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viernes, 28 de abril de 2017

Con aprobación al vapor de ley de Seguridad Interior, legisladores agravarán crisis de inseguridad y violación a DH, denuncian

 
Con aprobación al vapor de ley de Seguridad Interior, legisladores agravarán crisis de inseguridad y violación a DH, denuncian
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(28 de abril, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El movimiento Seguridad sin Guerra, asegura que en lo inmediato es indispensable detener el proceso de aprobación “al vapor” de la Ley de Seguridad Interior.
“Así como las múltiples y graves modificaciones propuestas a una serie de instrumentos que corren el riesgo de revertir lo logrado con el establecimiento del nuevo sistema penal acusatorio y que en su conjunto se denominan la Miscelánea Penal”, señalan.
Además, se apunta que pese a las advertencias de académicos y expertos, así como de organismos nacionales e internacionales como la CNDH y la ONU, los legisladores quieren dar paso a iniciativas que tienen el potencial de agravar la crisis de inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro del Estado de Derecho, y el incremento sin control de la violencia en México.
Las presiones para aprobar a la brevedad estas leyes parecen, desde la sociedad civil, un juego de intercambios entre partidos que obedecen a la lógica de la temporada preelectoral.
Apresurar estos procesos no hace más que sembrar desconfianza entre la ciudadanía, lo que a su vez mina las posibilidades de encontrar soluciones de fondo y duraderas, denuncia el colectivo.
Y explican que el más reciente dictamen de Ley de Seguridad Interior pretende dar a las fuerzas armadas un salvo conducto para permanecer en las calles en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que, según su propio dicho, no están capacitadas.
“Contiene cláusulas preocupantes por la amplitud de facultades concedidas y por la poca claridad de los límites que pretende establecer.
Peor aún, la continuada participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en sí misma, con independencia de los problemas específicos de las iniciativas a discusión, implica un deterioro institucional – ‘desnaturalización’ en palabras del General Cienfuegos- muy grave y preocupante”.
Así mismo, afirman que el cúmulo de evidencia apunta a que la militarización masiva de la seguridad pública desde hace diez años ha sido una medida contraproducente que ha exacerbado la violencia en vez de disminuirla.
Afirman que, con la apurada aprobación de la Ley de Seguridad Interior se estaría optando por una falsa salida a nuestros problemas: en lugar de entrarle a los problemas de fondo de un enfermedad cada vez más grave en materia de seguridad pública y procuración de justicia, se pretende administrar indefinidamente la “medicina” que tantos daños ha causado y que ninguna mejoría ha ofrecido. La ruta actual es irresponsable y ligera.
“El Congreso responde en este momento a iniciativas impulsadas por intereses y grupos aislados y trabaja en forma opaca y de espaldas a la ciudadanía.
En los últimos tres meses, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados trabajó el dictamen de Ley de Seguridad Interior en total secreto y sin consultar a expertos en la materia”, declaran.
Estando casi al cierre del periodo legislativo, es simplemente imposible que el dictamen sea debidamente difundido y analizado antes de que se intente su aprobación al vapor, aseguran mediante un comunicado.
“Tenemos un enorme reto frente a nosotros en lo que bien puede denominarse la reconstrucción integral de los mecanismos y proceso para la seguridad y justicia en el país. 
No cedamos ante la premura por legislar a la ligera sin un diagnóstico de fondo que nos permita, ahora sí, reconstruir la paz y la seguridad en el país. No repitamos la improvisación perpetuando con ello la crisis nacional.
Ceder a la presión de apaciguar ánimos con leyes a contentillo es un despropósito y un error más del cual nos costará quizá generaciones recuperarnos. Decisiones así tomadas carecerán de la legitimidad y acompañamiento por parte de la ciudadanía que resultan indispensables para que cualquier sistema de seguridad y justicia sea exitoso”, exhortan.

