado comunidades. Nosotros tenemos información de cómo el Instituto Oaxaqueño de la Mujer, ha realizado algunas acciones tendientes a concientizar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, esto debido a la urgente necesidad de promover el respeto a la niñez y eliminar toda discriminación contra la mujer, pero no ha sido suficiente, ya que la práctica sigue persistiendo”, sentencia Rodríguez Ramos.
Explica que se necesita mayor interés en el tema por parte de gobierno estatal, federal y de los medios de comunicación, ya que a su parecen no han tenido la voluntad de hacer pública esta grave problemática, esperando que de hacerlo se pueda influir en la disminución, con miras a la erradicación “de este delito, incluyendo como estrategia la educación en las escuelas, como mecanismo para concientizar a padres y alumnos, que se den cuenta que por más arraigada, dicha acción afecta fuertemente a una población sumamente vulnerable, como lo es la niñez femenina”, comenta el Visitador General.
En caso que las autoridades descubran por medio de una denuncia que una niña fue intercambiada, existe la posibilidad que no se le devuelva sus padres, porque se da un delito de tipo sexual que afecta el desarrollo armónico de la libertad sexual de los menores y si se puede intervenir jurídicamente.
Aunque no es común que se realicen denuncias sobre dichos casos, las hay. El caso más reciente a cargo de la DDHPO fue el de una menor que al conocer que sus padres habían cerrado el pacto para entregársela a un hombre mayor, como pago de una deuda que no pudo saldar su madre, escapó a casa de amigos de la misma comunidad, quienes sí denunciaron el hecho.
Después de una serie de acciones por parte del organismo, la niña fue protegida y actualmente se encuentra en el DIF recibiendo acompañamiento, terapia psicológica, educación y alimentación, así cuando sea mayor de edad dejará el albergue y decidirá si regresa a su comunidad o se muda a otra región.
Rodríguez Ramos explica que después de una denuncia ante Ministerio Público y Organismos Civiles de Derechos Humanos, es probable que si una niña quiere regresar con sus padres, ellos la rechacen, e incluso la maltraten físicamente como se ha demostrado en algunos casos, es por ello que es preferible que sean ONG’s quienes se hagan cargo de su educación, alimentación, atención psicológica y un techo por medio de un albergue.
Las principales consecuencias que padecen las niñas que son intercambiadas, a decir por el Visitador General de la DDHPO, es en un primer momento la interrupción de un proyecto de vida que como niñas y mujeres tienen que disfrutar según sus etapas de desarrollo, se evita a temprana edad su educación, ya que están destinadas a ser esposas que laboren en los quehaceres del hogar y por lo tanto ‘no tiene caso que estudien’; en un panorama social no se desarrollan en igualdad de circunstancias que los hombres, además de ver quebrantado su desarrollo psicoemocional, ya que ha muy temprana edad se les impone obligaciones que como niñas no les corresponde, como lo es practicar su sexualidad, sin dejar de mencionar la nula libertad de desplazarse libremente.
“No tienen permiso de desarrollar algún tipo de actividad que sea de su interés y son condenadas a una vida precaria, donde estén generalmente se encuentran sometidas a una cotidianidad de violencia física y emocional, es así como muchos de sus derechos son vulnerados y destruidos. Es por ello que al Estado Mexicano le hace falta adecuar nuestra legislación local y nuestra legislación nacional a los tratados internacionales para evitar determinadas formas de humillación contra la mujer, es necesario empatar nuestra legislación a la Convención de los derechos de los niños niñas y adolescentes”, asegura Rodríguez Ramos.
Sobre la venta de menores de edad, miembros de una comunidad triqui consultados porRevolución TRESPUNTOCERO, aseguran que hay familias que deciden no tomar en cuenta dicha ‘tradición’, asegurando que para ellos el matrimonio es un ritual importante, pero también lo son las jóvenes, quienes después de los 18 años son libres de casarse con quien deseen, siempre y cuando “el joven sea quien pague la boda en los términos que los progenitores de su prometida lo pidan”.
