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sábado, 29 de agosto de 2015

Policía Federal entrenada para torturar sexualmente; Estado usa el terror contra la protesta social: Defensores de DD.HH

 
Por:  / 29 agosto, 2015
Policía represión criminalización protesta
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(29 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El contexto de persecución y agravios que viven las y los defensores de derechos humanos en México se ha venido agravando en los últimos años de manera considerable, en especial desde la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos en diciembre de 2012. En estos casi tres años han pasado las agresiones, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas cometidas en contra de defensores, fenómenos que, lejos de disminuir, aumentan, convirtiéndose en una política de represión implementada desde el poder político.
Lo anterior son algunos puntos que pueden desprenderse del informe titulado: “Defender los derechos humanos en México: La represión política, una práctica generalizada”, el cual es un documento elaborado por la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), el Comité Cerezo México, y las organizaciones que integran la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.
El informe, presentado la tarde del jueves 27 de agosto en las instalaciones del Centro Universitario de Cultura (CUC), muestra el panorama que las y los defensores de derechos humanos han tenido que atravesar de junio de 2014 a mayo de 2015.
En primera instancia el informe revela que las y los defensores de derechos humanos en este periodo fueron víctimas principalmente de hostigamiento y ataques, sin embargo las detenciones arbitrarias, de acuerdo a lo plasmado, presentaron una tendencia a la alza, en especial aquellas en donde los defensores detenidos no fueron presentados al Ministerio Público, pero fueron intimidados y  “paseados” por las autoridades.
De igual forma expone que la desaparición forzada es uno de los fenómenos que “se disparó” de junio de 2014 a mayo de 2015, además que el número de ejecuciones extrajudiciales se mantuvo. Sobre estas dos graves violaciones a los derechos humanos, el informe detalla que se cometieron por medio de operativos en los que participaron de manera coordinada grupos paramilitares y agentes del Estado.
“Los casos que se documentan en el informe, sumados a los muchos otros casos graves de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido recientemente, muestran que el proceso de configuración del Estado mexicano como un estado que viola constantemente las condiciones de vida digna, represor de las libertades democráticas y que usa el terror contra la organización y protesta social no sólo se mantiene, sino que se perfecciona cualitativamente”, se puede leer en el informe.
De igual forma apunta que en este contexto, como parte de la estrategia de represión política, el poder ha manejado la figura del “enemigo interno”, concepto en donde, desde la perspectiva de las cúpulas, caben todos aquellos que se oponen a las medidas impuestas por el régimen.
“Con respecto a la estrategia política, es ahí en donde se perfila la construcción de un enemigo interno que comienza a volverse más selectivo que en el sexenio anterior. Si antes el enemigo interno era el crimen organizado y cualquiera podía ser un delincuente, en este sexenio el enemigo interno se va volviendo más específico: todos aquellos que se oponen al Pacto por México y al paquete de reformas y que, de acuerdo con el discurso de las autoridades, intentan desestabilizar el progreso del país”, se señala.
En este sentido también habla sobre la estrategia de control social que se ha implementado, la cual mantiene al terror como el método para inhibir la organización y la participación política de la ciudadanía.
“En lo que hemos podido observar del periodo priista, se hace evidente que la estrategia de control social contra la población se mantiene: el Estado, por medio de sus omisiones, permite que grupos criminales actúen impunemente en contra de la población en general. Feminicidios, asesinatos violentos, asaltos, secuestros, intimidaciones ocurren con cotidianidad, lo que acelera la descomposición del tejido social como un mecanismo preventivo, en tanto que una sociedad atemorizada difícilmente se organiza debido a que los lazos del tejido social quedan aniquilados ante el uso de los grupos criminales para mantenerla en esta situación”, detalla el texto.
Cifras: Peña peor que Calderón.
Los datos presentados en el informe reflejan una realidad preocupante, lejana al discurso oficial que asegura proteger a defensores de derechos humanos.
De acuerdo con los datos, de junio de 2014 a mayo de 2015 se registraron 330 casos, los cuales constituye 488 eventos violatorios de los derechos humanos. Esta cifra de eventos violatorios representa un aumento del 178.1 % con respecto a los meses de junio de 2013 a mayo de 2014, en donde se registraron 278 ataques o agresiones.
Al respecto se añade un dato más: según lo expuesto, en lo que va de la administración peñista, las cifras de violaciones a los derechos de derechos humanos  en contra de defensores es superior en comparación a los dos últimos años de Calderón. De acuerdo a lo documentado en estos poco más de dos años del regreso al PRI se han presentado 629 agresiones o ataques, mientras que en los dos últimos años de Calderón se registraron 192.
En esta tónica, se enfatiza que el hostigamiento fue uno de los principales tipos de agravio, seguido de la agresión. En este punto se detalla que el 74.61 % de los casos de agresión se trató de agresión física, encontrando como uno de los métodos la tortura sexual.
