México es un cóctel de problemáticas mortales cruentas; desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales: FEDEFAM

Por:  / 3 febrero, 2016
DESAPARICIONES EN MÉXICO, UNA CADA 30 MIN
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(03 de febrero, 2016.Revolución TRESPUNTOCERO).- ”El terror y la violencia del gobierno de Calderón continúan con Peña Nieto; hay un recrudecimiento de la violencia y de la represión”, sentenció el año pasado el periodista Federico Mastrogiovanni, con referencia a las desapariciones forzadas en México.
A partir de 2011 los casos de desaparición forzada comenzaron a visualizarse con mayor frecuencia y las denuncias cada vez fueron creciendo en número, aunque no por esto fueron incluidas en cifras oficiales. Aunque este delito ya se presentaba desde años anteriores, pareciera ser que fue un año determinante, porque la principal característica fueron los hechos donde agentes de seguridad eran señalados como los perpetradores directos de las ausencias forzadas.
Uno de los casos emblemáticos que Human Right Watch (HRW) ha retomado para el estudio de las desapariciones forzadas -al cual ha tenido acceso Revolución TRESPUNTOCERO- es el de José Fortino Martínez Martínez, de 33 años, quien administraba una cooperativa escolar en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 5 de junio de 2011, aproximadamente a la una de la madrugada, mientras dormía en su casa con su esposa y cuatro hijos, de 16, 12, 7 y 3 años, fueron despertados al sentir que abrían la puerta de su casa con violencia.
La esposa de Martínez, Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez, dijo a HRW que cuando encendió la luz vio a siete u ocho hombres encapuchados en la habitación. Los hombres llevaban armas largas y vestían chalecos antibalas con la inscripción “Marina”. Luego de revisar todas las habitaciones, uno de los hombres se acercó a otro que parecía ser un comandante y le dijo “es pura familia”. El hombre se disculpó por haber roto la puerta. Le entregó 200 pesos para cubrir los daños provocados y le dijo “es que nos denunciaron que aquí había algo y por eso entramos así”. Pero no se supo quién había hecho la denuncia.
Después de hacerle algunas preguntas a José afuera de su casa se volvieron a disculpar y le permitieron entrar a su casa, pero después de algunos minutos lo hicieron volver a salir, le dijeron que tenían que corroborar sus huellas dactilares. Según su esposa en el lugar habían 14 vehículos con insignias de la Marina, varias de ellas con armas posicionadas en la parte trasera, además de cuatro automóviles sin insignias. Media hora después, el convoy se alejó. Varios vecinos testificaron que marinos subieron a José al asiento trasero de uno de los automóviles y se fueron.
La esposa de José condujo por las calles de Nuevo Laredo hasta encontrarse con el convoy en una autopista cerca del aeropuerto, dijo que siguió a los vehículos manteniendo distancia y pudo ver que continuaban efectuando detenciones en otras viviendas. En una parada que hicieron, también la señora se detuvo y preguntó a un hombre armado y encapuchado que vestía un chaleco que decía “Marina”, por qué habían detenido a su esposo y adónde lo llevaban. El hombre respondió que no habían detenido a nadie.
Ella declaró a HRW que vio a cuatro hombres esposados en la parte trasera de una de las camionetas. A uno le habían colocado una bolsa en la cabeza, otro estaba vendado y los otros dos tenían la camiseta por sobre sus cabezas. Cuando miró a los detenidos, el hombre con quien hablaba le advirtió que dejara de seguir al convoy. De lo contrario, dispararían contra su vehículo. Le dijo además que habían sido autorizados para disparar a su arbitrio, incluso a mujeres y niños.
Pese a las amenazas, continuó siguiendo al convoy hasta que llegó al Motel Santa Mónica, en el centro de Nuevo Laredo. Amigos y familiares de personas que habían sido llevadas por la fuerza, se congregaron afuera del motel, junto con miembros de la prensa local, Human Rights Watch pudo identificar insignias de la Marina y los números de unidades correspondientes de cinco de las camionetas, además de la matrícula de varios vehículos no oficiales.
Human Rights Watch entrevistó por separado a la madre de Martín Rico García, de 41 años, quien contó que su hijo había sido detenido arbitrariamente en la mañana del 5 de junio de 2011 por personas que vestían uniformes de la Marina, también en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La madre de Rico García confirmó que la calle donde la esposa de José Martínez había visto que miembros de la Marina efectuaban otra detención esa mañana era la calle donde ella vivía, lo cual refuerza la credibilidad de ambos relatos.
