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miércoles, 7 de octubre de 2015

Violaciones sistemáticas a DH; con Ejército en las calles en México hay pena de muerte de facto: Raúl Vera

 
Por:  / 7 octubre, 2015
EJÉRCITO (1)
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(07 de octubre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Con la intención de dar a conocer el contexto de violaciones a los derechos humanos que padece México, así como la impunidad que impera en casos como la masacre de “El Charco”, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, realizó a finales de septiembre un gira por el continente europeo. El clérigo sostuvo encuentros con diversas organizaciones, en especial con el Comité de Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.
Este martes, en conferencia de prensa, el obispo detalló algunos de los puntos planteados en esta visita al viejo continente; en primera instancia manifestó que al equipo de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU entregó “insumos” sobre los casos de la masacre de El Charco, así como el asesinato del entonces diputado guerrerense, Armando Chavarría, mismos que a 17 y 6 años respectivamente, siguen en la impunidad.
Vera expresó que en su gira hizo del conocimiento de la comunidad europea, así como de los expertos de la ONU, el grave panorama que vive México desde el inicio de la ‘llamada guerra contra el narcotráfico’ y la subsecuente militarización del país. En este sentido, puntualizó la responsabilidad del Ejército en varios casos de violaciones a los derechos humanos y reprochó el hecho que a pesar que hay indicios claros de la participación de fuerzas castrenses en la comisión de los crímenes, estos no son investigados.
“Cuando presentamos los casos (en Europa) lo relacionamos con esta situación que vive México desde que Felipe Calderón declaró una guerra contra el crimen organizado, poniendo al Ejército en las calles. A partir de entonces, vivimos una violación sistemática a los derechos humanos, en donde en muchas ocasiones, el Ejército mexicano está relacionado directamente.
“Ahora estamos en el contexto de Ayotzinapa, en donde el GIEI designado por la CIDH, desde el primer momento recomendaron que se investigará al ejército; el único al que no se ha podido investigar es al ejército”, dijo.
En este sentido, cuestionó la actitud de las autoridades civiles y los mandos castrenses que insisten en defender a los soldados a pesar de los señalamientos que los involucran en la comisión de delitos. Añadió que resulta peculiar que el batallón 27, al cual se ha negado investigar sobre su presunta participación en el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, es el mismo que cometió la masacre  de El Charco.
“Curiosísimamente el 27 batallón, que es el que precisamente está ahorita en tela de juicio, al que no se quiere investigar, el que perpetró la masacre de El Charco que sigue impune: la masacre del Charco fue realizada a través de los elementos del Ejército que están en la misma zona”, dijo.
Aunado a lo anterior, Raúl Vera sostuvo que en México, desde la salida del Ejército a las calles, se ha implantado “la pena de muerte de facto”, ya que, en lugar que el Ejército presente a los presuntos delincuentes, “los anda ejecutando en las calles”.
“Sobre las miles de ejecuciones que ha habido en la calle nos dicen que “fue el crimen organizado”. En México no hay pena de muerte, sin embargo, el ejército anda ejecutando en la calle, en lugar de detener, de llevar a los ministerios Públicos y que estas personas sean juzgadas. Pero no, esto no existe en México, en este momento hay pena de muerte de facto.
“Estamos ante una situación sumamente delicada. Lo único que hizo el señor Calderón y lo sigue haciendo el señor Peña Nieto, es el control militar y policiaco de este país. No tenemos gobierno para nosotros, los únicos que tienen gobierno son todas las personas a quienes se les justifican sus fechorías, entre ellos los miembros del Ejército, y por eso no se hace nada en el caso de El Charco, por eso no son investigados en el caso Ayotzinapa”, manifestó.