“Principalmente a la tortura sexual fueron sometidos el movimiento magisterial de Oaxaca por Policía Federal. Es decir sí existe una política por parte del Estado de agredir a mujeres sexualmente, y no es casualidad que los casos documentados fueron realizados por la Policía Federal, si ustedes recuerdan Atenco, fue la Policía Federal, en 2006 en Oaxaca. Lo que queremos demostrar con esto es que los elementos de la Policía Federal son entrenados, capacitados, adiestrados para realizar este tipo de acciones que no son casualidad, es una sistematicidad”, explicó Alejandro Cerezo, coordinador de ACUDDEH.
Por otro lado entre los estados de la república con el mayor número de violaciones a los derechos humanos de defensores se encuentra Puebla con 40 casos, el Distrito Federal con 39, Guerrero y Oaxaca con 35, Jalisco 31 y el Estado de México 26.
En cuanto al número de detenciones arbitrarias el periodo de Enrique Peña Nieto vuelve a ser el de las cifras más altas. En los primeros cinco meses de este 2015, la cifra alcanzó 256 detenciones arbitrarias. El dato que llama la atención, y que preocupa para las organizaciones es la diferencia con el calderonismo: las detenciones arbitrarias con el regreso del PRI se dispararon. Durante el periodo de Calderón la cifra más alta de detenciones arbitrarias de dio en 2008, alcanzando 262, mientras que de lo que va de Peña, el 2013 fue el año con más detenciones,  registrando 427.
En el informe se detalla que los casos más emblemáticos en donde se registraron detenciones arbitrarias masivas fueron los relacionados a la lucha de los Jornaleros de San Quintín, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y la batalla contra la reforma educativa, con 72, 117 y 108 detenciones respetivamente.
En el rubro de ejecuciones extrajudiciales, en el tiempo que abarca el informe, los realizadores documentaron 22 casos en donde se implementó este mecanismo contra defensores de derechos humanos. Al igual que las violaciones antes descritas, ésta toma números significativos con el ascenso al poder de Peña Nieto, pues para 2010, el número de ejecuciones extrajudiciales alcanzó 11, mientras para los años subsecuentes inició el incremento: en 2011 se registraron 20; para el 2012, fueron 21; en el 2013, 20; en el 2014, 19, y en los primero 5 meses de 2015, 8.
En lo que respecta a la desaparición forzada, de junio de 2014 a mayo de 2015, se registraron 52 casos de personas defensoras desaparecidas forzadamente. Con esta cifra, el número de defensores desaparecidos en lo que va de la administración peñista llega a los 81.
Como gran total, el informe detalla que de junio de 2014 a mayo de 2015 se registraron 860 actos de violaciones a los derechos humanos en el país, siendo Guerrero la entidad con la mayor cifra al alcanzar 202.
“¿No bastan las agresiones, la represión política para transformar al país?”
Durante su participación en el evento, Alejandro Cerezo cuestionó el quehacer de la sociedad ante un escenario en donde además de la persecución en contra de defensores de derechos humanos, el país tiene a “representantes populares” que no velan por los interés de las mayorías.
Mencionó el caso del multihomicidio en la Narvarte como uno de los últimos episodios que deben provocar un cambio de fondo en esta sociedad.
“La ejecución extrajudicial y la tortura sexual son hechos recientes que sufrió un fotoperiodista, una defensora de derechos humanos, y tres personas más. ¿No basta con esos hechos para reafirmar nuestra convicción de que esta sociedad tiene que ser transformada y que debemos organizarnos permanentemente por la defensa de los derechos humanos?, ¿no bastan los despojos, la desaparición forzada para sacudirnos la flojera, la modorra que nos da organizarnos con otras personas?, ¿no bastan las agresiones, la represión política, las detenciones arbitrarias para ponernos a estudiar nuestra historia de lucha y superar nuestros errores del pasado y engrandecer las virtudes organizativas?, ¿no basta la vida indigna a la que nos someten para que las organizaciones de Derechos Humanos, colectivos, antepongan sus interés por el bien de todas y todos los defensores de derechos humanos?, ¿no basta todo lo anterior acaso para denunciar a quienes diciéndose gobernantes de la sociedad civil adoptan posturas progobiernistas o de conciliación que perjudican a personas defensoras y periodistas?”, manifestó.
A lo anterior señaló que hoy en día el gobierno se burla en la cara de la gente al decir que ponen todo el esfuerzo de su parte para garantizar la protección de defensores y periodistas.
“El Estado no hace más que burlarse, reírse en nuestra cara, ¿cómo?, ejecutando extrajudicialmente, desapareciendo de manera forzada, agrediendo al movimiento social y por tanto a personas defensoras de derechos humanos.  El Estado con sus funcionarios nos dicen que hacen todo para que el mecanismo funcione, gran mentira la suya, pues si hubiera voluntad política para defender, sólo debería cumplir con sus obligaciones y ni siquiera debiera existir el mecanismo de protección, porque no tendría que haber agresiones”, señaló.
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