Con respecto a aquella noche-madrugada, la Secretaría de Marina (SEMAR) ofreció versiones contradictorias acerca de si había mantenido algún tipo de contacto con José Martínez Rico García y al menos otros cuatro hombres que fueron detenidos arbitrariamente el 4 y el 5 de junio de 2011. La institución negó categóricamente que personal naval haya participado en dichos aseguramientos, pero dos semanas después se contradijo, y declaró que información de inteligencia apuntaba que en varios domicilios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encontraban elementos de la delincuencia organizada y al reconocer dichos lugares el 5 de junio, se reconoció que se tuvo contacto con seis de las personas presuntamente detenidas, de nombres José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez y Usiel Gómez Rivera, pero volvieron a negar que se les haya detenido. Pero desde esa noche, se desconoce el paradero de los seis hombres.
“Aquellas desapariciones guardan notables similitudes con otras que se produjeron en los estados vecinos de Nuevo León y Coahuila ese mismo mes y el modus operandi se ha repetido hasta la fecha en distintos puntos de la República. Elementos de seguridad -bajo la ‘excusa’ que son delincuentes y sin orden de aprehensión- los detienen, los familiares los buscan y entonces se niegan los hechos.
“Cuando existen pruebas, como fotografías o videos donde se muestran los hechos, niegan que se tratara de elementos, y se saca la burda explicación que eran ‘delincuentes disfrazados’ de elementos, o que los detenidos fueron puestos en libertad y los carteles para los que trabajaban los desaparecieron en represalia, esa última excusa la usó Marina en aquella ocasión”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO Diana Ochoa, activista perteneciente a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM).
De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cada 30 minutos desaparece una persona en México, las entidades donde hay más incidencia de personas desaparecidas son Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Estado de México y existe un registro de 25 mil 821 personas no localizadas, extraviadas o desaparecidas en México, sin embargo organismos no gubernamentales exhiben números de hasta poco más de 30 mil casos.
Las cifras, ya calificadas desde hace poco más de tres años como alarmantes, continúan surgiendo. La Organización de las Naciones Unidas informó que del total de personas desaparecidas de 2006 a 2014 en el país hay más de 6 mil niños, niñas y adolescentes, es decir, 30 % del total.
“México tiene una crisis de desaparición forzada, como la tiene de tortura y como la tiene de ejecuciones extrajudiciales, tenemos un cóctel de problemáticas mortales cruentas, donde el cinismo del gobierno federal no tiene límites. Organismos nacionales e internacionales han demostrado las tétricas estrategias de control social de las Fuerzas Armadas, pero Presidencia sigue alabando sus ‘virtudes’ asesinas.
En febrero pasado oficialmente se habló de 22 mil desapariciones forzadas, de las cuales tan sólo 194 casos tenían relación con autoridades. Cuando las familias denuncian y cuentan cómo sucedieron los hechos, siempre existe un elemento o varios de Marina, Ejército o Policías inmiscuido, entonces cuando esto sucede se comienzan a dar las deficiencias, siempre las hay, pero en este tipo de actos son más frecuentes porque están protegiendo a los que de antemano se sabe desaparecen. Las pruebas siempre han sido evidentes, caso contrario al gobierno que jamás ha demostrado la inocencia de sus elementos encargados de a seguridad del país”, explica Ochoa.
La activista retoma la idea de Amnistía Internacional y afirma que “el Estado promueve un trato de indolencia ante las desapariciones forzadas. Sea cual sea la manera en que se llevó a cabo el hecho, las autoridades son incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales que estén encaminadas a encontrar la verdad y garantizar justicia.
“Por el contrario siempre protegerán a los culpables, cuando se trate de dependencias del Estado, porque son cómplices, juez y parte de una de las peores formas de control, características de las dictaduras criminales. Por eso no existe posibilidad de implementación de políticas públicas que intenten terminar con el problema, puesto que es una estrategia de la derecha en el poder”.
Amnistía Internacional explica que el fenómeno de las desapariciones de personas, incluyendo la desaparición forzada, continúa siendo de especial preocupación en México. a la fecha, no se han logrado cambios estructurales significativos que permitan asegurar el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño por estos casos, así como a poner fin a este fenómeno y asegurar su no repetición. Así, 46.5% de los casos reportados han ocurrido bajo la actual administración presidencial, 3 mil 425 sólo en 2015.
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