La violencia: un medio de control social
Raúl Vera aseguró que en las reuniones con las diversas organizaciones europeas “siempre estuvimos hablando de un contexto de impunidad, de un contexto de criminalización a la lucha por los DD.HH.”.
El obispo manifestó que en este viaje al viejo continente, demandó ante la comunidad de aquella región, que en México la violencia se ha instalado como un “medio de control social por parte del Estado mexicano”. Añadió que casos como el ataque a los normalistas de Ayotzinapa confirman esta tesis.
“Lo que también denunciamos ante las instancias internacionales es que en México la violencia es un medio de control de parte del Estado, de control de la población, es un medio de contención contra todas las injusticia que se están cometiendo por la aplicación del modelo neoliberal, especialmente a partir del TLCAN. Esto también lo denunciamos allá”, señaló.
En este sentido recordó que de acuerdo a la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), al igual que declaraciones de personajes como Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), se confirma que en el país hay un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
“Es muy importante que esto quede claro: las violaciones a los DD.HH. en México vienen de una estructura creada por el Estado mexicano, y que se asoma constantemente la presencia del Ejército en esta actitud violenta contra la población (…) Es muy importante que quede claro que es un mal estructural. Lo han dicho expertos, como Juan Méndez, sin embargo todos los señalamientos son denostados por el Estado: viene la CIDH, primero con el caos Ayotzinapa y son denostados, viene la CIDH a escuchar a todos los grupos y viene otra vez la denostación del Estado mexicanos, queriendo justificar y queriendo negar la observación internacional”, manifestó.
No hay gobierno Fallido
Para Raúl Vera, hoy en día no se puede decir que en México hay un gobierno fallido, por el contrario, existe una administración federal que está haciendo bien las cosas, pero para su provecho.
“No me puse hablar de gobierno fallido, porque gobierno fallido es que no pueden con las cosas y  no, están muy bien organizados para facilitar la entrada de las multinacionales, para facilitar las inversiones, están gobernando muy bien para su provecho. En el TPP comprobamos que en México se vive una desviación del poder, que los gobernantes no gobiernan para el pueblo y eso está claro a través del grado de impunidad en los más de 26 mil desaparecidos, o en el caso de los 43”, indicó.
El obispo habló sobre el panorama que se avecina en la segunda etapa del gobierno peñista. Dijo que de seguir por este camino en donde no se garantiza el ejercicio de los derechos humanos, se presentará “un deterioro terrible de la vida humana” en México. “El riesgo más grande, el deterioro terrible de la vida humana, lo que significa de muerte. Por ejemplo en la devastación natural los enfermos se multiplican, en el tema del salario mínimo entra en pobreza que no tiene ni para llenar la canasta básica”.
“¿Puede haber un estallido social? Eso hoy sería una locura, porque los socios del gobierno para reprimir al pueblo también es el crimen organizado y lo vemos en el caso de los migrantes, el crimen organizado sirve para que lo migrantes no lleguen a EE.UU. y también al crimen organizado se le deja ser, por eso permanecen impunes los asociados con el crimen organizado, empezando por los funcionarios de gobierno, los políticos”.
“El cambio sólo puede venir con una organización adecuada (…) Los mexicanos nos debemos convencer que tenemos que ir todos en un solo proyecto. Como dijo el TPP: México tiene que ser refundado y esto lo encomendamos a la sociedad civil”, finalizó.
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martes, 29 de septiembre de 2015