Asimismo dan a conocer que aunque son pocos los que se atreven ayudar a las niñas que deciden huir, lo hacen porque saben que ellas terminarán siendo golpeadas y humilladas, pero si los descubren las autoridades de su comunidad puede castigarlos. En el caso de algunas familias desplazadas, aceptan que sean las jóvenes quienes opten por decidir el momento del matrimonio, asegurando que no por ello la práctica de intercambio de niñas y adolescentes se detenga, porque continua gracias a que comunidades enteras siguen haciéndolo año con año.
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miércoles, 22 de julio de 2015

Niña de 12 años es violada por militares de EE.UU., que tras 8 años no han sido enjuiciados

Por:  / 22 julio, 2015
Pandillas-de-Estados-Unidos-estrechan-vínculos-con-los-carteles-mexicanos
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22 de julio, 2015).- Estados Unidos es la nación que se jacta de la libertad y la democracia como sus grandes bastiones hasta cuando quiere invadir países, pero cuando son los miembros de las fuerzas armadas los juzgados por violar a una niña de tan solo 12 años, esos bastiones quedan en segundo término.
En Colombia, una niña de 12 años acusó a dos miembros del Ejército de EE.UU. de haberla violado en su base militar. Cuando el caso llegó a la justicia, se encontró con que los hombres gozaban de impunidad diplomática y el caso pasó a los tribunales estadounidenses, donde lleva parado ocho años. Este es solo un ejemplo de los 54 casos de presuntas violaciones a menores que recoge un informe de la Comisión Histórica integrada por el Gobierno de Colombia y las FARC.
Olga Lucía Castillo Campos se aferra a los documentos que ha conseguido reunir en los últimos ocho años para demostrar que su hija fue violada a los doce años en la base militar de Tolemaida, Colombia en la que operan militares del Ejército de EE.UU. Aún hoy muestra con frustración las imágenes de Michael Coen y César Ruiz, el sargento estadounidense y un empleado de origen mexicano que su hija identificó en su día como los hombres que la drogaron para luego abusar de ella.
Los hechos se remontan a agosto de 2007, en la localidad de Melgar, muy cercana a la capital. “La cogieron y la manipularon. Después la bajaron, la subieron al carro y la llevaron a la fuerza aérea. Y allí la violaron, dentro de una base militar”, cuenta Olga. Jessica, como se llama la joven, lleva ocho años en tratamiento psicológico y ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones. La última, hace solo seis meses, tomándose un frasco de veneno.
Tras haber denunciado lo ocurrido ante la Fiscalía colombiana, madre e hija, que no sale ante las cámaras por miedo, dicen haber recibido amenazas y sentirse perseguidas. Han cambiado de ciudad tres veces, dejando siempre a sus espaldas todo lo que tenían. “Nos robaron la vida. No tenemos vida. Antes de la denuncia vivíamos muy bien, nosotros no le debíamos nada a nadie. Nosotros trabajábamos, comíamos, paseábamos, éramos libres. Ahora no somos libres”, lamenta la madre de la afectada.
El caso fue trasladado a EE.UU. porque los militares y empleados del Ejército estadounidense gozan de inmunidad diplomática en Colombia. Los dos acusados nunca han sido procesados. “Lo lógico es que el Estado colombiano hubiera puesto un abogado en los EE.UU. para hacer valer los derechos de esta menor”, declara el abogado Jorge Enrique Gómez.
Recientemente, Renán Vega Cantor, miembro de la Comisión Histórica del Conflicto Colombiano, denunció en un informe para el Gobierno colombiano este y otros casos de violaciones vinculadas a la misma base militar de Tolemaida. En total, habla de 54 casos ocurridos entre 2003 y 2007, algunos de las cuales fueron filmados y comercializados como vídeos pornográficos.
Con información de RT
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