“Tengo miedo que me hagan algo los militares”: madre de menor asesinada por soldados en Tlatlaya

Por: Cecilia Balderas / 3 julio, 2015

(03 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Clara Gómez González es el nombre de la hasta hoy testigo anónima identificada como Julia, quien provocó el colapso de los dichos de dependencias oficiales -tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, en el caso Tlatlaya- y quien aportó elementos para que se iniciara la investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales a manos de militares el 30 de junio de 2014.

Por primera vez, Clara -de tez blanca, cabello castaño y estatura promedio- apareció ante las decenas de cámaras que apuntaron sus lentes para conseguir la imagen de la madre de Érika Gómez, la niña de 15 edad, asesinada por elementos del Ejército mexicano en la bodega de la comunidad de El Limón, donde se encontraba en contra de su voluntad.

Existe la presunción de que el cuerpo de Érika fue manipulado, y aunque se le encontró un impacto de arma de fuego que corresponde a las mismas características de una con la que ya se aceptó que fue acribillado Jorge González, las autoridades se empeñan en sostener que la niña murió en el “enfrentamiento” con los uniformados.

“Es la primera y última vez que salgo ante los medios”, advirtió nerviosa Clara, al comenzar su intervención.

Denunció que el gobierno federal, encabezado por Peña Nieto, puso en riesgo su vida y su integridad física, al declarar, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se le indemnizó con millones de pesos, como parte del resarcimiento de daños tras la ejecución extrajudicial de su hija; añadió que teme por su seguridad, pues dichas declaraciones la hacen susceptible, a ella y al resto de su familia, de ser secuestrados y resaltó que no ha recibido un solo peso del Estado mexicano.

Recalcó que es infundado el dicho del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam –ahora flamante titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)- quien afirmó que Julia, había incurrido en inconsistencias en sus declaraciones y añadió que “yo siempre les he dicho la verdad, declaré en el estado de México, también en la SEIDO, estuve en la PGR más de seis horas, han dicho que he tenido contradicciones y no es cierto”.

“Tengo mucho miedo, me siento nerviosa, es la primera vez que salgo a los medios, tengo mucho miedo por lo que ha dicho el gobierno federal, que tengo millones de pesos; mucha gente de mi pueblo ya lo sabe, tengo miedo de que me vayan a secuestrar o a matar por lo que se ha difundido y que es falso”, subrayó Clara, visiblemente nerviosa y con voz temblorosa.

Añadió que tras los hechos en Tlatlaya, hace ya un año, su vida dejó de ser la misma porque se ha visto en la necesidad de incorporar a su rutina diaria, la presencia de escoltas que la acompañan a todos lados, si es que en algún momento puede salir de su casa.

“Trabajo en la Conafe, soy maestra rural, gano poco dinero porque mi sueldo es muy bajo y con eso, con lo que me pagan, tengo que sobrevivir. Lo único que quiero es que se haga justicia porque ejecutaron a mi hija, una menor de edad. No tienen perdón de Dios. Quiero que se castigue a los responsables. Que esto no quede impune, como siempre, porque tenemos miedo de hablar, de decir las cosas, miedo de que nos hagan algo los militares, porque siempre han cometido errores. No es la primera vez que se comenten, siempre lo han hecho, injustamente. Quiero que me dejen en paz, quiero vivir tranquila con mi familia”, añadió Clara, minutos antes de retirarse del presídium y de la sala, no sin antes responsabilizar al Estado Mexicano por su seguridad y por la de su familia, por motivos de salud.

Búsqueda de justicia, proceso de revictimización

El Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., representante legal de Clara Gómez González, negó categóricamente que su defendida haya recibido algún tipo de reparación del daño, a pesar de que la Comisión Ejecutiva ha declarado que existe un fondo de más de 50 millones de pesos para tal concepto.

“A consecuencia de los integrantes de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se ha generado una sobre exposición al riesgo, no obstante de que, con su valor de ser víctima y testigo declaró, y que su declaración es base fundamental de la investigación contra los militares, y que eso ya significaba un riesgo, la Comisión que debería de velar por los derechos de las víctimas, ha incumplido y violado sus propios derechos, poniéndola en riesgo”, declaró Mario Patrón, director del Centro Prodh.

Araceli Espinoza, encargada del área de defensa del centro añadió que los funcionarios federales “indebidamente dieron detalles sobre los montos, lo que pone en riesgo a todas las familias de las víctimas, a Clara y a su familia, haciéndolos blancos de extorsiones y secuestro, en una zona como Tierra Caliente, en donde el Estado ni siquiera es capaz de garantizar la vida de las personas”.

Añadió que las familias han sido revictimizadas desde las declaraciones de funcionarios como el gobernador del Edomex, el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Káram, quien un día después de que Julia rindió su declaración, señaló que había variaciones en la misma, lo que señalan como falso.

A través del informe titulado “Tlatlaya, a un año: la orden fue abatir”, el Centro Prodh sostiene que el caso de Julia da cuenta de un continuo proceso de revictimización, donde le ha sido negado el respeto a su dignidad, pues fue expuesta a vivir eventos traumáticos y violentos.

“Fue detenida de manera ilegal y arbitrariamente durante seis días y coaccionada para firmar documentos cuyo contenido desconocía”, se lee en el documento.

Se agrega que “Julia ha tenido que seguir un camino de defensa de sus derechos humanos como víctima, pues estos no han sido respetados. Pese a que el carácter de víctima de Julia está plenamente acreditado” por múltiples instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 51/2014, emitida el 24 de octubre, en la que ordenó al Estado mexicano, implementar medidas cautelares a su favor.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ordenó al Estado mexicano implementar dicha medidas cautelares, el 10 de octubre y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a través del acuerdo CEAV/PLENO/2014/059/06, aprobado el 18 de noviembre de 2014, determinó otorgar la calidad de víctima a Julia y su familia.

“En cuanto a la jurisdicción militar, fue a través de los medios de comunicación que Julia tuvo conocimiento de que el Juzgado 6° Militar adscrito a la I Región Militar actualmente instruye por los hechos referidos en la causa penal 338/2014, sin embargo, el juez no le notificó aJulia, o a cualquier otra víctima de los hechos, el inicio del juicio, lo que impidió el ejercicio de sus derechos”, señala el informe en el que se subraya que “para la justicia militar, Julia no es víctima”.

Algunas de las medidas de protección dictadas por la CIDH han sido cumplidas parcialmente por el Estado mexicano, pero otras permanecen en incumplimiento total, como las relativas a su familia directa, quienes continúan enfrentando riesgos.

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