5 empresas de Ronda Uno involucradas en corrupción, violaciones a DD.HH. y con vínculos con el crimen

 
Por:  / 29 septiembre, 2015
RONDA1
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(29 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), dio a conocer este lunes una análisis sobre cinco de las empresas que se han anotado para concursar en la segunda fase de licitaciones de la llamada Ronda Uno de la reforma energética. El análisis arroja resultados que llaman la atención por el historial poco ético de las empresas que pretenden actuar en el mercado mexicano.
PODER detalló que luego del estudio se pudo evidenciar que las tres compañías trasnacionales (Shell, BP y Chevron), y las dos mexicanas (Grupo Carso y Grupo Bal) que buscan quedarse con algunos campos para explotar, han estado vinculadas a actos de corrupción, de violación a los derechos humanos así como afectaciones al medio ambiente.
Omar Escamilla, investigador de la organización PODER y autor del análisis, abundó sobre los hallazgos de la investigación. En primera instancia habló sobre los daños al medioambiente que la operación de estas empresas ha dejado en los países donde se han establecido.
Escamilla sentenció que Shell, Chevron y BP han sido los consorcios responsables de “los peores desastres ambientales en la historia”. Apuntó que entre estas tres empresas las multas por el daño al medio ambiente suman los 20 mil 332 millones de dólares.
Mencionó los casos de BP, consorcio responsable del derrames de 4 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México; hecho calificado como el peor que se haya suscitado en la región. Además del caso de Chevron en Ecuador en donde esta compañía fue declarada culpable por contaminar más de 400 mil hectáreas.
“Shell, Chevron y BP han causado las peores afectaciones ambientales en la historia de la industria de hidrocarburos, afectando comunidades y ecosistemas, por los cuales han tenido que pagar multas millonarias que ascienden a 20,332 millones de dólares. Las empresas mexicanas que participan en la Ronda 1 tienen antecedentes en sus negocios mineros de generar impactos ambientales, conflictos sociales y afectaciones a los derechos humanos en el país”, se lee en el texto.
Por otro lado, en el tema de violaciones a los derechos humanos, el análisis de PODER destaca que en mayo del presente año la empresa BP fue demandada en Colombia por el líder sindical, Gilberto Torres, quien acusó a la transnacional de ser responsable del secuestro y tortura de trabajadores que exigían mejores condiciones laborales. En este sentido, Torres también señaló a este consorcio como promotor de grupos paramilitares, a los cuales les destinaba recursos en aras que le brindaran protección y defendiera los intereses de la compañía contra posibles manifestaciones de comunidades y empleados.
“México es atractivo para estas empresas que obtienen beneficios económicos aprovechando la negligencia del gobierno a tomar medidas que protejan los derechos humanos. La situación de impunidad, el poder del crimen organizado y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos pone a México en un lugar similar a ciertos países donde Shell, BP y Chevron han sido implicadas en casos de violencia, represión y colusión con fuerzas armadas y paramilitares”, explica PODER en el documento.
Preocupante la flexibilización en Ronda Uno
En el documento, PODER expresar su preocupación ante la flexibilización en las condiciones impuesta por el gobierno mexicano a las empresas que participen en la segunda licitación de la Ronda Uno. Dijo que esta situación causa mayor alerta debido a los antecedentes de las empresas que pretenden iniciar actividades en México.
“Debido a la baja participación en la primera licitación de la Ronda 1, la Secretaría de Energía (SENER) flexibilizó los requisitos contenidos en los modelos de contratos y las bases de la segunda licitación: se redujeron las utilidades operativas que le corresponderían al Estado mexicano (…) Además, se flexibilizó el contenido de los registros y se eliminó el requisito de presentar algunos informes, tales como el reporte de ingeniería y el informe de construcción de instalaciones.
“Esta flexibilización es particularmente preocupante ante los antecedentes de corrupción, daños medioambientales y violaciones graves de derechos humanos por parte de cinco empresas (Shell, BP, Chevron, Grupo Carso y Grupo Bal). Algunas de estas empresas tienen operaciones en México desde hace años y han sido señaladas por prácticas de corrupción, vínculos con el crimen organizado y control territorial estratégico”, destaca PODER.
Las empresas en México
La investigación de PODER revela que la compañía Chevron, ocho años antes de que se modificara el marco legal y se permitiera la entrada de privados al mercado, está empresa de origen estadounidense ya contaba con una unidad de exploración y producción operando en el país.
Además, agregó: “Chevron ha reconocido que participó en el proceso de cabildeo para la apertura del sector energético a capitales privados”.
Aunado a lo anterior detalla que Shell, fue demandada por Pemex y señalada por comprar petróleo robado de tomas clandestinas en la zona conocida como la Cuenca de Burgos.
“Grupo Carso y Grupo Bal, a través de su participación en consorcios de empresas extranjeras, fungen como punto de entrada de capitales extranjeros al mercado energético mexicano, y a partir de la reforma energética de 2013 han creado empresas especializadas para competir en el mercado.
“Pero, a pesar de estos antecedentes, el gobierno mexicano ha flexibilizado los requisitos contenidos en las bases de la segunda licitación de la Ronda 1, puesto que se redujeron en comparación con las exigencias de la primera licitación, desperdiciando una oportunidad histórica para crear e implementar mecanismos de rendición de cuentas empresarial”, demanda.
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viernes, 11 de septiembre de 2015

En México, abusos y violaciones en contra de quienes protestan; “gobierno responde con pulsiones autoritarias”

