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lunes, 6 de marzo de 2017

Guerrero, Michoacán y Edomex, con mayor número de policías reprobados en control de confianza que continúan laborando

Guerrero, Michoacán y Edomex, con mayor número de policías reprobados en control de confianza que continúan laborando
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“Guerrero, Jalisco, Michoacán, México, Sinaloa y Veracruz, son las entidades donde en 2016 se iniciaron más carpetas de investigación por homicidios dolosos, concentran el mayor número de personal de seguridad, procuración de justicia y readaptación social que sigue trabajando a pesar de no acreditar las evaluaciones de control de confianza”, de acuerdo a los registros que los estados entregan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Además se indica que más de 33 mil elementos adscritos no acreditaron las evaluaciones que establece la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como requisito para desempeñarse en sus áreas de trabajo.
“De ellos, 15 mil 112 pertenecen a corporaciones municipales; ocho mil 984 a seguridad Estatal; y cuatro mil 337 a procuradurías y fiscalías de las entidades. El reporte del SESNSP, emitido en noviembre de 2016, menciona que entre el personal que no acreditó las pruebas también se encuentran 3 mil 143 elementos de prevención y readaptación social encargados de la seguridad de prisiones que administran los estados.
En la lista de personal que no es apto para trabajar, también están 859 elementos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS); 280 en la Procuraduría General de la República (PGR) y 364 del Instituto Nacional de Migración (INM)”, se informó.
Los estados donde laboran más elementos que no aprobaron las evaluaciones son: Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Tabasco, Sonora, Baja California Sur y Ciudad de México. Según autoridades estatales y federales “uno de los principales motivos por el que policías, ministerios públicos, custodios y personal de diferentes áreas continúan laborando, es porque los elementos se ampararon, las dependencias no cuentan con el dinero para pagar su finiquito, o no pueden contratar más elementos por falta de recursos”.
En enero de 2009 se expidió en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “en la que se establece como requisito las evaluaciones de control de confianza para poder laborar en una institución de seguridad o procuración de justicia del país”.
El Capítulo II, artículo 96, en el que se detalla la Carrera Policial y la Profesionalización, menciona que la certificación es el proceso mediante el cual los policías se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia de cada elemento.
Según la Ley, las evaluaciones buscan reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones; identificar los factores de riesgo que interfieran en su trabajo; y que el elemento cumpla con la edad. También establecer un perfil físico, médico y de personalidad que les permita laborar; que sus percepciones económicas correspondan a la calidad de vida que llevan; que no consuman drogas y no tengan vínculos con el crimen organizado, y no haber sido condenado por delitos dolosos o estar bajo proceso.
En caso de no aprobar con los exámenes, el Título Quinto de la Ley, sobre el Desarrollo Policial, refiere que “los integrantes de las instituciones policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización”.

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lunes, 26 de septiembre de 2016

Siete normalistas fueron paseados y golpeados por policías, luego de disturbios en Chilpancingo

 
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Siete normalistas fueron entregados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero (Coddehum) por   policías estatales antimotines, quienes  los detuvieron y golpearon por los disturbios que se suscitaron esta tarde  en Palacio de Gobierno, en el marco de las protestas en pro de la presentación con vida  de  los estudiantes de Ayotzinapa.
Durante los tumultos,  un grupo de personas lanzó  petardos y bombas molotov contra el edificio gubernamental, mientras que  las fuerzas policiales respondieron con  gas lacrimógeno. Tiempo después, los policías  persiguieron a un grupo de manifestantes que huían a bordo de una camioneta pick up.
Los policías  dieron alcance a la camioneta, la chocaron e hicieron descender a los estudiantes. Personas que transitaban en el área, fueron testigos de como  los policías golpeaban a los siete jóvenes, les recetaron macanazos y patadas, para después  ingresarlos a varias patrullas, que  según los testigos los pasearon y continuaron golpeándolos en los alrededores de  Chilpancingo por más de media hora.
Más tarde,los policías estatales recibieron órdenes de  llevar a los siete normalistas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí se les realizó un examen médico para dar cuenta del grado de lesiones que presentaban. “Sí, nos llevaron por muchas calles y ahí nos golpearon muy feo”, expresó una de la víctimas.
La Comisión de Derechos Humanos,  canalizará  a los  siete normalistas que sufrieron agresiones, con  Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.


