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Por: Cecilia Balderas / 6 octubre, 2015
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(06 de octubre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Gloria Gracida, una de las voceras de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social del movimiento de trabajadores jornaleros de San Quintín, informó que ya se tienen identificados a tres de los elementos de la Policía Municipal de la localidad que participaron, junto policías ministeriales y del Ejército mexicano, en la agresión a Miguel Martínez, miembro de la organización a quien golpearon y mantuvieron retenido por varias horas mientras irrumpían de manera arbitraria en su domicilio para buscar las armas y droga que según ellos distribuía, sin encontrar absolutamente nada.
Sin embargo, hasta el momento los uniformados no han sido retirados de sus cargos a pesar de la denuncia interpuesta en su contra y el director de la policía municipal se ha limitado a comprometerse a “cambiarlos de zona”, mientras se realizan las indagatorias de ley.
Gracida señaló que en la reunión que sostuvieron el pasado 23 de septiembre –horas después de que se registrara la agresión en contra de Martínez- con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Miranda y otros funcionarios, le entregaron copia de la denuncia interpuesta y le hicieron saber su intención de reunirse con autoridades municipales y estatales de Baja California para tratar el tema.
La reunión se realizó el pasado martes. En la misma coincidieron los representantes del gobierno municipal, del estado, de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, del DIF de Baja California, de la policía municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A todos les dieron copia de la denuncia y Miguel Martínez narró la agresión de que fue víctima.
“Fuimos muy enérgicos al señalar que no vamos a permitir este tipo de situaciones hacia ningún vocero de la alianza, hacia sus familiares o hacia cualquier persona de la comunidad de San Quintín. Este acto lo consideramos una represalia. Le vamos a dar seguimiento al tema y no vamos a permitir que nos digan: ‘lo cambiamos de lugar y ya, se acabó el problema’, vamos a exigir cuentas y estaremos al pendiente de cuáles van a ser los resultados de las investigaciones”, declaró la vocera a Revolución TRESPUNTOCERO.
Desafortunadamente, la agresión a Martínez no es la primera que se registra en contra de los integrantes del movimiento de jornaleros de San Quintín; hay antecedentes de por lo menos otros dos casos en contra de los voceros, por lo que ya habían expuesto ante las autoridades, la necesidad de que el Estado mexicano garantice su seguridad y en general, la de los trabajadores agrícolas a través de medidas precautorias, sin que hasta el momento se haya llegado a algún acuerdo.
“La agresión fue claramente una represalia en contra del compañero. Queremos tener confianza de que las autoridades van a cumplir su parte. Esperamos que no se vuelva a repetir un hecho como este pero si se da, tomaremos otras medidas”, advirtió Gracida.
Acuerdos laborales
La impulsora del boicot comercial a los productos de las empresas Los Pinos y Driscoll en supermercados de la unión americana informó que los representantes del movimiento mantienen su exigencia de que los acuerdos laborales que se signaron entre autoridades estatales, de la federación, los empresarios y los trabajadores sean respetados, pues hasta la fecha no ha sido así.
“Se sigue trabajando en la categorización de las empresas; el subsecretario dijo que no era un asunto que pudiera resolverse de la noche a la mañana y queremos creer que así es, pero seguimos trabajando en eso”, subrayó.
Gracida explicó que la Alianza ha cedido, para mostrar su buena fe de llegar a acuerdos, en varios planteamientos y exigencias planteadas al principio de la huelga; sin embargo, no lo harán respecto al salario mínimo que deben recibir los trabajadores migrantes: $165.
Sin embargo, el movimiento de jornaleros de San Quintín considera que la propuesta de que $150 por jornada sea el salario mínimo les parece muy baja, por lo que negocian que sólo se reconozcan dos tarifas: la de 165 y 180. Las autoridades ya les entregaron una lista de la categorización que tienen hasta el momento y la Alianza entregó otra. El paso siguiente es fusiona ambas, considerando las características de cada una de las empresas.
“Aun pisoteando nuestro derecho constitucional de que a un mismo trabajo corresponde un salario igual, aceptamos la categorización y la respetamos, pero exigimos que ellos respeten los acuerdos y se avance lo más rápido posible en la aplicación de los salarios”, subrayó la vocera.
Por si fuera poco, extorsiones
La representante de la Alianza de Organizaciones denunció que en las últimas semanas han documentado varios testimonios que responsabilizan a policías municipales de Ensenada, de extorsionar a los jornaleros que habitan o transitan por la zona.
El modus operandi es sencillo: los sábados -día de cobro de los trabajadores agrícolas- los jornaleros son “acechados” y cuando los uniformados los ven bajar de los camiones, se acercan a ellos y bajo el argumento de que “son la autoridad y se hace lo que ellos dicen”, los despojan de sus pocos recursos a plena luz del día. Este “fenómeno” ha sido más frecuente en la zona de Maneadero, una comunidad cercana a la ciudad de Ensenada.
“Ya hicimos las denuncias correspondientes. Las autoridades se comprometieron a revisar las cámaras de seguridad que hay en los diferentes puntos de la ciudad donde suceden estas anomalías para fincar responsabilidades”, sostuvo Gracida.
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