 
Por:  / 11 septiembre, 2015
Represión
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(11 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En los últimos años la intención del gobierno por erradicar la protesta social se ha visto de manera más evidente a través de acciones como el propósito de establecer leyes que inhiban esta clase de actos o simplemente la utilización de la represión a través de la fuerza para desarticular esta clase de expresiones.
Sobre el tema, este miércoles el Frente por la Libertad de Expresión y la protesta Social, conformado por 11 organizaciones de la sociedad civil, presentó el informe “Control del Espacio Público 3.0”, en el cual da cuenta de cómo en el último año -desde abril de 2014-  se ha presentado una tendencia para impedir y reprimir cualquier intento de protesta social.
En este sentido, el informe detalla que esta tendencia a detener las protestas sociales se ha manifestado, entre otras cosas, por la intención de diversos gobernantes de impulsar marcos normativos para “controlar a la sociedad”.
Establece que lejos de brindar una solución a la problemáticas que son denunciadas con la protesta social, el Estado busca imponer un mecanismo de represión.
“La evidencia muestra una tendencia preocupante hacia el impedimento y represión de la protesta social. Dicha tendencia se manifiesta principalmente por un marcado rechazo a las expresiones sociales de denuncia y exigencia, por el impulso de disposiciones normativas que expresamente buscan regularlas, por la imposición de medidas de restricción y sanción al ejercicio ciudadano de derechos, así como por la criminalización de quienes participan en ellas. Lo anterior puede constatarse a partir de la ocurrencia de diversas violaciones de derechos humanos en contextos de manifestación y protesta social”, sentencia el documento.
De igual forma, señala que el Estado, ante la protesta social como una forma de evidenciar los agravios, busca controlar esta clase de expresiones críticas, pues son vistas como amenazas por parte de los que ostentan el poder.
“La protesta pública es la manifestación más visible de una situación que no ha sido atendida o resuelta eficazmente (…) La realidad se hace presente en las calles y plazas públicas: impunidad, corrupción, violencia, despojos de bienes comunes, tortura, desaparición forzada, por mencionar algunos temas (…) El gobierno federal mantiene una posición reacia que niega de forma reiterada la gravedad de las circunstancias por las que atraviesa el país, y que lejos de ver en estas y otras condiciones una prioridad para la agenda nacional, concentra su acción para el control, la regulación y la represión de cualquier expresión crítica y de descontento social”, expone el informe.
Al respecto, añade que el panorama de represión en contra de la protesta social no ha mejorado desde diciembre de 2012; asegura que esta clase de expresiones sigue padeciendo un contexto de acciones violentas para inhibirlas.
“El panorama de este último año no es diferente al descrito en abril de 2014, para el que recabamos información de diciembre de 2012 a marzo de 2014. Las protestas a través de las cuales la ciudadanía ejerce los derechos a la libertad de expresión, reunión, petición, participación, entre otros, continúan siendo afectadas con incidentes violentos, por ejemplo, las del 8 y 20 de noviembre de 2014 en el DF. Si bien hubo casos aislados de violencia por parte de manifestantes, se documentó la existencia de detenciones arbitrarias, procesamientos injustos, falseamiento de pruebas, uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades e incluso casos de tortura”.
El informe documenta 17 episodios de represión y criminalización durante el periodo de abril 2014 a mayo 2015. En éstas enmarca como caso paradigmático la represión en Puebla del 9 de julio de 2014, hechos en los cuales el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo perdiera la vida tras ser impactado por una bala de goma, disparada por los cuerpos de seguridad de aquella entidad.
En este conteo de casos, la Ciudad de México resalta como una de las demarcaciones en donde se produjeron una mayor cantidad de hechos represivos y de criminalización de la protesta; Guerrero y Puebla también figuran en este rubro.
Tras analizar esta clase de actos, el informe establece que nuestro país está inmerso en una dinámica de retroceso en cuestión a las libertades y el derecho a la protesta, pues ante la manifestación, la respuesta del gobierno son abusos y violaciones.
“En resumen, prevalece un contexto de retroceso para el ejercicio de libertades y derechos clave para la vida democrática. Aun cuando las manifestaciones y la protesta social siguen siendo la principal vía ciudadana para atraer la atención pública y urgir a la solución de conflictos graves —como la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero—, persiste la comisión de abusos y violaciones por parte de las autoridades de seguridad, tanto del ámbito estatal como federal. Las demandas, lejos de ser atendidas, son respondidas con pulsiones autoritarias de los tres niveles de gobierno, lo cual termina por inhibir, regular y criminalizar estas expresiones”, señala.
Iniciativas para inhibir la protesta social
El informe del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social detalla cada una de las iniciativas que se han presentado tanto a nivel federal, como en los congresos locales con las cuales se busca inhibir la protesta social.
A niveles locales destaca que en cinco estados de la república se han presentado iniciativas que “que atentan contra la libertad de expresión y de reunión. En este sentido, las organizaciones del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social expresan su preocupación “no sólo por la gravedad del contenido sino por la cantidad que han sido presentadas en los Congresos locales; únicamente en el estado de Oaxaca se han registrado cuatro iniciativas que buscan restringir la protesta social”.
En tal sentido, San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz y Oaxaca son las entidades señaladas por llevar a sus congresos iniciativas de ley para inhibir la protesta, aunque en ninguna se ha aprobado. No obstante destaca el caso del Distrito Federal, Puebla, Quintana Roo y Chiapas donde ya existen reglamentaciones que inhiben el desarrollo de la protesta social.
En el caso de la Ciudad de México, esta ley- la ley de movilidad- llama la atención en el sentido que establece que aquellos que tengan la intención de protestar deben avisar con 48 horas de anticipación.
“Desde el 1 de diciembre de 2012 y hasta por lo menos el 18 de marzo de 2015, hemos observado un proceso sistemático de violaciones al derecho a la protesta social, a la libertad de expresión y a la seguridad e integridad de las personas que se manifiestan. La lista de agravios es larga y pueden constituir la configuración de un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas en México”, sentencia el informe.
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martes, 8 de septiembre de 2015