Con información de  Reforma.
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Policías lanzan disparos al aire mientras ingerían bebidas alcohólicas

 
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A través de un comunicado,  la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León indicó que se abrió una investigación en contra de los policías que lanzaron disparos al aire  mientras ingerían bebidas alcohólicas en una colonia de Monterrey. La dependencia estatal puntualizó que se buscará sancionar a los responsables de causar pánico,  también se enfatizó que el personal involucrado  se encontraba fuera de su hora de servicio.
El suceso tuvo lugar  el sábado por la noche en la colonia Terminal, luego de una denuncia ciudadana, efectivos de la Fuerza Civil acudieron a lugar de los hechos. “Esta dependencia desea hacer patente que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, personal adscrito a la Secretaría acudió en apoyo y fue su intervención la que permitió la detención de los involucrados, para de inmediato ser entregados a la Policía de Monterrey”, refiere el comunicado.
En tanto, la Dirección de Asuntos Internos de dicha dependencia abrió una investigación de oficio contra los elementos que participaron en estos hechos, con el fin de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
Con información de periódico ABC
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martes, 6 de octubre de 2015

Extorsiones y violencia de policías, nuevo delito que deben enfrentar jornaleros de San Quintín

 
Por:  / 6 octubre, 2015
agresión policías y ejército
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(06 de octubre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Gloria Gracida, una de las voceras de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social del movimiento de trabajadores jornaleros de San Quintín, informó que ya se tienen identificados a tres de los elementos de la Policía Municipal de la localidad que participaron, junto policías ministeriales y del Ejército mexicano, en la agresión a Miguel Martínez, miembro de la organización a quien golpearon y mantuvieron retenido por varias horas mientras irrumpían de manera arbitraria en su domicilio para buscar las armas y droga que según ellos distribuía, sin encontrar absolutamente nada.
Sin embargo, hasta el momento los uniformados no han sido retirados de sus cargos a pesar de la denuncia interpuesta en su contra y el director de la policía municipal se ha limitado a comprometerse a “cambiarlos de zona”, mientras se realizan las indagatorias de ley.
Gracida señaló que en la reunión que sostuvieron el pasado 23 de septiembre –horas después de que se registrara la agresión en contra de Martínez- con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Miranda y otros funcionarios, le entregaron copia de la denuncia interpuesta y le hicieron saber su intención de reunirse con autoridades municipales y estatales de Baja California para tratar el tema.
La reunión se realizó el pasado martes. En la misma coincidieron los representantes del gobierno municipal, del estado, de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, del DIF de Baja California, de la policía municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A todos les dieron copia de la denuncia y Miguel Martínez narró la agresión de que fue víctima.
“Fuimos muy enérgicos al señalar que no vamos a permitir este tipo de situaciones hacia ningún vocero de la alianza, hacia sus familiares o hacia cualquier persona de la comunidad de San Quintín. Este acto lo consideramos una represalia. Le vamos a dar seguimiento al tema y no vamos a permitir que nos digan: ‘lo cambiamos de lugar y ya, se acabó el problema’, vamos a exigir cuentas y estaremos al pendiente de cuáles van a ser los resultados de las investigaciones”, declaró la vocera a Revolución TRESPUNTOCERO.
Desafortunadamente, la agresión a Martínez no es la primera que se registra en contra de los integrantes del movimiento de jornaleros de San Quintín; hay antecedentes de por lo menos otros dos casos en contra de los voceros, por lo que ya habían expuesto ante las autoridades, la necesidad de que el Estado mexicano garantice su seguridad y en general, la de los trabajadores agrícolas a través de medidas precautorias, sin que hasta el momento se haya llegado a algún acuerdo.
“La agresión fue claramente una represalia en contra del compañero. Queremos tener confianza de que las autoridades van a cumplir su parte. Esperamos que no se vuelva a repetir un hecho como este pero si se da, tomaremos otras medidas”, advirtió Gracida.
Acuerdos laborales
La impulsora del boicot comercial a los productos de las empresas Los Pinos y Driscoll en supermercados de la unión americana informó que los representantes del movimiento mantienen su exigencia de que los acuerdos laborales que se signaron entre autoridades estatales, de la federación, los empresarios y los trabajadores sean respetados, pues hasta la fecha no ha sido así.
“Se sigue trabajando en la categorización de las empresas; el subsecretario dijo que no era un asunto que pudiera resolverse de la noche a la mañana y queremos creer que así es, pero seguimos trabajando en eso”, subrayó.
Gracida explicó que la Alianza ha cedido, para mostrar su buena fe de llegar a acuerdos, en varios planteamientos y exigencias planteadas al principio de la huelga; sin embargo, no lo harán respecto al salario mínimo que deben recibir los trabajadores migrantes: $165.
Sin embargo, el movimiento de jornaleros de San Quintín considera que la propuesta de que $150 por jornada sea el salario mínimo les parece muy baja, por lo que negocian que sólo se reconozcan dos tarifas: la de 165 y 180. Las autoridades ya les entregaron una lista de la categorización que tienen hasta el momento y la Alianza entregó otra. El paso siguiente es fusiona ambas, considerando las características de cada una de las empresas.
“Aun pisoteando nuestro derecho constitucional de que a un mismo trabajo corresponde un salario igual, aceptamos la categorización y la respetamos, pero exigimos que ellos respeten los acuerdos y se avance lo más rápido posible en la aplicación de los salarios”, subrayó la vocera.
Por si fuera poco, extorsiones
La representante de la Alianza de Organizaciones denunció que en las últimas semanas han documentado varios testimonios que responsabilizan a policías municipales de Ensenada, de extorsionar a los jornaleros que habitan o transitan por la zona.
El modus operandi es sencillo: los sábados -día de cobro de los trabajadores agrícolas- los jornaleros son “acechados” y cuando los uniformados los ven bajar de los camiones, se acercan a ellos y bajo el argumento de que “son la autoridad y se hace lo que ellos dicen”, los despojan de sus pocos recursos a plena luz del día. Este “fenómeno” ha sido más frecuente en la zona de Maneadero, una comunidad cercana a la ciudad de Ensenada.
“Ya hicimos las denuncias correspondientes. Las autoridades se comprometieron a revisar las cámaras de seguridad que hay en los diferentes puntos de la ciudad donde suceden estas anomalías para fincar responsabilidades”, sostuvo Gracida.
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lunes, 28 de septiembre de 2015

