Ocho empresas transnacionales acusadas de daños ambientales y corrupción podrían ganar contratos en ronda uno

Por: Redacción Revolución / 5 julio, 2015

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(05 de julio, 2015).- Hasta mayo pasado, las primeras dos fases de la Ronda Uno para adjudicación de contratos de producción compartida de hidrocarburos en aguas someras mexicanas, contaba con 42 procesos de precalificación que involucraron a 35 firmas, de los cuales 34 son para exploración y posterior explotación de 14 campos y los ocho restantes para desarrollo de ocho campos, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

En ese momento, especialistas aseguraron que la participación en esa ronda no fue tan buena, derivado de la caída de los precios petroleros, para aguas someras y campos maduros, sin embargo, existía una expectativa “razonable”, aunque el verdadero éxito de la ronda se mediría en la entrega de propuestas y el interés en la convocatoria en aguas profundas.

Hasta la semana pasada, diversos medios de comunicación hablaban que la apertura del sector petrolero en México, podría verse afectada porque las cláusulas redactadas por la Secretaría de Energía, escritas en cada uno de los primeros 14 contratos de producción compartida de la primera fase de la Ronda Uno, que deben adjudicarse el 15 de julio, a muchas empresas no les convencieron.

Dichas cláusulas incluyen la posibilidad de revocación de un contrato cuando la negligencia provoque muertes y una pérdida en la producción o cuando las empresas proporcionen información falsa al Gobierno.

Dentro de las empresas que hasta ese momento estaban precalificadas para la licitación inicial, ya sea por cuenta propia o en consorcio, eran Exxon Mobil, Ecopetrol, Chevron, Lukoil y Pacific Rubiales.

Estas empresas transnacionales precalificadas han incurrido en daños ambientales, sobornos y otros actos de corrupción en diversos países en que se han establecido, lo que viola incluso, las bases de licitación abiertas por el gobierno mexicano. Pero aún así, fueron aceptadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y podrán estar entre las petroleras ganadoras de la primera convocatoria, dentro de la ronda uno.

Según la senadora Dolores Padierna, los casos más graves son los de Shell, Chevron y ExxonMobil. La primera es dueña de 50 % de acciones de la refinería mexicana Deer Park, en Texas, y la propia Auditoría Superior de la Federación ha documentado que robó gas shale en Tamaulipas, lo llevó a Estados Unidos donde lo refinó y, luego, como gasolina lo vendió a México a precio de los mercados internacionales.

En 2007, personal de BG Group Mexico, propiedad de Shell, fue encontrada culpable de los delitos de soborno y colusión en una enorme entrega de gas natural licuado en Italia. Un ejemplo más, es Chevrón, una de las petroleras “más perniciosas, pues ha provocado daños al medio ambiente en todos los países en que ha actuado. Uno de los casos más conocidos es el de Ecuador, donde destruyó parte de la zona de la Amazonia”. Incluso, pese a sentencias de tribunales internacionales, no ha querido pagar el daño ambiental.

Otras de las compañías que se investigan son ENI International, que opera campos en Nigeria desde 2011, y que se negó a pagar por los derrames petroleros que provocó, además el gobierno nigeriano comprobó que pagó sobornos millonarios por una concesión.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional reportó que Shell y ENI International provocaron 553 derrames petroleros en 2014 en Nigeria y 5 millones de litros de hidrocarburos que fueron a devastar esa región.

Padierna declara, “por lo que respecta a Exxon Mobil, también precalificada con rumbo a un contrato, no sólo es reconocida por provocar daños ambientales, sino también por su poder para desestabilizar gobiernos”, además explicó que “ha hecho juegos de poder para quedarse con contratos petroleros, se ha sobrepuesto a los poderes nacionales y ha sido señalada por financiar la dictadura en Indonesia y apoyar la guerra civil en Angola”.

Agregó que es fundamental que las autoridades energéticas expliquen por qué se consideró que esas petroleras extranjeras reúnen los requisitos, “si en las propias bases de licitación se establece que además de experiencia técnica, financiera y de ejecución, deben acreditar experiencia en protección del medio ambiente durante los últimos cinco años”.

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