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domingo, 9 de abril de 2017

70% de las mujeres acusadas en Edomex se encuentran en prisión preventiva; se viola con mayor frecuencia acceso a la justicia

70% de las mujeres acusadas en Edomex se encuentran en prisión preventiva; se viola con mayor frecuencia acceso a la justicia
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(09 de abril, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo a la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), “casi el 70% de las mujeres en el Estado de México se encuentran en prisión preventiva por lo que son el sector al que más se les viola su derecho de acceso a la justicia”.
Además, informa que en el Estado de México, actualmente existen 25 mil 959 personas privadas de libertad, de las cuales 15 mil 388 cuentan con sentencia, lo que equivale al 59.2%, resaltando que del total 2 mil 709 son mujeres y de ellas casi el 70% no cuenta con una sentencia, es decir, se encuentra en prisión preventiva lo que representa un abuso de esta medida cautelar.
“Cabe resaltar que las mujeres en el Sistema Penitenciario del Estado de México, no son atendidas con perspectiva de género, ejemplo de ello son  las circunstancias materiales de los centros de reinserción que han sido pensados y construidos por hombres y para hombres”.
De acuerdo a una solicitud de acceso a la información pública realizada por ASILEGAL, “todavía en agosto del 2016, el Estado de México contaba con tan sólo once jueces de ejecución de sentencias para atender a las más de 18,134 personas privadas de libertad con sentencia, y que incluso a esa fecha, un solo juez podía ser responsable  de entre 600 y 3,899 casos”.
Cabe señalar que los datos que se mencionan no se refieren al total de las personas privadas de libertad que deberían estar sujetas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, “toda vez que de acuerdo a dicha ley, las y los jueces de ejecución, tienen a su cargo a todas las personas con sentencia condenatoria y a las personas que se encuentran en prisión preventiva, es por esto que la ley denomina a la etapa de ejecución como Ejecución Penal”,
Lo que significa que los jueces son de ejecución penal, no de sentencia, como son denominados en el Estado de México, ya que categorizarlos como jueces de ejecución de sentencias implica dejar fuera de su jurisdicción a las más de 10 mil 571 personas en prisión preventiva, “lo que constituye una clara discriminación por situación jurídica”.
“Así, tanto la carga de trabajo de los jueces de ejecución, como el limbo jurídico en el que se encuentran las personas en prisión preventiva en el Estado de México, están imposibilitando la correcta implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la entidad.
A lo anterior se suma la falta de infraestructura adecuada para que la Etapa de Ejecución Penal opere correctamente en el estado, lo cual vulnera gravemente los principios rectores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, denuncia la organización.
Además, continúa explicando que de los dieciocho distritos judiciales del estado, “tan sólo en once existen jueces de ejecución penal, y éstos se encuentran todavía en la dificultad de actuar a la luz de tres sistemas de ejecución penal diferentes, tanto el existente en el sistema de justicia penal mixto, como el surgido en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y el de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal”.
Por lo que la excesiva carga de trabajo de los jueces, la falta de capacitación especializada en materia de ejecución penal, la carencia de una infraestructura adecuada, el abuso de la prisión preventiva y el hecho de que los jueces desarrollen actividades administrativas y no propiamente del ámbito judicial “son factores que obstaculizan la materialización de una etapa de ejecución penal acorde con los principios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y se pierde la oportunidad de garantizar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad”.

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viernes, 7 de abril de 2017

“Incluso la violación les gusta, no te hagas pendeja”, dice académico de la UNAM a conductora de programa de radio