Testimonios de policías detenidos por el caso Ayotzinapa revelan el modus operandi del tráfico de opiáceos en la región

Por:  / 28 septiembre, 2015
Los narcos de la matanza de Iguala controlaban el lucrativo tráfico de heroína de Chicago
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(28 de septiembre, 2015):- Los testimonios ministeriales de los policías detenidos por el caso Ayotzinapa han revelado el modus operandi en el tráfico de estupefacientes en la región de Iguala, así lo expone el periodista José Reveles en su artículo “Iguala: la ruta y la complicidad de la heroína”, publicado en la más reciente edición de la Revista Contralínea.
Reveles manifiesta que los expedientes ministeriales de este caso han dado a conocer “por lo menos”, la presencia de una organización transnacional dedicada al tráfico de heroína, que lleva esta droga producida en Guerrero hasta el mercado estadounidense.
El periodista explica que las declaraciones de los policías presos, señalados como parte de los hechos del 26 de septiembre en Iguala dan cuenta, además de la forma de actuar para el trasiego de heroína, como el mismo día del ataque a los normalistas se permitió pasar cargamentos ilícitos.
En el texto, Reveles afirma que sólo “un operativo permanente” para el tráfico de este tipo de drogas en la región no se puede entender sin contemplar la complicidad de autoridades que van más allá del ámbito local.
La heroína producida en Guerrero, destalla el periodista en su escrito, es la que abastece la mitad del mercado estadounidense. Además, sostiene, el tráfico de los opiáceos tiene como epicentro Iguala, cuyos alrededores se han instalado retenes que tienen como función encubrir y proteger las cargas ilícitas.
Aunado a lo anterior, detalla, en los retenes se deja pasar “en el momento preciso”, a los automotores previamente “aprobados” que no pasan por revisión gracias a una orden de las autoridades. En dichos retenes, asegura, los policías designados para los filtros carreteros deben  pasar por alto los automóviles pactados.