CNDH emite recomendación a fiscal de Veracruz por violaciones a DD.HH en la búsqueda de joven de 14 años

 
Por:  / 7 septiembre, 2015
Desaparición
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(07 de septiembre, 2015).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Fiscal General del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras por violaciones a los derechos humanos en materia de procuración de justicia y atención a víctimas del delito en el caso de un adolescente de 14 años desparecido desde el 29 de julio de 2013.
Luego de realizadas las diligencias correspondientes, la CNDH encontró diversas irregularidades en la investigación ministerial, entre ellas, lapsos significativos de hasta más de un año para que la Agente del Ministerio Público Investigador en Coatzacoalcos, solicitara información a fin de localizar al joven desaparecido, violando el principio de debida diligencia.
La tardanza de la agente resultó fundamental en la pérdida de información que pudiera ser clave en la localización del joven y los responsables del crimen, apuntó la CNDH, transgrediendo preceptos constitucionales, leyes y tratados internacionales en materia de procuración de justicia.
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lunes, 7 de septiembre de 2015

Gobierno de EPN busca que violaciones a DD.HH queden en la impunidad; pide limitar acceso a la información

 
Por:  / 7 septiembre, 2015
Ley de transparencia deja de lado declaraciones patrimoniales de funcionarios- IFAI
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(07 de Septiembre, 2015).- El gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto busca limitar en la nueva Ley Federal de Transparencia el acceso a temas polémicos como las violaciones a los Derechos Humanos, por lo que pidió a los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que exijan a la oposición a cumplir la discusión de dejar dichos asuntos fuera de la nueva reglamentación.
El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, pidió a los senadores priistas que se deje a un lado el tema de la gravedad de las violaciones a los Derechos Humanos.
De acuerdo con el representante del gobierno federal, se le debe exigir “responsabilidad política” al PAN y PRD, pues los temas que abordaron están fuera de la discusión inicial.
“Resulta que en las iniciativas que están presentadas, todas las discusiones que tuvimos, que les demostramos que eran inconstitucionalidades, que les demostramos que no tenían un sentido práctico, como es el caso de violaciones de derechos humanos -establecer a nivel legal a quién le corresponde ‘prima facie’ el estudio-, les dijimos que es un asunto que está en la Corte pendiente de resolverse, hubo un consenso para esperar que resuelva la Corte” dijo el representante del gobierno federal.
Según Castillejos, habían convencido a la oposición de dejar a un lado dichos temas y los volvieron a retomar, por lo que instó a omitir la creación de comités de información en las instituciones relacionadas con la seguridad nacional.
“Habrá de nuevo quienes se opongan en la ley federal a que se reglamente el derecho de Consejero Jurídico de impugnar las resoluciones del INAI por seguridad nacional. Ya está en la ley general, pero hay que repetirlo en la ley federal” declaró el funcionario federal.
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jueves, 3 de septiembre de 2015

David Monreal presenta iniciativa para que el presidente sea juzgado por violaciones a DD.HH y cohecho

Por:  / 3 septiembre, 2015
Diputados se benefician con recursos de obras del Presupuesto de Egresos (CAMBIAR A CABEZA MÁS FUERTE)
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(3 de septiembre, 2015); David Monreal Ávila, senador por el Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para que se reforme la constitución en sus artículos 69, 108 y 110 con la finalidad de que el presidente de la República acuda anualmente ante el Congreso de la Unión a debatir con los legisladores y rendir un informe del estado que guarda la administración pública.
La propuesta, busca retomar el marco legal anterior, cuando cada 1 de septiembre el Ejecutivo federal en turno presentaba su informe ante el pleno de los congresistas.
Cabe destacar que, luego de los conflictos post electorales que se presentaron en 2006, el congreso decidió modificar el marco legal por lo que desde 2007 el informe se envía al Congreso por escrito y a partir de ahí se realiza una glosa con la comparecencia de los secretarios de gobierno.
En su propuesta, Monreal plantea que al inicio del periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, el mandatario haga uso de la palabra, escuche  y responda las preguntas que hagan los integrantes de cada grupo legislativo e independientes
Propone además que durante su encargo, el presidente de la República no sólo pueda ser juzgado por traición a la patria y delitos graves, sino también por violaciones a derechos humanos y cohecho.
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