“Incluso la violación les gusta, no te hagas pendeja”, dice académico de la UNAM a conductora de programa de radio
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Durante un programa de radio de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el académico Marcelino Perelló dio “una cátedra” sobre la violencia contra las mujeres.
Fue este jueves por la noche cuando comenzó a viralizarse el audio en el que se escucha a Marcelino Perelló asegurando que “si no hay verga no hay violación”.
Por lo que Tamara de Anda, joven que fue víctima de abuso sexual, hasta el Fondo Semillas difundieron la declaración que el profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias de la UNAM, emitió durante su programa Sentido Contrario, el cual se transmite por Radio UNAM.
Durante su intervención se escucha:
“Se hablaba de esas muchachas a las que se les dice guapas y se ofenden”. Y mandan al bote al güey por andar de piropero. En serio estamos construyendo un infierno.
-¿Pero a la otra chava a la que le metieron los dedos?
— Depende quién y por dónde.
— Daphne.
— Supongo que (…) consideró que la chava estaba muy buena y era metible. Pero tampoco eso que dice Javier que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso (…) No empecemos. La violación implica necesariamente verga. Si no hay verga, no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos y vibradores no es violación”.
En redes sociales los usuarios lamentan la opinión de Marcelino Perelló; en tanto, el director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcott, publicó este viernes una carta editorial en la que señala que “Radio UNAM violó la ley”, por lo que exige la actuación de las autoridades de la UNAM y hace referencia a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En su artículo 256 prohíbe la discriminación “por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Por su parte, Benito Taibo, director de Radio UNAM, publicó un tuit esta mañana donde asegura que la emisora publicará un mensaje al respecto.
Benito Taibo @benistofeles
Personalmente, profundamente indignado por las declaraciones de Marcelino Perelló. Oficialmente, habrá un comunicado con nuestra postura.

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jueves, 6 de abril de 2017

Joven que acusó a 4 alumnos de haberla violado, acepta que mintió para no ser regañada por llegar tarde a casa

Joven que acusó a 4 alumnos de haberla violado, acepta que mintió para no ser regañada por llegar tarde a casa
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La joven que había acusado a 4 alumnos de haberla violado, acabó aceptando que había mentido para que no la regañaran por llegar tarde a su casa.
Antes de esta declaración, la Procuraduría General de Justicia de México (PGJCDMX) detuvo a un alumno de la preparatoria La Salle del Pedregal de Seglares, se presentó ante el Ministerio Público, se le hizo un interrogatorio y se hizo una serie de estudios periciales.
El día de ayer se informó que la PGJCDMX abrió el expediente FNNA/57/UI2-C/D/486/04-2017 por el delito de violación denunciado por la alumna de este colegio y su novio.
Ellos acusaron que cuatro alumnos habían abusado de ella en los baños de la biblioteca durante la Noche Colonial de la escuela.
La PGJ, después de recibir la denuncia, capturó a un joven que se encontraba en la fiesta escolar. Lo llevaron ante la Fiscalía para Delitos Sexuales y después a la Fiscalía del Menor por tener 16 años.
Una vez en el Ministerio Público, se interrogó al detenido, la supuesta víctima, a quien se le aplicó el protocolo de atención a víctimas y una serie de estudios, y a su novio.
Al final, estos dos últimos jóvenes aceptaron que estaban mintiendo, solo para evitar el regaño por parte de sus padres por haber regresado tarde a su casa el día de la fiesta.

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En Chiapas se violan garantías judiciales de defensores de DH y presunción de inocencia: Frayba