“Este sistema de falsa vigilancia ha sido la tradicional coladera para el trasiego de drogas, pero con careta de tarea cumplida (…) Consulté miles de páginas del expediente sobre la agresión conjunta de autoridades y delincuentes en Iguala y hallé el ADN del tráfico de drogas como pretexto y causa de la desaparición de 43 normalistas, el asesinato de seis personas y de heridas a 40 más.”, describe en el número de la Revista Contralínea. 
·         Testimonios de policías detenidos por el caso Ayotzinapa revelan el modus operandi del tráfico de opiáceos en la región
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domingo, 20 de septiembre de 2015

Estudiantes y trabajadores de Morelos acosados por policías; buscan despojarlos de su centro comunitario

 
Por:  / 20 septiembre, 2015
Despojo (1)
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(20 de septiembre, 2015).- El 17 de septiembre pasado alrededor de las 11 de la mañana, integrantes del Centro Comunitario Chiamilpán (CCCH), se percataron de la presencia de elementos policiacos en el predio en el que se localiza el CCCH. Cuando algunos de los representantes se acercaron a preguntar el motivo de la presencia de un supuesto comisario del poblado, un perito y la licenciada Barranco actuaría del Tribunal Agrario número 18, no les dieron respuesta.
Sin embargo se dedicaron a tomar fotografías, pero también hicieron preguntas del CCCH, esto mientras tomaban medidas al predio, tanto de la superficie como la de la construcción. Después de finalizar con lo anterior, y el registro de todos los datos obtenidos, la actuaría comentó, a decir por los testigos, de manera tajante, grosera y autoritaria que todo el terreno tenía que ser entregado y desalojado ese mismo día.
Los integrantes del CCCH  que dieron seguimiento a la diligencia se negaron a la entrega del predio. “Gracias a la avaricia y codicia del comisario de bienes comunales de Chiamilpán que argumentó que el predio fue invadido en 1998 se encuentra en un proceso de litigio, pero es una gran mentira, ya que por todos es sabido que ese terreno fue donado por una familia para la creación del Centro Comunitario, el cual ha estado en pie desde hace más de cuatro generaciones y ahí se ha brindado servicios y actividades gratuitas a la comunidad”, asegura uno de los representantes.
Las situaciones de preocupación impera entre los pobladores, ya que aseguran haber visto como en otros casos, han arrebatado tierras y despojado a los habitantes, de manera arbitraria y en algunas ocasiones en complicidad con las autoridades.
El por ello que los representantes del CCCH, reiteras que “el predio del Fresno, es ocupado y trabajado por miembros de la comunidad de Chiamilpán, estudiantes, académicos y trabajadores comunitarios, que realizan actividades dirigidas en pro del poblado y la comunidad estudiantil”.
A finales de este mes se realizará el seminario El semillero, pensamiento crítico en el estado de Morelos con la participación de investigadores y académicos que además de dar a conocer “la situación injusticia, saqueo de recursos, despojo y represión que lacera a la comunidad”, demostrarán que el Centro Comunitario es una gran aportación a la población.
En ese sentido los trabajos darán seguimiento a distintas propuestas necesarias para replantearse las alternativas que deben tomar en cuenta ante una nueva oleada de agresiones, represión, desprecio y despojo que se vive en Chiamilpán a diario, a lo cual se suman a los altos índices de corrupción, feminicidios, megaproyectos que dañan el medio ambiente y que son producto de un “sistema económico injusto”, el cual aseguran, beneficia solamente a una minoría que cada vez más toma distancia de los verdaderos intereses de la población.
Dicho predio es de origen ejidal y se tiene la documentación para probarlo, el cual ha sido habitado por cuatro generaciones, donde se ha trabajado a favor de los niños, jóvenes y público en general impartiendo distintos talleres y asesorías como: asesoría legal, construcción con adobe, taller de tareas, pintura, expresión artística, huertos, propagación de plantas, entre otros.
Los pobladores temen que por estar en un punto estratégico, es decir cerca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), puedan ser despojados, ya que no es la primera vez que por “ambición y codicia” ha vendido el ayuntamiento predios por sumas elevadas; cabe mencionar que en febrero intentaron desalojar al CCCH, pero alrededor de un centenar de personas, entre ellas integrantes de colectivos, de la comunidad y universitarios se opusieron a tal acción.
Los ataques al CCCH siguen existiendo por parte del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, esto después de haber ignorado los amparos interpuestos por cada uno de los que conforman el Centro Comunitario.
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