 
En Chiapas se violan garantías judiciales de defensores de DH y presunción de inocencia: Frayba
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(06 de abril, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado 28 de marzo de 2017, después de 35 días de encarcelamiento arbitrario, obtuvo su libertad Silvia Juárez Juárez (Silvia Juárez), indígena zoque, defensora comunitaria de derechos humanos, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio Zoque, en resistencia civil y pacífica en contra de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y de minería en el municipio de Tecpatán, Chiapas y la región.
Ella fue detenida el pasado 21 de febrero de 2017 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y se encontraba en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate, en el municipio Cintalapa de Figueroa. El Juzgado de Control y Enjuiciamiento, con sede en Cintalapa de Figueroa, ordenó la libertad de Silvia Juárez, después de que Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, se desistió de la acción penal por los delitos de secuestro, daños y motín, por considerar que al Ministerio Público le faltaron elementos para acreditar los mencionados delitos.
Sin embargo, Silvia Juárez aún está sujeta a proceso, con la obligación de firmar ante Juzgado cada quince días, porque César Rodríguez Robles, Juez de Control, consideró que “existen elementos para acreditar el delito de daños”. “Ante las amenazas de riesgo a su integridad y el hostigamiento reiterado en contra de las y los defensores del territorio zoque, Silvia Juárez no puede regresar a su hogar con su familia”, menciona el Centro de Derechos Humanos Frayba.
Además, se señala que horas antes que Silvia Juárez quedara en libertad, el presidente municipal de Tecpatán Armando Pastrana Jiménez promovió un amparo por el desistimiento de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJE), “para evitar que la defensora comunitaria obtuviera su libertad. Además de mantener denuncia en contra de 29 personas defensoras comunitarias, ante el Fiscal del Ministerio Público en Chiapa de Corzo, de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa”.
Debido al hostigamiento judicial y ante el temor de ser privados arbitrariamente de su libertad, el pasado 23 de febrero, los defensores comunitarios Sergio Cruz Escobar y Lucas Nañes Castellanos solicitaron amparo y protección por orden de aprehensión en su contra, señala Frayba.
El dos de marzo de 2017, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas les requirió la cantidad de 19 mil pesos a cada uno, como fianza para obtener la suspensión de la orden de aprehensión. “Ante la imposibilidad de que los defensores comunitarios realicen el depósito requerido su libertad se encuentra en riesgo”.
Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C, la privación arbitraria de la libertad de Silvia Juárez y el mantenerla bajo proceso, así como las órdenes de aprehensión en contra de otras 29 personas, “son acciones de criminalización por su defensa de derechos humanos, como cuidadoras de la Madre Tierra, en contra de los intereses generados por la industria extractiva en la región zoque de Chiapas”.
Frayba advierte con preocupación que a pesar  de los cambios en el sistema de justicia penal, en Chiapas se mantienen las prácticas de violaciones a garantías judiciales y protección judicial así como  a la presunción de inocencia, que generan privaciones arbitrarias a la libertad.
“Especialmente, el sistema de procuración y administración de justicia se usa para criminalizar y reprimir a defensores y defensoras de derechos humanos, en un contexto de cada vez mayor riesgo de quienes enfrentan hostigamiento, amenazas, desprestigio, entre otras agresiones. Situación de vulnerabilidad en el país, tal y como lo refiere Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos”.
“La situación de quienes defienden derechos humanos en México está condicionada por la criminalización de sus actividades. Esto se realiza a través del mal uso deliberado del derecho penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger los derechos humanos.
Generalmente la criminalización se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias infundadas o de querellas basadas en delitos penales, los cuales pueden no estar en conformidad con el principio de legalidad ni cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. Someter a las defensoras y los defensores a largos procesos legales es claramente un instrumento para intimidarlos y subyugar su defensa de los derechos humanos”, se informa.

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viernes, 31 de marzo de 2017

ONG alemana expresa ‘‘enorme preocupación por permanente violación a DH y pretensión de criminalizar protesta social”

 
ONG alemana expresa ‘‘enorme preocupación por permanente violación a DH y pretensión de criminalizar protesta social”
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“Aunque México ha firmado y ratificado casi todos los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, no se observa que los haya puesto en marcha”, aseguró la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, al concluir una visita de dos semanas al país.
Integrada por una red de 15 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional-Alemania y Obra Episcopal Misereor, la misión europea expresó su ‘‘enorme preocupación’’ “no sólo por la permanente y generalizada violación de derechos humanos en el país, sino también porque se observa la pretensión desde diversas autoridades del Estado mexicano de ir refinando las formas de criminalización en contra del movimiento y la protesta social”.
Carola Hausotter, coordinadora de la red, y Cristina Valdivia, del área de trabajo de la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia –una de las 15 organizaciones integrantes–, explicaron que esta coordinación fue creada en el año 2000 con el objetivo de desarrollar una acción estratégica con colectivos mexicanos para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, y–desde Alemania– tratar de influir en este proceso.

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